Art. [preambulo]
En vigor desde 21 nov 2026
I
El anexo I del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, incluye una relación de áreas de conocimiento a efectos del encuadramiento académico, docente e investigador del profesorado universitario.
Este anexo I ha permanecido expresamente en vigor hasta la fecha, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.a) de la disposición derogatoria única del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos, que procedió a derogar el referido Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, salvo su anexo I, ya que esa disposición estableció que mantendría su vigencia hasta la entrada en vigor de un nuevo listado de lo que denominó «especialidades de conocimiento».
Este real decreto tiene por objeto actualizar la relación de áreas de conocimiento recogidas y hasta ahora vigentes en el anexo I del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, procediendo a cambiar su denominación por la de «especialidades de conocimiento», en aras de dotar de claridad y rigor al sistema, frente al uso de esta expresión en otras normas vigentes.
Las hasta ahora denominadas áreas de conocimiento han tenido una evidente trascendencia para el sistema universitario español, que este real decreto refuerza en tanto que son un elemento fundamental en los concursos de acceso a las plazas de profesorado universitario, ya que todas las plazas que se convoquen deberán estar perfiladas mediante su adscripción a una o varias especialidades de conocimiento, a partir de la nueva relación de las mismas que se establece en el presente real decreto, lo que a su vez determina los perfiles académicos que deberán disponer los candidatos o las candidatas a obtener esas plazas. En otras palabras, las especialidades de conocimiento tienen un papel clave desde la óptica académica en el desarrollo de la actividad del personal docente e investigador.
Este papel relevante de las especialidades de conocimiento en los perfiles de las plazas de profesorado quedó establecido en el Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos.
Por todo ello, la relación de especialidades de conocimiento que se aprueba se ha elaborado de forma plenamente consensuada con los representantes de las universidades, contando además con una amplia participación de la comunidad universitaria y de los colectivos académicos y organizaciones profesionales durante dicha tramitación, así como de reuniones de negociación con las principales organizaciones sindicales representativas del personal docente e investigador de las universidades públicas españolas, teniendo presente la evolución del conocimiento científico, tecnológico y humanístico del sistema universitario español y, asimismo, considerando el desarrollo y expansión de la oferta académica de Grados, Másteres Universitarios y de Programas de Doctorado producida en España en las últimas dos décadas, que han comportado –y están comportando– la necesidad de cubrir esa docencia con profesorado especializado.
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario establece en su artículo 64.4 que todos los puestos de trabajo de profesorado funcionario y laboral deben adscribirse a los ámbitos de conocimiento que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades. Dicho precepto legal también obliga a que dichos ámbitos de conocimiento sean lo suficientemente amplios para permitir y favorecer la movilidad del profesorado, así como facilitar su carrera profesional.
De acuerdo con este real decreto el Consejo de Universidades establecerá unos criterios básicos y comunes en este procedimiento de adscripción, en el que serán las universidades las responsables de determinar cómo se desarrollará esta adscripción y con qué criterios específicos se hará en cada una de ellas. Este planteamiento es necesario, primero, ante la complejidad de las estructuras del profesorado universitario y la propia heterogeneidad de las instituciones que conforman el sistema universitario de nuestro país, y de cada uno de sus centros y departamentos según su trayectoria histórica, tamaño, especialización o localización. Y, segundo, ante la necesidad de flexibilizar la organización de las estructuras de profesorado y la implementación de las respectivas políticas de personal docente e investigador desde el ejercicio de la autonomía universitaria en lo que respecta a la gestión de los recursos de profesorado. Será responsabilidad, por tanto, de las universidades la determinación de cómo desarrollarán esta adscripción y conforme a qué criterios específicos, en el marco de los criterios básicos y comunes establecidos por el Consejo de Universidades, mediante su aprobación por sus órganos de gobierno que cuentan con representación de la comunidad universitaria, y específicamente de la representación del personal docente e investigador.
En todo caso, si la especialidad de conocimiento define el perfil docente e investigador de una plaza de profesorado universitario fijada en el momento del concurso de provisión de la misma, el ámbito de conocimiento agrupa los diversos puestos de trabajo –entendiéndose por ello el espacio profesional de desarrollo de las actividades académicas de cada profesor o profesora– científicamente afines y con un marcado enfoque generalista, como así lo establece la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo.
Por ello, es necesario que en el seno de las universidades se establezca el equilibrio adecuado entre la especialidad de conocimiento que define el perfil de la plaza y el ámbito de conocimiento que determina el espacio de realización de las actividades académicas, teniendo en ellas un papel relevante la función docente. En este sentido, el avance importante en adaptar la realidad de nuestras universidades al desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico producido en estas últimas décadas a través del incremento de especialidades de conocimiento, debe guardar una concordancia con la necesidad de que todas las asignaturas de los diferentes planes de estudios que configuran la oferta docente de las universidades públicas se cubran cada curso, con el profesorado que disponga de los conocimientos requeridos, siendo los ámbitos del conocimiento el lugar preferente donde se articule esa concordancia y equilibrio, en los cuales los departamentos, escuelas y facultades son sus actores fundamentales, junto con el profesorado.
Este real decreto, de igual modo, tiene como objetivo la clarificación del espacio de uso del concepto «ámbito de conocimiento» en la normativa que regula diversos aspectos de la realidad universitaria, en tanto que esta expresión únicamente queda circunscrita para encuadrar todos los puestos de trabajo del profesorado funcionario y laboral que configuran la plantilla de una universidad pública.
Esta norma, igualmente, ha tenido presente la distribución competencial, y su complejidad, entre las universidades, las comunidades autónomas y el Estado en el terreno de las políticas de profesorado.
En suma, esta norma tiene por objeto la determinación de las especialidades de conocimiento que sustituyen a las áreas de conocimiento previstas en el anexo I del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, anexo que es ahora derogado. Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 64.4 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, mediante esta norma se enumeran los ámbitos de conocimiento a que se deberán adscribir todos los puestos de trabajo de profesorado universitario, funcionario y laboral.
II
De acuerdo con lo anterior, este real decreto se organiza en cinco artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. En el articulado se expresan su objeto y ámbito de aplicación y se regulan diferentes aspectos relacionados con los ámbitos de conocimiento a los que deben adscribirse los puestos de trabajo del profesorado universitario, así como, las especialidades que son utilizadas para perfilar las plazas de profesorado a las que concursan las personas que reúnan las condiciones exigidas en dicho proceso de provisión de plazas.
En la parte final, las cuatro disposiciones adicionales se refieren, primero, a la aplicación de lo establecido en este real decreto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; segundo, al proceso que deberá lleva a cabo cada universidad para la vinculación y adecuación de las especialidades de conocimiento a la estructura de ámbitos de conocimiento definida en esta norma; tercero, a la adecuación de la especialidad de conocimiento como perfil de una plaza a los requisitos de las titulaciones habilitantes sanitarias; y, cuarto, a la validez de las acreditaciones previas emitidas por el Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y las agencias de calidad de las comunidades autónomas.
A continuación, las dos disposiciones transitorias versan, por un lado, sobre la adscripción de los puestos de trabajo ya existentes y determinación de las especialidades de conocimiento del profesorado actual, regulándose además el procedimiento por el que este profesorado podrá solicitar la modificación de la especialidad de conocimiento que tuviera asignada por una de las de nueva creación y, por otro, sobre la implementación de lo establecido en relación con las especialidades de conocimiento en las universidades públicas a las convocatorias de concursos para la provisión de plazas, respectivamente.
Por su parte, la disposición derogatoria única deroga el anexo I del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y asimismo, genéricamente, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Las cuatro disposiciones finales contienen, por el siguiente orden, la modificación del artículo 4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, de manera que, en consonancia con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los planes de estudio universitarios tengan como referente los derechos de la infancia y la adolescencia y la lucha contra la violencia ejercida sobre las personas menores de edad, en especial en relación con las enseñanzas oficiales propias de los ámbitos sanitario, social, educativo, del periodismo y Ciencias de la Información, del derecho y en las conducentes al ejercicio de profesiones reguladas con contacto habitual con personas menores de edad; así como, la expresión del título competencial que ampara al Estado para dictar el presente real decreto; la habilitación para el desarrollo normativo del real decreto a la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y adicionalmente la autorización para la modificación de las relaciones de especialidades y ámbitos de conocimiento, mediante orden ministerial y, por último, la determinación relativa a la entrada en vigor del real decreto.
La norma concluye con dos anexos. Así, el anexo I contiene las 360 especialidades de conocimiento a las que se suman 40 de las actuales que siguen vigentes, sumando por lo tanto 400 especialidades de conocimiento, mientras que el anexo II relaciona los 53 ámbitos de conocimiento.
III
El real decreto se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En relación con los principios de necesidad, eficacia y seguridad jurídica, la nueva norma proporciona un marco regulatorio actualizado con arreglo a la nueva Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, cuya comprensión y aplicación facilita y además su contenido dispositivo es coherente con el ordenamiento jurídico español.
Respecto al principio de proporcionalidad, la norma contiene la regulación imprescindible para su objeto y, además, no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, y es el instrumento más adecuado.
Por otra parte, cumple con el principio de transparencia ya que, en este preámbulo y en la Memoria del análisis de impacto normativo de la norma, se identifica claramente su propósito y durante su proceso de elaboración, se ha favorecido la participación de las personas potencialmente destinatarias de la regulación que contiene, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y sus normas de desarrollo.
Por último, respeta el principio de eficiencia, puesto que no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.
En el proceso de elaboración de este real decreto se ha informado a la Conferencia General de Política Universitaria y al Consejo de Universidades. Asimismo, durante dicho proceso han sido, además, consultadas otras asociaciones y organizaciones representativas de la educación universitaria en España.
El presente real decreto se aprueba en virtud del mandato a favor del Gobierno contenido en el artículo 64.4 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y, por otra parte, con carácter general, tiene fundamento legal en la habilitación reglamentaria contenida en la disposición final octava de dicha norma legal.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución, que reconoce al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, la regulación de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas y la aprobación de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
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Proeli/es/rd/2026/11/18/1025#preambulo-pr