Art. [preambulo]
En vigor desde 7 nov 2026
El Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, determina el régimen jurídico aplicable a las distintas líneas que lo integran y establece las bases de las ayudas y actuaciones públicas previstas para favorecer el acceso a la vivienda durante dicho periodo, así como las condiciones básicas para su financiación, gestión, seguimiento y evaluación.
En concreto, se determina en el apartado 1 del artículo 154 que los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de las actuaciones, así como de comunicación e información entre ambas administraciones serán regulados mediante orden del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En concreto, entre estos mecanismos se incluye la implantación de sistemas informáticos de uso compartido y la aportación de datos mediante un cuadro de mandos integral único.
Asimismo, el apartado 2 del citado artículo del mismo real decreto, impone tanto a las comunidades autónomas como a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla la obligación de registrar de forma continuada, en la herramienta informática habilitada al efecto, la información mínima de seguimiento de gestión y económica, de previsiones y de cumplimiento de objetivos, con el nivel de desagregación previsto en los respectivos convenios entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla regulados en el artículo 4 del Real Decreto 326/2026. Se añade además que dicha información deberá incluir, en todo caso, datos relativos al número de solicitudes recibidas, al número de personas y entidades beneficiarias a las que se haya concedido la ayuda, a las actuaciones financiadas, incluido el número de viviendas, y a los indicadores de seguimiento económico, con la correspondiente documentación y certificación del órgano gestor competente.
Por otra parte, el artículo 156 del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, determina que la información de progreso de indicadores descrita en el artículo 154 será la base sobre la que las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla generarán los informes de seguimiento de periodicidad trimestral y anual.
Igualmente, la disposición adicional novena de la citada norma dispone que la información de seguimiento y evaluación generada en el marco del Plan servirá de base para informar al Consejo Asesor de Vivienda sobre su gobernanza y evaluación.
De este modo, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por la presente orden se regula la herramienta informática habilitada para el seguimiento del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, así como el modelo, los plazos y la periodicidad para el registro y transmisión de la información recabada.
Además, se determinan los indicadores de seguimiento que complementan los requisitos mínimos de información exigibles y que permitirán determinar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y la adecuada utilización de los recursos públicos, así como las buenas prácticas desarrolladas y las mejoras necesarias para el diseño de futuras políticas públicas de vivienda. Asimismo, dichos indicadores servirán de soporte para el desarrollo de otros futuros de resultado e impacto social, que permitirán evaluar en qué medida las actuaciones financiadas han contribuido a mejorar las condiciones de acceso, disfrute y permanencia en una vivienda digna y adecuada, que se plasmará en los informes anuales y trimestrales.
Por último, la orden incorpora un sistema de certificaciones destinado a reforzar los mecanismos de control de las actuaciones financiadas en el marco del Plan mediante el que los órganos gestores competentes de las comunidades y ciudades autónomas acreditarán el cumplimiento de determinadas obligaciones vinculadas a la ejecución de las actuaciones, garantizando la correcta aplicación y respeto de las condiciones establecidas en el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril.
En la elaboración de esta orden se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto:
Los principios de necesidad y eficacia se cumplen al resultar esta orden el instrumento preciso para desarrollar lo previsto en los artículos 154.1 y 156 del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, mediante la regulación de la herramienta informática habilitada para el seguimiento del Plan, del modelo, los plazos y la periodicidad para el registro y transmisión de la información, así como de los indicadores de seguimiento que desarrollan el contenido mínimo previsto en dicho real decreto.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al establecer las condiciones mínimas imprescindibles para asegurar el cumplimiento de su finalidad.
Asimismo, responde al principio de eficiencia, ya que se ha procurado que la norma genere los menores costes indirectos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En cuanto al principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se garantizó mediante la publicación del proyecto de orden y su correspondiente Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en el portal web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el trámite de audiencia e información pública realizado del 28 de agosto al 18 de septiembre de 2026, ambos inclusive.
Finalmente, la norma se adecúa al principio de seguridad jurídica, al haberse garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico nacional, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y en ejercicio de la habilitación normativa contenida en el apartado 1 del artículo 154 del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, dispongo:
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Proeli/es/o/2026/11/04/vau1167#preambulo-pr