Art. [preambulo]
En vigor desde 25 mar 2022
La Constitución española, al enunciar los principios que deben regir el funcionamiento de la Administración Pública, resalta los de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. El principio de desconcentración se recoge en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece en su artículo 54.1, que «La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial». La desconcentración territorial excluye una concepción de la Administración General del Estado como entidad enteramente localizada en la capital, de modo que es precisa la existencia de una estructura territorializada y, por lo tanto, más cercana a los ciudadanos y ciudadanas.
La Constitución española no prescribe la forma en la que se debe fijar la distribución territorial de las sedes del sector público. El artículo 5 de la misma establece que la capital del Estado es la villa de Madrid, pero no incluye ninguna disposición relativa a qué localidad deberá albergar las entidades públicas. Tampoco se fija ninguna reserva de ley ni se preconfigura ningún procedimiento concreto para la determinación de estas sedes.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de la Constitución española, y de cara a potenciar el papel vertebrador de las instituciones públicas en el conjunto del territorio, se hace preciso establecer un procedimiento que permita racionalizar la ubicación física de las entidades del sector público institucional estatal. Está acreditado que las instituciones públicas ejercen un papel extremadamente beneficioso en los entornos físicos en los que se ubican. Además de contribuir a la creación de empleos directos e indirectos, facilitan la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones y hacen posible un mayor nivel de interlocución con los sectores afectados por su actuación. En ese sentido se ha venido avanzando, con el impulso de servicios e infraestructuras estatales en todo el territorio, dentro del Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico, aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico en marzo de 2021.
Estos efectos positivos de la desconcentración de las sedes físicas públicas se verán reforzados con el establecimiento de un procedimiento de elección racionalizado, que integre criterios como la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia. Se consigue así el establecimiento de un mecanismo deliberativo que aproveche el potencial de todas las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y que contribuya a reforzar el papel del sector público como elemento vertebrador.
Este real decreto establece que la determinación de la sede física de las entidades del sector público institucional estatal tenga que producirse a través de un proceso objetivo y competitivo, basado en los principios del artículo 103.1 de la Constitución española, los fijados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como los de adecuación al sector de actividad, vertebración y equilibrio territorial. La decisión final corresponderá al Consejo de Ministros, que por vez primera deberá motivar la elección de una localidad para albergar una institución pública. En el marco de los principios señalados, los criterios que se considerarán en la elección incluirán, entre otros, la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación.
Asimismo, en este real decreto se crea una Comisión consultiva para la determinación de las sedes, que estará presidida por la persona titular del Ministerio de Política Territorial, e integrada por representantes de este Ministerio y de los de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Trabajo y Economía Social, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Hacienda y Función Pública, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Derechos Sociales y Agenda 2030. Además, serán vocales no permanentes las personas que asistan en representación de los Ministerios a los que se encuentren adscritas las entidades del sector público afectadas. La Comisión, entre otras funciones, elaborará un informe sobre los criterios que serán tenidos en cuenta en la elección de la sede y realizará un dictamen que analizará las posibles sedes que pueden albergar a la entidad afectada.
El procedimiento fomenta que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, puedan postular distintas localidades para albergar sedes de las entidades que componen el sector público institucional estatal. Por otro lado, se permite que dichas entidades puedan comprometer cesiones de diferente naturaleza, de modo que la Administración General del Estado no tenga que asumir íntegramente el coste de la instalación de una entidad.
Se fortalecerá asimismo la igualdad de oportunidades, al facilitar que los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia, puedan relacionarse o incluso trabajar directamente en las sedes de las instituciones públicas estatales.
Los criterios que fije, para cada caso concreto, la Comisión consultiva para la determinación de las sedes permitirán reforzar las políticas del Gobierno en distintas áreas. Se contribuirá a luchar contra el fenómeno de la despoblación al tomar, por ejemplo, en consideración como factor la tendencia demográfica de las distintas regiones que pueden albergar a cada entidad pública. Se reforzarán las oportunidades laborales al primarse localidades o provincias con elevados niveles de desempleo y se fomentará una mayor presencia del sector público estatal en aquellas comunidades autónomas en las que el Estado ha estado hasta ahora menos presente.
Se tendrá en cuenta, en todo momento, el papel de los empleados públicos, de modo que el procedimiento incorporará la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas para el eventual traslado y la garantía de que este no supondrá un perjuicio en su carrera profesional, debiendo realizarse con pleno respeto a sus derechos y ajustándose en todo caso a la normativa aplicable. De esta forma, se reforzará el buen funcionamiento de las entidades afectadas y también se podrá contribuir a la creación de mayores incentivos para el acceso al empleo público estatal de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia.
La norma proyectada se adecúa a los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, según establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, en lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la norma está justificada para lograr la cohesión territorial y social en la elección de las sedes de las entidades del sector público institucional estatal, identifica claramente los fines que persigue y es el instrumento idóneo para lograrlos.
Cumple con el principio de proporcionalidad, al recoger la regulación imprescindible para atender las necesidades que se buscan cubrir.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, pues resulta plenamente coherente con el resto del ordenamiento jurídico y aporta certidumbre al proceso de elección de la ubicación física de las sedes públicas.
En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta del trámite de consulta pública dada su naturaleza organizativa, así como por no imponer obligaciones a los destinatarios ni afectar a los derechos e intereses legítimos de las personas, además de por haberse acordado la tramitación urgente de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, en relación con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la citada ley, se omite el trámite de audiencia e información públicas por no afectar esta norma a derechos e intereses legítimos de las personas y por limitarse a regular aspectos internos relacionados con la organización de la Administración General del Estado.
Finalmente, el proyecto se ajusta al principio de eficiencia, ya que la aprobación de la norma no generará nuevas cargas administrativas ni supone un incremento del gasto para la Administración General del Estado o para el resto de las administraciones territoriales, toda vez que se emplearán los recursos existentes.
Asimismo, se dicta de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de febrero de 2022, sobre la determinación de las sedes de las entidades del sector público institucional estatal, mediante el cual se acordó también la tramitación administrativa urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de este real decreto al amparo de lo previsto en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y con los efectos previstos en el apartado 2 del citado artículo.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Política Territorial, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de marzo de 2022,
DISPONGO:
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Proeli/es/rd/2022/03/22/209#preambulo-pr