Art. [preambulo]

Art. [preambulo]

En vigor desde 21 nov 2026
La Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, se aprobó con una doble finalidad: revisar la regulación existente en materia de pesca marítima, contenida fundamentalmente en el título I de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, adecuándola a los instrumentos normativos que, dado el largo tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, se han introducido en el derecho internacional, europeo y nacional; y dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, económicas, ambientales y administrativas que han surgido desde 2001. La Ley 5/2023, de 17 de marzo, presenta un nuevo enfoque en el que prima la claridad y seguridad jurídica para los operadores, al tiempo que se adecua su contenido a la reciente evolución normativa, aun manteniendo sus elementos esenciales. Este nuevo enfoque se fundamenta en una decidida vocación de unificación y armonización del disperso corpus normativo pesquero actual, como mecanismo para asegurar plenamente los principios de claridad y seguridad jurídica. Tal y como se explica en su Exposición de motivos, la Ley 5/2023, de 17 de marzo, es una de las tres normas con rango legal que se pretende situar en la cúspide normativa de la regulación del Estado en materia de pesca, de acuerdo con las competencias que la Constitución Española de 1978 le atribuye, y que reflejan el enfoque tripartito que desde hace décadas se ha adoptado en el marco europeo: la gestión, el control y la comercialización. Así, la Ley 5/2023, de 17 de marzo, como primer plano normativo que responde a la necesidad de regular la gestión de la pesca marítima ha de completarse con varios reales decretos que, si bien desarrollen con mayor profundidad los aspectos comunes a toda la actividad pesquera ya delimitados en la ley, dejen a su vez un margen de desarrollo suficiente a la normativa específica de cada pesquería para que, en atención a la gran diversidad de la flota y a las distintas características de cada especie o stock , puedan dar respuesta a las necesidades que en cada caso se planteen. En este sentido, el Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales, tramitado de forma simultánea a la ley, supuso el desarrollo de su título III, relativo a las medidas de conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros, que incluye la regulación de, entre otras cuestiones, el volumen de capturas, el esfuerzo pesquero, las artes de pesca, la tallas o pesos mínimos de las especies pesqueras y las vedas. El presente real decreto tiene por objeto continuar con este desarrollo de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, centrándose en el título II, que regula el acceso a los recursos pesqueros, y el título V, que regula las medidas de gestión de los recursos pesqueros, por lo que su objeto es desarrollar el acceso a los recursos pesqueros, las medidas de gestión de los mismos, la limitación del volumen de capturas y la sustitución de buques en censos específicos. En cuanto al acceso a los recursos pesqueros, el presente real decreto establece cuáles son las consecuencias de que los buques de pesca, de forma provisional o definitiva, dejen de cumplir con los requisitos previstos en título II de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, centrándose especialmente en el destino de las posibilidades de pesca que pudieran tener asignadas. En cuanto a las medidas de gestión, el real decreto desarrolla las distintas medidas previstas en la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de conformidad con los principios generales recogidos en su artículo 4. En este sentido, armoniza la necesaria sostenibilidad de los recursos pesqueros y el enfoque ecosistémico, piezas clave que permiten garantizar la continuidad de la actividad pesquera, con la función social y el rendimiento económico derivado de esta actividad. De ahí que cobre capital importancia el concepto de «rendimiento máximo sostenible», previsto en la normativa pesquera europea, en concreto, en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común, que lo define como «el rendimiento de equilibrio teórico máximo que puede extraerse continuamente, en promedio, de una población en las condiciones ambientales medias existentes sin que ello afecte significativamente al proceso de reproducción». Este principio exige, por lo tanto, que una vez determinado cuál es el nivel de esfuerzo pesquero que puede soportar una especie o stock , garantizando su conservación, se apliquen las medidas oportunas que permitan maximizar tanto sus beneficios sociales, incluyendo el nivel y la calidad del empleo, la seguridad alimentaria y el desarrollo de las comunidades pesqueras, entre otros, como sus beneficios económicos. Para conseguir esto, en el presente real decreto se establecen las reglas que han de regir la asignación de las posibilidades de pesca disponibles para el Reino de España, incluyendo una prelación de criterios de asignación, coincidentes con los previstos en la normativa europea, así como una serie de mecanismos dirigidos a resolver las posibles distorsiones, temporales o permanentes, que puedan surgir entre las distintas necesidades del sector y la efectiva asignación de posibilidades de pesca que haya resultado de la aplicación de estos criterios. En atención al principio de libertad de empresa, serán los pescadores los que puedan solicitar la aplicación de las medidas que consideren más adecuadas a su situación y, sólo en el caso de que la distorsión permanezca, se aplicarán unas reglas claras y comunes con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los interesados. En este sentido, se regula y limita la transmisión definitiva y temporal de las posibilidades de pesca; la gestión en común por parte de varios pescadores de las posibilidades de pesca asignadas a sus buques; el mecanismo de optimización, que permite que las posibilidades que no puedan ser explotadas por el buque que las tiene asignadas puedan ser utilizadas por otros buques antes de la finalización del ejercicio; la posibilidad de realizar intercambios de posibilidades de pesca y establecer reservas de posibilidades de pesca para que el Estado pueda atender a las distintas necesidades del sector; la posibilidad de trasladar parte de las posibilidades de pesca asignadas en un ejercicio para su uso en el siguiente, o, al contrario, la posibilidad de imputar parte de sus capturas a las posibilidades de pesca que se asignen en el siguiente. También se concreta qué se entiende por no utilización de posibilidades de pesca a efectos de que la Secretaría General de Pesca pueda disponer de las mismas, evitando así que las posibilidades se conviertan en un bien especulativo. Asimismo, se recogen instrumentos que permitirán afrontar el reto derivado de la implantación de la obligación de desembarque en un sistema basado en el principio de estabilidad relativa, tales como la flexibilidad interespecie o la excepción de minimis . Por último, se prevén mecanismos dirigidos a garantizar que la explotación de los recursos pesqueros no excede el rendimiento máximo sostenible, así como el respeto por parte de los profesionales del sector a las asignaciones de posibilidades de pesca realizadas; mecanismos que, por su naturaleza, se deben configurar como medidas de gestión, y no como medidas de conservación, reguladas por el Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, o de control, reguladas por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, como el cierre de pesquerías o el establecimiento de topes de capturas y de paradas. Además, con el presente real decreto se lleva a cabo la modificación del Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales, para, actualizar, a petición del sector, las características técnicas de las artes menores de anzuelo y de enmalle y/o enredo en los caladeros de Cantábrico y Noroeste y Golfo de Cádiz y, en consecuencia, las de palangre de fondo en el caladero de Cantábrico y Noroeste, y se modifican dos meros errores en otras normas, consistentes en una denominación de una especie del Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, y una referencia al aceite de girasol como especificidad de las vegetales en el Real Decreto 1521/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los Establecimientos y Productos de la Pesca y Acuicultura con Destino al Consumo Humano. Para establecer estas medidas, se ha tenido en cuenta que la actividad pesquera presenta una gran diversidad en cuanto a las características biológicas de las distintas especies o stocks , las necesidades y características técnicas de las distintas flotas y la existencia de diferente normativa supranacional aplicable a las pesquerías (normativa de la Unión Europea, acuerdos de pesca sostenible, normativa derivada de Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera, etc.), que hace imposible la existencia de una regulación común más detallada que sea compatible con el normal ejercicio de la actividad. Por esta razón, resulta imprescindible que el presente real decreto contemple la remisión en muchos aspectos a la normativa específica que regula cada pesquería, ya sea normativa nacional, europea, internacional, o incluso de terceros Estados en cuyas aguas se realice la actividad. Además, se ha considerado que la implantación generalizada de los nuevos medios de información y comunicación en el sector pesquero es un hecho, ya que, desde hace años, tanto la normativa europea como nacional obligan a la gran mayoría del sector a la utilización de dispositivos de control, tales como el diario de pesca electrónico o el sistema de localización de buques. Por este motivo, unido a las exigencias de celeridad que en muchas ocasiones impone la realidad de la actividad pesquera, así como el apoyo que pueden recibir por parte del asociacionismo pesquero y de las distintas entidades contempladas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, este real decreto prevé la utilización de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración en todo lo que respecta a la aplicación de las medidas contempladas en el mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, se considera que concurren en los destinatarios de esta norma los requisitos previstos en dicho artículo, por cuanto poseen los conocimientos y disponen de las herramientas necesarias para esta relación electrónica, al estar ya obligados en su mayoría a ofrecer información a la Administración por medios electrónicos, dado su empleo del diario electrónico de a bordo, los dispositivos de localización o las obligaciones electrónicas relativas a la primera venta. En todo caso, en virtud de la propia legislación administrativa, la amplia red de entidades representativas del sector, como cofradías de pescadores, organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de armadores, reconocidas al amparo de la normativa vigente, que ya están colaborando en la aplicación efectiva de la diversa normativa, podrán actuar como intermediarios. El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.19.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesca marítima. Se ha sometido a consulta de las comunidades autónomas, del sector pesquero y de los interlocutores sociales. En la elaboración de esta norma se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Así, en virtud de los principios de necesidad y eficacia la iniciativa está plenamente justificada por el interés general dado que esta nueva regulación generará efectos muy favorables en los interesados, al permitir regular las medidas de gestión de los recursos pesqueros en desarrollo de la normativa legal y con el fin de recoger todas las posibilidades allí previstas para maximizar su eficacia. Para alcanzar estos fines esta norma es el instrumento más adecuado para su consecución dado el rango y contenido que recoge. En virtud del principio de proporcionalidad, para el desarrollo de esta norma se han buscado siempre las alternativas que, garantizando la consecución de los fines, imponen menos obligaciones a los administrados y que les restrinja en menor medida sus opciones de actuación. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta normativa es coherente con las normas europeas y nacionales, con la finalidad de establecer un marco normativo integrado estable y predecible que permita a los administrados su comprensión y, por lo tanto, la toma de decisiones respecto a las actuaciones reguladas en el proyecto normativo, optándose por una única norma de conjunto de desarrollo de todas las figuras recogidas en la legislación para la gestión pesquera, que asegure su fácil comprensión por parte de los interesados. En aplicación del principio de transparencia, esta norma, además de haber sido objeto de los reglamentarios trámites de consulta previa y de participación pública, se ha buscado proactivamente la participación de los principales sectores afectados por la regulación, trasladando a las principales asociaciones el proyecto normativo para que efectuaran las observaciones y consideraciones que estimaran oportunas. Por último, hay que subrayar que este proyecto supone una flexibilización de las actuaciones y procedimientos objeto de regulación respecto a la norma actualmente vigente, evitando cargas administrativas a los interesados y mejorando la gestión pública, por lo que cumple el principio de eficiencia. Este real decreto se dicta en virtud de la disposición final cuarta y los artículos 7, 14, 17, 31, 32, 33, 38, 39 y 42 de la Ley 5/2023, de 17 de marzo. En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre de 2026, DISPONGO:
Historial de versiones

Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.

Tus anotaciones

Pro

eli/es/rd/2026/11/18/1017#preambulo-pr