Art. [preambulo]

En vigor desde 5 ene 2027

I La prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren las personas progenitoras, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente al tener que reducir su jornada de trabajo con la consiguiente disminución de salario para cuidar de forma directa, continua y permanente a las personas menores a su cargo afectadas por cáncer u otra enfermedad grave durante el tiempo de hospitalización o tratamiento continuado de la enfermedad. Esta prestación se incorporó a la acción protectora del sistema de la Seguridad Social por la disposición final vigésima primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, y se encuentra regulada actualmente en los artículos 190 a 192 del capítulo X del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. En desarrollo de dicha previsión legal se aprobó el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Este reglamento regula, entre otras, las cuestiones relativas a la situación específicamente protegida, las personas beneficiarias, los requisitos de acceso, el régimen económico y las normas de gestión de la prestación, incluyendo el anexo con el listado de enfermedades graves para su reconocimiento. Desde su implantación, la configuración legal de la prestación ha sido objeto de diversas reformas orientadas a ampliar su ámbito de protección. Así, la disposición final vigésima octava.tres de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y el artículo único del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, introdujeron modificaciones dirigidas a extender la cobertura más allá de la mayoría de edad en determinados supuestos, adaptar su régimen a nuevas realidades familiares y reforzar la protección en situaciones de especial vulnerabilidad. En esta misma línea, se ha llevado a cabo recientemente la modificación de esta prestación por el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, para establecer, de un lado, el reconocimiento del derecho en aquellos casos en los que, si bien no existe un ingreso hospitalario de la persona causante, requiere de tratamientos médicos de igual intensidad y, de otro lado, y con carácter excepcional, posibilitar la extensión de la prestación más allá del cumplimiento de los veintiséis años por el causante, siempre y cuando acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o un grado III de dependencia. Por último, posibilita la percepción de la prestación por ambas personas cuidadoras de forma alternativa o simultánea, con el fin de atender las demandas planteadas por las familias afectadas y lograr de este modo una mayor corresponsabilidad en el cuidado de las personas enfermas que tradicionalmente vienen desempeñando las mujeres. A su vez, el citado Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, también ha sido objeto de modificación mediante el Real Decreto 677/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para adaptar su contenido al marco legal configurado por dichas reformas legales e introducir mejoras en determinados aspectos de la gestión de la prestación. Asimismo, el anexo con el listado de enfermedades graves se amplió por la Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y se aprueba el modelo de declaración médica sobre la necesidad de cuidado continuo del menor. II Sin embargo, la experiencia acumulada en la gestión de la prestación ha evidenciado determinadas cuestiones interpretativas y operativas que requieren una nueva reforma reglamentaria. En particular, se han identificado dificultades en la acreditación de la convivencia en supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho; en la regulación de la alternancia en el percibo de la prestación; en la actualización de la base reguladora, especialmente tras la implantación del nuevo sistema de cotización de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas; y en el control del mantenimiento de los requisitos durante los periodos de prórroga. Asimismo, la evolución del modelo asistencial sanitario, con el desarrollo de la hospitalización a domicilio, los tratamientos ambulatorios complejos y los procesos prolongados de adaptación clínica, así como un peso creciente de los cuidados de alta complejidad que se producen fuera del hospital, ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar el concepto de situación protegida para adecuarlo a la práctica médica actual. De igual modo, la reforma del ordenamiento civil operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha transformado el sistema de provisión de apoyos a las personas con discapacidad, lo que incide indirectamente en la configuración de determinadas instituciones jurídicas relacionadas con la protección de personas menores y personas con discapacidad y aconseja revisar su tratamiento en el ámbito de esta prestación. En esta misma línea, tanto las asociaciones representativas de familias beneficiarias de la prestación como diversas iniciativas parlamentarias y recomendaciones del Defensor del Pueblo, han reclamado la necesidad de mejorar la claridad normativa de la situación protegida por la prestación, reforzar la seguridad jurídica en los supuestos de separación o divorcio, adaptar la regulación a las nuevas realidades asistenciales y dotar de mayor transparencia y homogeneidad a los procedimientos de revisión y control. A tal efecto, la reforma tiene el objetivo de actualizar y sistematizar la regulación reglamentaria de la prestación, así como agilizar su gestión mediante la objetivación de los mecanismos de acreditación y la ordenación detallada de los procedimientos de supervisión de los requisitos, que favorezca una aplicación homogénea por las entidades gestoras de la Seguridad Social y por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Si bien, la amplitud y el alcance de las modificaciones aconsejan no limitarse a una reforma parcial del texto vigente, sino proceder a la derogación íntegra del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, y a la aprobación de un nuevo marco reglamentario completo y coherente que las integre en un único cuerpo normativo para dar respuesta a las necesidades detectadas. III El real decreto se estructura en diecinueve artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y dos anexos. Entre las principales novedades que incorpora la nueva regulación destaca, por un lado, la revisión y actualización del concepto de situación protegida con el fin de adecuarlo a los cambios llevados a cabo en los artículos 190 a 192 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los cuales derivan de la práctica clínica actual y de la transformación experimentada por el sistema sanitario en los últimos años. En particular, se incorpora de forma expresa la consideración de determinadas situaciones asistenciales como equivalentes a un ingreso hospitalario, incluyendo supuestos de hospitalización a domicilio y tratamientos ambulatorios complejos que, aun sin requerir hospitalización convencional, implican la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente por parte de las personas progenitoras, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente. Esta actualización permite reforzar la seguridad jurídica y garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio. Asimismo, se clarifica expresamente la compatibilidad de la prestación con la escolarización de la persona causante y con la realización de las prácticas formativas a las que se refiere la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que subsista la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Además, se incluye la figura de la curatela representativa, se clarifica el régimen aplicable en supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho y se regula con mayor precisión la concurrencia de personas beneficiarias y la forma alternativa o simultánea en la percepción de la prestación, especialmente en los supuestos de convivencia compartida. También, se revisa el régimen de acreditación de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente de la persona causante, con el objetivo de dotar de una mayor flexibilidad al procedimiento. A tal efecto, se prevé que dicha necesidad pueda acreditarse mediante declaración emitida por el personal facultativo de atención primaria, como venía sucediendo hasta ahora, o por el personal facultativo de atención especializada del servicio público de salud responsables de la asistencia de la persona causante, indistintamente. Con el fin de responder a las demandas formuladas por las familias y asociaciones representativas, se amplían los plazos de reconocimiento inicial y de prórroga de la prestación, configurando un sistema más flexible y ajustado a la realidad clínica de las enfermedades graves. Respecto a la duración del derecho a la prestación, excepcionalmente, se mantendrá más allá de los veintiséis años en aquellos casos en la persona causante acredite una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o bien tenga reconocido el grado III de dependencia, siempre que persista la convivencia con la persona beneficiaria y continúen acreditándose las necesidades de cuidado directo, continuo y permanente. Se elimina la limitación que impedía el acceso a la prestación a las personas trabajadoras con una duración efectiva de la jornada a tiempo parcial igual o inferior al 25 por ciento de la correspondiente a una persona trabajadora a tiempo completo comparable. Con esta modificación se amplía el ámbito subjetivo de protección de la prestación y se garantiza un tratamiento más adecuado de las distintas formas de organización del trabajo y de las trayectorias laborales a tiempo parcial, evitando que determinadas situaciones de especial necesidad de cuidado queden excluidas de la protección por razón exclusiva de la duración de la jornada desarrollada. Se adapta el régimen de actualización de la base reguladora, con especial atención a las singularidades del nuevo sistema de cotización de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, clarificando expresamente el tratamiento de las bases tenidas en cuenta durante la percepción de la prestación. Por otro lado, se incorporan mejoras significativas en las facultades de supervisión del cumplimiento de los requisitos de la prestación con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y la transparencia en la gestión de la prestación. En este sentido, se establece la necesidad de incorporar al expediente, cada dos años, un informe vinculante de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud correspondiente para la comprobación del mantenimiento de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente de la persona causante. Esta medida resulta especialmente adecuada en una prestación susceptible de extenderse durante largos periodos de tiempo y permite complementar la valoración efectuada por el personal facultativo de atención primaria o especializada del servicio público de salud, con un mecanismo adicional de verificación, garantizando una aplicación más uniforme, sin introducir cargas administrativas desproporcionadas para las personas beneficiarias. En coherencia con esta medida, se sistematizan los procedimientos de seguimiento distinguiendo entre la comprobación médica de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente de la persona causante y la verificación de los restantes requisitos de la prestación. Además, con el fin de favorecer una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio nacional, se prevé la elaboración de una guía técnica de apoyo a la valoración y acreditación de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Este instrumento, de carácter orientativo, pretende facilitar criterios comunes de actuación para las y los profesionales sanitarios, las entidades gestoras y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, reforzando la seguridad jurídica y reduciendo posibles divergencias interpretativas. Igualmente, se procede en el anexo I a la actualización del listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías de acuerdo con la evidencia médica y científica disponible y con la evolución del conocimiento clínico en este ámbito. En concreto, se incluyen el trastorno del espectro autista y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu. Asimismo, se mantiene la posibilidad de actualizar dicho listado mediante orden ministerial. Por último, se incorpora un anexo II con el modelo de declaración médica necesaria para el reconocimiento y mantenimiento de la prestación que hasta ahora se recogía en la Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero. Además, se introducen mejoras sustantivas en dicho modelo, con el fin de que quede expresamente reflejada la concurrencia de las circunstancias que determinan la asimilación a ingreso hospitalario, incluyendo la indicación de los tratamientos, cuidados o condiciones clínicas que justifican dicha situación. Esta precisión contribuye a reforzar la objetividad y homogeneidad en la valoración de los requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación, facilitando la actuación coordinada de las y los profesionales sanitarios y de las entidades gestoras y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En coherencia con lo anterior, y dado que el contenido material de la citada orden ministerial queda plenamente integrado y actualizado en este real decreto, se procede a su derogación expresa. De este modo, se concentran en un único texto reglamentario todos los elementos esenciales para la gestión de la prestación. IV Este real decreto da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En aplicación del principio de necesidad, la norma responde a la evolución del marco sanitario, social y jurídico y a la necesidad de garantizar una protección adecuada, homogénea y segura. La experiencia acumulada en la gestión de la prestación, así como las reclamaciones de las familias afectadas, han puesto de manifiesto la conveniencia de actualizar la definición de la situación protegida, de precisar los mecanismos de acreditación médica, de clarificar el régimen de concurrencia en nuevas realidades familiares y de adaptar la actualización de la base reguladora, especialmente tras la implantación del nuevo sistema de cotización de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas. Asimismo, resulta necesario adecuar la periodicidad de las prórrogas al curso clínico de las distintas patologías, incorporando plazos más amplios. Con respecto al principio de eficacia, la norma introduce instrumentos que permiten una aplicación más homogénea y coherente de la prestación. La regulación detallada de las situaciones asimiladas al ingreso hospitalario, la actualización del modelo de declaración médica y la ordenación del procedimiento de revisión del mantenimiento del derecho contribuyen a reforzar la calidad de la gestión y la seguridad en la tramitación. En relación con el principio de proporcionalidad, la norma contiene únicamente las modificaciones imprescindibles para alcanzar los objetivos perseguidos. Las mejoras introducidas se limitan a precisar conceptos, ordenar procedimientos y actualizar instrumentos de acreditación, manteniendo la configuración legal de la prestación. La iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y contribuye a reforzar la seguridad jurídica mediante una regulación sistemática, clara y actualizada, que permita una aplicación más previsible y uniforme por parte de las entidades gestoras y colaboradoras, reduciendo la incertidumbre y reforzando la confianza de las familias en el sistema. Asimismo, la norma cumple el principio de eficiencia, al favorecer una gestión más ágil y uniforme de la prestación, reducir la necesidad de trámites adicionales y evitar duplicidades en la acreditación de requisitos, sin imponer cargas adicionales innecesarias. La habilitación para actualizar el listado de enfermedades graves mediante orden ministerial permite una adaptación flexible y eficiente a la evolución del conocimiento científico sin necesidad de reformas reglamentarias sucesivas. Por último, cumple el principio de transparencia en tanto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha sometido a los trámites de consulta pública y de audiencia e información pública mediante su publicación en el portal de internet del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, se traslada en audiencia directa a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas y a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). En la tramitación de la norma, han emitido informe el Ministerio de Sanidad, el Consejo Nacional de la Discapacidad y las comunidades autónomas, así como el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en cuanto a su competencia en la gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla. Por último, se ha posibilitado un acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios de su proceso de elaboración. Asimismo, se definen claramente en este preámbulo los objetivos de la norma. El real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) y en la disposición final octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de noviembre de 2026, DISPONGO:

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eli/es/rd/2026/11/04/957#preambulo-pr