Art. [preambulo]

Art. [preambulo]

En vigor desde 26 jun 2021
La evolución de la epidemia de COVID-19 y las coberturas de vacunación que se están alcanzando a lo largo del primer semestre de 2021 en España permiten plantear el inicio de una reducción progresiva de algunas de las medidas de control de la transmisión. Este proceso, culminará, en última instancia, cuando las coberturas de vacunación del total de la población y en cada uno de los grupos que la componen, se sitúe por encima del 70 % o al menos en los grupos diana para la vacunación y la situación epidemiológica se mantenga de forma estable, en todos los territorios, por debajo del nivel de alerta 1, en lo que se ha dado en llamar «Nueva Normalidad», en el documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19» del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, disponible en la página web del Ministerio de Sanidad. Una de las medidas que han tenido un mayor impacto en el control de la transmisión, permitiendo a su vez un cierto grado de interacción social, ha sido la obligatoriedad del uso de mascarillas que establece el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Debe atenderse, además de a la evolución de la epidemia de COVID-19 en los diferentes territorios del país, a las coberturas crecientes que se están alcanzando con el programa de vacunación, en particular de los grupos más vulnerables: a 23 de junio de 2021, el 100 % y el 96,4 % de los mayores de 80 y 70 años respectivamente con pauta completa, y el 93,2 % y el 86,3 % de los mayores de 60 y 50 años respectivamente con una dosis; además, el 50 % de toda la población ya ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna. En este contexto, se puede plantear la pertinencia de rebajar la obligatoriedad del uso de mascarillas en determinados ambientes y escenarios al igual que están haciendo otros países con situaciones similares de nuestro entorno. Todos estos datos y en particular, la evidencia científica sobre el menor grado de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 en espacios al aire libre, hacen necesario, a juicio del Gobierno, establecer cambios en las medidas sanitarias de carácter no farmacológico que afectan al conjunto de la población, entre las que se encuentra el uso de mascarillas. Los cambios que introduce este real decreto-ley afectan, principalmente, a la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios al aire libre, Por ello mediante este real decreto-ley se procede a modificar el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para hacer efectiva la medida contemplada. Se mantiene, no obstante, la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre, cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes. También sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en los medios de transporte público, especificándose que esto incluye andenes y estaciones de viajeros y teleféricos. Sin embargo, deja de ser obligatorio el uso de mascarilla para los pasajeros de buques y embarcaciones, cuando se encuentren en los espacios exteriores de la nave y se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Se regula, además, el uso de mascarilla en los eventos multitudinarios al aire libre, de modo que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o si están sentados, cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes. Se atiende asimismo a las especiales circunstancias del ámbito penitenciario. En las instituciones penitenciarias, es necesario que la regulación del uso de la mascarilla se adapte a las particularidades de los centros penitenciarios y de su organización, así como a las necesidades de la población reclusa y de los empleados de estas instituciones. Por ello, las decisiones en esta materia se atribuyen a la autoridad penitenciaria competente. Por otra parte, el artículo 15.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, en relación a la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto, atribuye al Consejo Superior de Deportes, previa consulta al organizador de la competición, al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, las decisiones sobre aforo o las medias de prevención y protección de deportistas y público, en función de las circunstancias sanitarias. Este régimen particular, previsto por las especificidades de estas competiciones, que tienen lugar en todo el territorio nacional, deja de ser necesario una vez normalizada la situación y reanudadas las competiciones profesionales, con la incorporación progresiva del público a las mismas. Por ello, mediante este real decreto-ley se procede a derogar el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo. Junto a las mencionadas medidas, el artículo 6 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, establece restricciones de acceso a las terminales de los aeropuertos de forma indefinida. La evolución de la pandemia y el avance de la vacunación y protección de la población contra ella, aconsejan establecer un procedimiento para la adecuación de dichas restricciones a las necesidades de salud pública, en atención al nivel de protección alcanzado por la ciudadanía, y en orden a contribuir a la recuperación de la actividad económica y la paulatina vuelta a la normalidad, en particular de cara a la reactivación del turismo. Por ello, mediante el presente real decreto-ley, se modifica el artículo 6 del citado Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, adicionando un apartado 3 al mismo, con el fin de recoger la posibilidad de que, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Sanidad, se puedan modifican las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos de interés general, en atención a la evolución de la pandemia. Al igual que ocurrió con las medidas iniciales sobre uso de la mascarilla, que estableció el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estas medidas requieren adoptarse con celeridad, trasladando un mensaje claro e inmediato a la ciudadanía, que ha cumplido de manera ejemplar y responsable las diversas medidas que se han ido adoptando por las autoridades sanitarias desde el inicio de la pandemia. Es justo, por ello, que las normas que rigen en sus actividades y relaciones cotidianas sean proporcionadas y acordes con su finalidad y la evolución de los indicadores epidemiológicos. La citada necesidad de adoptar las medidas rápidamente no se podría ver satisfecha ni siquiera con una tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, de ahí la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley para adecuar a la situación epidemiológica en la que se encuentra el país las normas sobre uso de mascarillas. Urgente y extraordinaria necesidad sobre la que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones (STC 139/2016, de 21 de julio) manteniendo que «la adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere, por consiguiente, que la definición por los órganos políticos de una situación “de extraordinaria y urgente necesidad” sea “explícita y razonada”» y que, por tanto, «el presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional». La valoración de la situación actual, definida por los indicadores epidemiológicos, así como por el grado de vacunación alcanzado, justifica poner en marcha unas medidas como las contempladas por este real decreto-ley, que sin duda suponen un beneficio inmediato para la ciudadanía, a la vez que resultan proporcionadas a la situación epidemiológica que atraviesa el país, ajustándose por tanto, al «juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» realizar (STC 182/1997, de 30 de octubre). Asimismo, el presente real decreto-ley responde a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular a los de eficacia, eficiencia y proporcionalidad, al delimitarse en este texto normativo de forma clara los supuestos en los que es obligatorio el uso de mascarillas, así como sus excepciones y ajustarlo todo ello a los indicadores más recientes y favorables de la evolución de la pandemia. También se ajusta al principio de seguridad jurídica al dotar a la ciudadanía de una norma en la que se contempla la regulación del uso de mascarillas y al suprimir una regulación que había quedado superada en lo que se refiere a determinadas competiciones deportivas profesionales. En cuanto al principio de transparencia, esta norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Los títulos competenciales en virtud de los cuales se dicta el presente real decreto-ley son los previstos en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos y 149.1.20.ª, que atribuye al Estado la competencia en materia de aeropuertos de interés general y tránsito y transporte aéreo. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Sanidad, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2021, DISPONGO:
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