Art. [preambulo]

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En vigor desde 14 nov 2026
La promoción de la diversidad cultural y lingüística es uno de los objetivos principales de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. Así, en su exposición de motivos declara que los servicios de comunicación audiovisual «son una herramienta para transmitir valores, significados e identidades, así como para contribuir a preservar la diversidad cultural y lingüística en una sociedad». En particular, el capítulo III del título VI de la mencionada ley establece importantes novedades en el sistema de promoción de obra audiovisual europea que contiene las obligaciones que han de cumplir los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo para preservar y fomentar la diversidad cultural y lingüística garantizando unos niveles suficientes de inversión y distribución de las obras audiovisuales europeas. El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo de la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística contenida en el citado capítulo III del título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio. En cumplimiento de los mandatos de desarrollo reglamentario previstos en los artículos 114, 117 y 120 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, este real decreto tiene el objetivo de fomentar la obra audiovisual europea y la diversidad lingüística por medio del establecimiento y concreción de unas reglas claras y fiables que proporcionen seguridad jurídica al cumplimiento por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo tanto de la obligación de cuota de obra audiovisual europea, que se desarrolla por primera vez a nivel reglamentario, como de la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea. Por ello se hace necesario arbitrar determinados mecanismos que conjuguen la apuesta decidida por el fomento de la diversidad cultural y lingüística y la igualdad de género en el sector audiovisual con la libertad editorial y de empresa que rigen el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual televisivos. Una vez expuesto el objetivo y la finalidad de este real decreto, es preciso dar cuenta, a continuación, de los antecedentes normativos de las obligaciones previstas en el capítulo III del título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, tanto de ámbito del derecho comunitario como en el nacional. El origen del sistema de promoción de la producción audiovisual se remonta a la Directiva 89/552/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, denominada coloquialmente «Directiva de Televisión sin Fronteras». Esta primera norma estableció las bases de la incipiente política audiovisual comunitaria. En lo que se refiere a la promoción de obras europeas, la Directiva de Televisión sin Fronteras ya preveía, por un lado, que los Estados miembros velarían para que los organismos de radiodifusión televisiva reservaran a obras europeas una proporción mayoritaria de su tiempo de difusión y, por otro lado, que igualmente velarían por que los organismos de radiodifusión televisiva reservaran, como mínimo, el diez por ciento de su tiempo de emisión o, alternativamente, el diez por ciento de su presupuesto de programación a obras europeas de productores independientes de los organismos de radiodifusión televisiva. Dicha directiva fue modificada parcialmente en 1997 y, posteriormente, en 2007 por la Directiva 2007/65/CE, del Parlamento y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007. En el año 2010, se aprobó la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, que se limitó a refundir la anterior normativa sin introducir cambios significativos (Directiva de servicios de comunicación audiovisual). Por último, en 2018, se aprobó la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, que introdujo diversas novedades en la Directiva de servicios de comunicación audiovisual relativas al sistema promoción de obra audiovisual europea, entre las que destacan nuevas obligaciones para los servicios de comunicación audiovisual televisivo a petición, así como la posibilidad de extender la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea a aquellos prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo establecidos en un país de la Unión Europea que dirigen su servicio al territorio de otros Estados miembros, y la inclusión de mecanismos de flexibilización. En el ámbito nacional, la «Directiva de Televisión sin Fronteras» fue objeto de transposición mediante la aprobación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Esta norma estableció por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la reserva de un cincuenta por ciento del tiempo de emisión anual de las entidades que presten el servicio público de televisión a la difusión de obras europeas. Dicha ley fue posteriormente modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, que introdujo la obligación de que determinados operadores de televisión destinaran un cinco por ciento de sus ingresos a la financiación de largometrajes cinematográficos europeos y películas para televisión europeas (obligación que posteriormente se modificó por la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual). La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, procedió a trasponer en el ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2007/65/CE del Parlamento y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, y la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual en ella establecida se desarrolló reglamentariamente por el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas. Por su parte, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la reforma de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual realizada por la Directiva (UE) 2018/1808, de 14 de noviembre de 2018, adapta el régimen jurídico de promoción de obra audiovisual europea a las nuevas realidades de prestación de los servicios audiovisuales en el mercado. Entre los objetivos de la reforma del sistema de promoción de obra audiovisual europea que motivaron las cambios introducidos por la Ley 13/2022, de 7 de julio, destacan: (a) equilibrar las condiciones de competencia en el mercado, puesto que todos aquellos prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo que ofrezcan servicios de comunicación audiovisual televisivos en el mercado audiovisual español con independencia de su lugar de establecimiento estarán sometidos a la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea; (b) modular la obligación de promoción de obra audiovisual europea teniendo en cuenta el tamaño de los prestadores presentes en el mercado español de cara a eliminar obstáculos y barreras que lastren su crecimiento; (c) fomentar la diversidad lingüística y riqueza cultural presente en España, para lo que se han introducido, por primera vez, obligaciones específicas de cuota y de financiación anticipada de obras audiovisuales en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas; y (d) fomentar la igualdad de género en el sector de la producción audiovisual a través de la obligación específica para que se financien obras audiovisuales europeas dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres. La obligación de promoción de obra audiovisual europea desarrollada en el presente real decreto se compone a su vez por las siguientes dos obligaciones. En primer lugar, por la obligación de cuota de obra audiovisual europea, que se concreta en la presencia mínima de obra audiovisual europea en el servicio de comunicación audiovisual televisivo. En segundo lugar, por la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea, que se concreta en la contribución con un porcentaje de los ingresos del prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo a la financiación de producción de obra audiovisual europea. Debido a las modificaciones operadas por la Ley 13/2022, de 7 de julio, se hace necesario acometer por primera vez el desarrollo reglamentario de la obligación de cuota de obra audiovisual europea. Ello permite concretar la obligación de cuota de obras en lenguas oficiales de las comunidades autónomas, tanto para el prestador del servicio público de ámbito estatal, como para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición, así como las reglas de prominencia de la obra audiovisual europea para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición. En ambos casos se pretende conjugar el fomento de la obra audiovisual europea con los necesarios mecanismos de flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones. También se desarrolla el régimen de exenciones o flexibilizaciones sobre el cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta las diferentes realidades presentes en el mercado audiovisual español y de conformidad con las directrices establecidas por la Comisión en su Comunicación de julio de 2020 relativas al cálculo de la proporción de obras europeas en los catálogos a petición y a la definición de «baja audiencia» y «bajo volumen de negocios» (2020/C 223/03). Con respecto a la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea, el presente real decreto, desarrolla las novedades previstas en la Ley 13/2022, de 7 de julio, manteniendo aquellos elementos contenidos en el citado Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, que han demostrado su eficacia. Entre las novedades, destaca en primer lugar, el desarrollo reglamentario de la inclusión de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo establecidos en otros Estados miembros que dirijan sus servicios a España como sujetos obligados. En segundo lugar, y en relación con las formas de cumplimiento de la obligación, destaca la ampliación de la compra de derechos de emisión de obras ya terminadas y la posibilidad de dar cumplimiento a la misma a través de contribuciones al Fondo de Protección a la Cinematografía o al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano. En tercer lugar, cabe señalar el fomento de la igualdad de género dentro del sector de la producción audiovisual a través de la concreción de las reglas relativas a la obligación de financiar obras audiovisuales europeas dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres. En cuarto lugar, conviene destacar el desarrollo de la obligación de financiación anticipada de obras audiovisuales europeas en lenguas oficiales de las comunidades autónomas, tanto para el prestador del servicio público de ámbito estatal, como para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición. Por último, hay que mencionar el desarrollo del régimen de exenciones sobre el cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta las diferentes realidades presentes en el mercado audiovisual español. El real decreto se compone de 39 artículos organizados en un título preliminar y tres títulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El título preliminar establece las disposiciones generales relativas a la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística, el objeto del real decreto y los ámbitos objetivo y subjetivo de dicha obligación. En el título I se desarrollan las previsiones que contiene la Ley 13/2022, de 7 de julio, sobre la obligación de cuota de obra audiovisual europea. Se incluyen previsiones específicas diferenciadas para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineales y para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición, motivadas por las diferentes características intrínsecas de ambos servicios, y por los diferentes métodos de cálculo de la obligación. En los servicios lineales se empleará como unidad el tiempo de emisión anual, mientras que en el caso de los servicios a petición los títulos presentes en el catálogo de programas del prestador. En este punto, se siguen las citadas directrices establecidas por la Comisión en su Comunicación de julio de 2020 (2020/C 223/03). Asimismo, se concreta la obligación de prominencia de obra audiovisual europea en los servicios de comunicación audiovisual a petición, así como el régimen de exenciones relativas al cumplimiento de la obligación de cuota de obra audiovisual europea de acuerdo con las citadas directrices. En el título II se desarrollan las previsiones de la Ley 13/2022, de 7 de julio, relativas a la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea. Se encuentra dividido a su vez en dos capítulos. El capítulo I establece aquellas obras audiovisuales europeas que serán susceptibles de ser financiadas a través de la obligación de financiación. Esta delimitación trae causa de la conexión entre el interés público protegido, a saber, la promoción de la diversidad cultural con el tipo de obras audiovisuales europeas susceptibles de financiación, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 35/2016, de 3 de marzo de 2016. También se concreta en este primer capítulo el ámbito objetivo de la obligación de financiación, las formas a través de la cuales el prestador podrá cumplir con la obligación de financiación anticipada y, por último, el régimen de exenciones que tiene como finalidad que las nuevas obligaciones impuestas no socaven el desarrollo del mercado y permitir la entrada de nuevos operadores. El capítulo II establece qué ingresos del prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo serán computables como base para el cálculo de la obligación de inversión. Por otra parte, este segundo capítulo también establece los gastos de producción de una obra audiovisual europea que podrán ser computados para el cumplimiento de la obligación. Entre los gastos computables como novedad se ha incorporado la contribución a los Fondos de Protección a la Cinematografía y de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano. Finalmente, en el título III se prevé el desarrollo de las previsiones relativas al control y la supervisión de la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística. Conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la supervisión de la obligación. Este título se divide a su vez en tres capítulos. En el capítulo I se recogen las disposiciones concretas relativas a los plazos y la forma de presentación de la documentación para la supervisión de la obligación de cuota de obra audiovisual europea por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo. En el capítulo II se establecen las disposiciones relativas a la presentación de la documentación para la supervisión de la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea por parte de los prestadores obligados. Por último, en el capítulo III se establece el régimen de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En particular, se establece que anualmente publicará un informe relativo al cumplimiento de la obligación de promoción de obra audiovisual europea por parte de los prestadores, analizando el impacto en el sector audiovisual. Asimismo, se prevé que se dará la pertinente publicidad a los títulos financiados con la obligación de financiación anticipada. Las disposiciones adicionales establecen el régimen de cooperación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con los organismos de supervisión de ámbito autonómico para poder realizar un análisis detallado del impacto de la obligación de promoción de obra audiovisual europea, el procedimiento para poder realizar las contribuciones a los fondos de protección y fomento de la cinematografía, instar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a publicar los formularios en su sede electrónica para que los prestadores reporten información sobre el cumplimiento de la obligación, así como a articular un mecanismo de colaboración y coordinación entre dicho organismo y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de cara a la supervisión de la obligación. La disposición derogatoria única contiene la correspondiente derogación del Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas, al que este real decreto viene a sustituir; así como de cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en este real decreto. La disposición final primera establece el título competencial al amparo del cual se dicta el presente real decreto. La disposición final segunda habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a dictar circulares de aplicación y ejecución del real decreto para la correcta supervisión del cumplimiento de la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística, previo informe preceptivo y no vinculante del titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Finalmente, la disposición final tercera establece la fecha de entrada en vigor del real decreto, así como el diferimiento de las fechas de aplicación de los títulos I y II. El real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), en tanto que persigue un interés general al concretar determinados aspectos de la Ley 13/2022, de 7 de julio, que van a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de promoción de obra audiovisual europea a los sujetos sometidos a su cumplimiento. En ese sentido, las importantes novedades previstas en la citada Ley 13/2022, de 7 de julio, hacen necesario la aprobación del presente real decreto que dé certidumbre y seguridad jurídica a los sujetos obligados. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Así, busca conjugar una apuesta decidida por el fomento de la diversidad cultural y lingüística y la igualdad de género en el sector audiovisual con el establecimiento de mecanismos de cumplimiento acordes con la libertad editorial y de empresa que rigen el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual televisivos. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, estableciéndose un marco normativo estable, integrado y claro. Asimismo, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se han formalizado los trámites de consulta pública previa y audiencia pública, que establece la ley en cumplimiento del principio de transparencia, quedando además justificados en el preámbulo los objetivos que persigue este real decreto. Por último, en virtud del principio de eficiencia la norma introduce únicamente un mínimo aumento, en materia de cargas administrativas, derivado de la nueva regulación de la obligación de cuota de obra audiovisual europea, respecto de las leyes precedentes. En cuanto a la tramitación, este real decreto ha sido sometido al trámite de audiencia pública de conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, e informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en virtud de lo establecido en el artículo 5.2 la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Igualmente, se han solicitado y recabado los informes de los departamentos ministeriales cuyas competencias se han considerado afectadas por la norma, conforme al artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 tres de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, y 26.7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se ha recabado el dictamen preceptivo de la Comisión Permanente del Consejo de Estado. Este real decreto se ha sometido al procedimiento previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, de conformidad con el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información. El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.27.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las normas básicas del régimen de radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. En su virtud, a propuesta de los Ministros para la Transformación Digital y de la Función pública, y de Cultura, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026, DISPONGO:
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