Art. [preambulo]

En vigor desde 29 sept 2022

I El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (en adelante, el Observatorio) es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Igualdad. Está previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y le corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Además, se prevé que reglamentariamente se determinen sus funciones, su régimen de funcionamiento y su composición, en la que se garantizará, en todo caso, la participación de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, y las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. En cumplimiento de este mandato se aprobó el Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se modifica el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Desde entonces se han producido hitos importantes en materia de lucha contra las distintas formas de violencia contra las mujeres, como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, suscrito en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por España en 2014 (Convenio de Estambul) o el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, suscrito en Varsovia el 16 de mayo de 2005 (Convenio de Varsovia), que hacen necesario ampliar las competencias del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer a todas las formas de violencia contra las mujeres. En este sentido, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, prevé, en su artículo 58.2, que dentro de las funciones que tiene encomendadas en materia de violencia de género el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se entenderán comprendidas todas aquellas violencias a las que se refiere dicha ley orgánica. Asimismo, en 2017 se adoptó el Pacto de Estado contra la violencia de género, reflejado en el Informe de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para un Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, y en el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, aprobado por el pleno del Senado el 13 de septiembre de 2017, a cuyas medidas pretende dar cumplimiento este real decreto. Por otro lado, con este real decreto se pretende impulsar e incrementar el nivel de transparencia del Observatorio, fomentando su configuración como auténtico foro de debate participativo por cuanto confluyen en él las instituciones y entidades más significativas que trabajan en el ámbito de la violencia contra las mujeres, y potenciando su representatividad, al ampliar su composición incluyendo a otras instituciones y entidades que, por la naturaleza de sus funciones y la actividad que desarrollan, se estima que deben formar parte de este órgano. Asimismo, el Observatorio se configura como foro de análisis y de evaluación de las actuaciones de lucha contra las distintas formas de violencia contra las mujeres, así como de seguimiento de las políticas públicas en esta materia, mediante el diseño de un sistema de indicadores que permita dar respuesta a los requerimientos de información a nivel nacional e internacional. Por otra parte, resulta necesario adaptar su composición a la actual organización y estructura de los departamentos ministeriales, contemplada en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, así como al Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, que establece en su artículo 3.5 la adscripción del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer al Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cuya persona titular ejercerá su presidencia. Por último, resulta necesaria la adaptación del régimen jurídico del Observatorio a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se regulan los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, entre ellos, aquellos en los que participen organizaciones representativas de intereses sociales. II A tal fin, el real decreto se compone de nueve artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Las principales novedades que introduce son las siguientes: Se amplían las funciones del Observatorio a las formas de violencia contra las mujeres previstas en el Convenio de Estambul y el Convenio de Varsovia, respectivamente, con la finalidad de cumplir con los compromisos internacionales y avanzar en la consolidación de un Observatorio cuyas funciones se adapten a todas las formas de violencia contra las mujeres. Se aumenta la composición del Observatorio con el fin de tener una representación más diversa de los diferentes sectores sociales relacionados con la lucha sobre la violencia contra las mujeres, tal como se recoge en las propuestas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, de manera que se fortalezca e impulse este órgano como un auténtico foro de debate, análisis y evaluación de las actuaciones que se lleven a cabo en esta materia. Se adapta el régimen jurídico del Observatorio a las previsiones en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se adapta su composición a la actual estructuración ministerial. III La norma proyectada se adecúa a los principios de buena regulación de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. En este sentido, la norma viene justificada por la necesaria actualización del régimen jurídico del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para garantizar una actuación eficaz del mismo en su ámbito de competencias. En virtud del principio de proporcionalidad, la norma no contiene una regulación de derechos u obligaciones de la ciudadanía y, por tanto, no afecta a este principio. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta norma deroga el Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, introduciendo un marco normativo integrado, estable, predecible, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones, todo ello en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, así como con las obligaciones asumidas por nuestro país a nivel internacional, en particular mediante la ratificación del Convenio de Estambul. Además, en aplicación del principio de transparencia, el texto se ha sometido a aprobación del Pleno del Observatorio y ofrece una descripción clara de sus objetivos. Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma no impone nuevas cargas administrativas ni afecta a las existentes y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Igualdad, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de septiembre de 2022, DISPONGO:

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