Art. [preambulo]

En vigor desde 21 jun 2017

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 8/2017, de 15 de junio, de la Comunidad Catalana en el Exterior. PREÁMBULO I Cataluña ha sido tierra de movimientos migratorios permanentes. En los últimos veinte años, se ha convertido principalmente en tierra de acogida tras haber recibido una fuerte ola inmigratoria. Fruto del actual contexto económico, no obstante, se ha constatado un fuerte y significativo aumento de la salida de conciudadanos al exterior, lo que ha supuesto un progresivo equilibrio entre las tendencias migratorias del país. Los ciudadanos de Cataluña residentes en el exterior cuentan con un marco legislativo que les confiere la condición de sujetos de la acción de gobierno de la Generalidad de Cataluña. El reto institucional para con dicho colectivo es adaptar y facilitar las condiciones de acceso que deben permitir una relación fluida y accesible con sus instituciones, de acuerdo con las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, las instituciones de Cataluña han de velar por incluir a los catalanes residentes en el exterior en el desarrollo sectorial de las políticas públicas. Es voluntad del Gobierno de la Generalidad impulsar y potenciar las actuaciones que permitan a los catalanes en el exterior, de acuerdo con las posibilidades actuales, mantener un fuerte vínculo con su país de origen, que les posibilite, a su vez, la participación en el devenir colectivo y el acceso a la realidad, la cultura y la lengua catalanas. La diáspora catalana es un valor añadido de país. El concepto de Cataluña exterior engloba a los catalanes residentes en el exterior y las entidades en las cuales estos se organizan. En este sentido, se considera la posibilidad de potenciar y canalizar las actuaciones individuales y colectivas impulsadas desde el exterior que puedan beneficiar al país, bien de forma directa, bien mediante la proyección internacional de Cataluña en el mundo, dando por supuesto que la diáspora catalana tiene que tener un papel activo y proactivo en la construcción nacional del país. Asimismo, el Gobierno de la Generalidad ha de enfrentarse al reto de construir una política integral destinada a abordar el hecho emigratorio protagonizado por la ciudadanía de Cataluña. El éxito de las políticas transversales de acogida de la inmigración desarrolladas en las dos últimas décadas es el referente para diseñar y aplicar, de forma coordinada entre instituciones, agentes sociales y sociedad civil, las políticas públicas que permitan el acompañamiento y asesoramiento en la movilidad internacional de los catalanes, el mantenimiento de su vínculo con Cataluña durante su estancia en el exterior y su posterior regreso voluntario. Dicha voluntad de abordar el hecho emigratorio ha de tener en cuenta la regulación del regreso objeto de la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al regreso de los catalanes emigrados y sus descendientes, y de segunda modificación de la Ley 18/1996. II La emigración catalana, sin embargo, no es un fenómeno nuevo. A lo largo de los últimos siglos, los catalanes han protagonizado una constante marcha al exterior, superior a la llegada de nuevos ciudadanos a nuestro país. Esta emigración continuada a lo largo del tiempo ha supuesto la creación de comunidades catalanas que, con distintas denominaciones y en el transcurso de los años y hasta el presente, ha permitido que la presencia catalana en el mundo sea muy destacable y relevante en cuanto al número tanto de entidades como de personas. Desde las primeras entidades catalanas en el mundo, con un carácter básicamente mutual, como es el caso de la Sociedad de Beneficencia de Naturales y Descendientes de Cataluña en La Habana (1840) y el de la Asociación Catalana de Socorros Mutuos «Montepío de Montserrat» de Buenos Aires (1857), y las que nacieron como punto de encuentro de los catalanes que habían emigrado mayoritariamente por motivos económicos, el Casal de Catalunya de Buenos Aires (1886), hasta el día de hoy, la organización de la diáspora catalana ha sufrido los cambios y transformaciones razonables a consecuencia del paso del tiempo. Así, las comunidades catalanas en el exterior, durante décadas a lo largo del siglo xx, se configuraron como lugares de acogida y se convirtieron en fundamentales para el mantenimiento de la cultura y la lengua catalanas en el exterior. Los miembros de estas entidades llevaban a cabo una dinámica actividad cultural y una importante acción de mantenimiento de los vínculos con su tierra de origen. Hoy en día, y bajo el fenómeno de la globalización, los catalanes tienen presencia, por medio de las comunidades catalanas, en gran parte de los países de todo el mundo. Las tecnologías de la información y la comunicación y las posibilidades de transporte han transformado la naturaleza de la organización de los catalanes residentes en el exterior y han convertido estos puntos de encuentro en espacios de proyección exterior. III Aunque el artículo 6.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 ya reconocía la condición política de catalán en el exterior, ante la falta de regulación específica, en 1996 se promulgó la primera ley que regulaba concretamente las relaciones con estas entidades. La Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las comunidades catalanas del exterior, y el reglamento que la desarrolla se convirtieron en la primera norma que establecía y reconocía unos derechos y deberes en este ámbito. Así, el Gobierno de la Generalidad reconocía las comunidades catalanas en el exterior y establecía, además, mecanismos de relación y colaboración. Desde 1996, sin embargo, han entrado en vigor algunas normas que inciden claramente en los catalanes en el exterior y en las entidades que han creado. El Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, que reconoce por primera vez, en su artículo 13, la existencia de las comunidades catalanas en el exterior, y otra normativa sectorial o de carácter básico estatal hacen necesaria una revisión normativa de las relaciones entre las instituciones de Cataluña y las formas de organización de los catalanes residentes en el exterior. En este sentido, de acuerdo con la realidad actual han aparecido nuevas formas de organización de los catalanes en el exterior y algunos de los preceptos normativos que regulaban las relaciones en cuestión se han demostrado obsoletos o ineficientes. La presente ley establece un nuevo marco de relaciones con las comunidades catalanas, en el sentido más amplio del término, y sus miembros, en el ámbito colectivo y en el individual, de forma sistemática y articulada para que la asistencia y el apoyo de la Administración y el Gobierno de la Generalidad permitan un nivel de apoyo adecuado a las necesidades y realidades de esta presencia catalana en el mundo. Con la intervención que la Ley conlleva, ha de poder garantizarse que las comunidades catalanas en el exterior se conviertan en agentes destacados de la vida social y cultural en sus lugares de establecimiento, y que su acción pueda ser suficientemente reconocida en el interior del país y se neutralice el posible desconocimiento de la trayectoria, la presencia y la potencialidad de la diáspora catalana como agente activo en la proyección internacional de Cataluña y como colectivo comprometido con el país. IV La Ley de la comunidad catalana en el exterior consta de cuatro capítulos, veintidós artículos, seis disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El capítulo primero, de disposiciones generales, recoge el objeto de la Ley y los objetivos que se pretenden alcanzar en este ámbito. El capítulo segundo aborda las relaciones entre el Gobierno de la Generalidad y los catalanes residentes en el exterior, así como los mecanismos que las han de permitir y facilitar. En el mismo capítulo segundo, se recogen derechos de los que los catalanes residentes en el exterior son sujetos y que se suman al resto de derechos reconocidos por el vigente ordenamiento jurídico. También recoge las previsiones institucionales de abordaje integral del hecho migratorio y las incluye en el desarrollo sectorial de los organismos competentes en materias relacionadas con la salida, la estancia y el regreso de los catalanes residentes en el exterior. El capítulo tercero se refiere a las distintas formas de entidades, de acuerdo con la realidad actual, en las que se organizan los catalanes residentes en el exterior y que desarrollan, de acuerdo con sus objetivos estatutarios, una tarea de proyección internacional de Cataluña. El capítulo cuarto regula los mecanismos de relación entre las instituciones y las comunidades catalanas en el exterior, principalmente mediante la actualización del órgano de interlocución permanente entre el Gobierno de la Generalidad y la Cataluña exterior, así como las iniciativas de relación entre las comunidades catalanas en el exterior con el apoyo de la Generalidad. Las disposiciones adicionales establecen la habilitación anual de una partida presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados por la presente ley, la posibilidad de la organización del Congreso de la Cataluña Exterior, la asunción de la coordinación interdepartamental por parte del órgano del departamento competente en materia de acción exterior y la colaboración en materia de proyección exterior. La última disposición recoge una previsión adicional relativa a los planes de trabajo en el ámbito de las comunidades catalanas en el exterior. La disposición derogatoria deroga la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las comunidades catalanas del exterior, y, por último, las disposiciones finales contienen la habilitación legal para efectuar el desarrollo reglamentario de la Ley y su entrada en vigor.

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