Art. [preambulo]

En vigor desde 12 oct 2023

El Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas, ha previsto un régimen de subvenciones, de concurrencia competitiva, a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSG), con el objeto de compensar los costes de las actuaciones de prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades de los animales incluidas en programas o actuaciones sanitarios. Dichas ayudas se ajustaban a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, vigente en el momento de su aprobación. Recientemente, no obstante, ha entrado en vigor el nuevo Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este nuevo reglamento introduce un importante cambio en la regulación de las ayudas de Estado compatibles con el mercado interior en cuanto a las ayudas destinadas a compensar los costes de prevención, control y erradicación de enfermedades animales, al señalar, en su artículo 6.5.e), que no será necesario que dichas ayudas, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 26, tengan un efecto incentivador ni se considerará que lo tienen. Este cambio tiene gran importancia, ya que en el Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, se exigía que las ayudas a las ADSG por ejecución de programas sanitarios tuvieran efecto incentivador y, por tanto, las mismas debían solicitarse antes de iniciarse la ejecución de las actuaciones objeto de subvención. No obstante, la dificultad de realizar con antelación un correcto cálculo de las actuaciones a realizar daba lugar a problemas de inejecución y pérdidas de presupuesto. La modificación introducida al respecto por el Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, abre la puerta a la posibilidad de que las ayudas a las ADSG por ejecución de programas de erradicación, control y vigilancia de animales se soliciten después de ejecutar las actuaciones subvencionables; con lo que se gana mucha eficacia y eficiencia de las referidas ayudas. Por lo expuesto, se considera conveniente modificar en ese sentido el Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, para incluir la posibilidad de que las ayudas se puedan solicitar con posterioridad a la realización de las actuaciones subvencionables, sin perjuicio de su efecto directo. Asimismo, el Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, prevé que las ayudas a las ADSG se concederán en régimen de concurrencia competitiva. No obstante, los Reglamentos de ayudas de Estado no regulan el procedimiento de concesión, siendo como es un sistema derivado de Derecho interno. Por su parte, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que el procedimiento normal de concesión será el de concurrencia competitiva, pero permite otros procedimientos de concesión diferentes. En este mismo sentido, la normativa de subvenciones propia de las comunidades autónomas puede asimismo contemplar que sus subvenciones se puedan convocar en regímenes diferentes al de la concurrencia competitiva. Por todo ello, y teniendo en cuenta sus propias competencias de autoorganización, se considera oportuno modificar el Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, al objeto de contemplar la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer otro régimen de concesión para este tipo de ayudas, conforme a su propia normativa, cuando se financien con cargo a sus presupuestos en exclusiva. Finalmente, resulta oportuno efectuar puntuales modificaciones en el Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, y en el Real Decreto 82/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles, al objeto de introducir previsiones específicas en relación con el origen de los fondos y con la necesaria acreditación del requisito previsto en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Del mismo modo, se procede a realizar las modificaciones reglamentarias necesarias para ajustar diversas bases reguladoras (en diversas materias, como las frutas y hortalizas o las estructuras productivas), correspondientes a una serie de subvenciones competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la nueva redacción del artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de los artículos 22 bis y 23 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y para garantizar la publicidad del origen estatal de la financiación, contenido también presente en las modificaciones principales de esta norma. El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. En la elaboración de esta norma se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se justifica el proyecto en la necesidad de realizar modificaciones en los reales decretos citados debido a cambios normativos tanto europeos como nacionales y al objeto de mejorar la eficacia de las ayudas. Asimismo, se cumple con el principio de proporcionalidad, dado que se limita al mínimo imprescindible las modificaciones introducidas. Por su parte, el principio de seguridad jurídica queda garantizado al establecerse en una disposición general las nuevas previsiones en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. A su vez, en aplicación del principio de transparencia, se han sustanciado el trámite de audiencia e información pública, así como consultas a las comunidades autónomas y al sector. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que no se incluyen nuevas cargas administrativas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2023, DISPONGO:

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