Art. [preambulo]
En vigor desde 28 jun 2024
España está experimentando en estos últimos años un gran dinamismo y modernización en las bases de su modelo económico y tejido productivo, con cifras de empleo récord, especialmente en profesiones y sectores de alto valor añadido. Este crecimiento está siendo compatible con una mayor cohesión social y territorial, gracias al impulso de políticas pre y redistributivas, y al fortalecimiento del Estado del Bienestar y de los servicios públicos.
Del mismo modo España está haciendo frente a sus compromisos con la estabilidad presupuestaria, llevando a cabo una sólida gestión fiscal en un contexto geopolítico de enorme incertidumbre, provocado, primero por la pandemia de la COVID-19, después por el impacto derivado de la guerra de Ucrania, la crisis energética o las perturbaciones en las cadenas de suministro y más recientemente por la situación de Oriente próximo. En medio de estas dificultades del entorno internacional, España ha sido capaz de mantener su compromiso con la estabilidad presupuestaria, subrayando no solo la capacidad del país para mantener una gestión fiscal sólida y responsable, sino la importancia de la dirección y orientación de las políticas fiscales y presupuestarias para hacer frente a las crisis desde una perspectiva de justicia social.
La economía española sigue manteniendo un crecimiento diferencial con unos fundamentos sólidos gracias, entre otras cuestiones, a la mejora del mercado de trabajo tras la reforma laboral, la positiva evolución del sector exterior, la solidez de la posición financiera de empresas y hogares y el dinamismo del consumo y la inversión. Un crecimiento que se refleja también en la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, a pesar del impacto de la crisis inflacionista, o en la evolución de indicadores complementarios como el despliegue de renovables o la conectividad digital.
Igualmente, el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) está contribuyendo de forma decisiva a la modernización de la economía española, a la mejora de su competitividad y a su liderazgo dentro del crecimiento en Europa.
Así, en 2024 y en 2025 se prevé que España conserve un elevado dinamismo, alcanzando un ritmo de avance del PIB del 2 por ciento y el 1,9 por ciento respectivamente, junto a una aceleración de la inversión, gracias a la recuperación de los niveles de confianza empresarial y el continuado impulso del PRTR.
El ciclo presupuestario de 2025 continuará afectado por la complejidad del actual entorno geopolítico, donde los conflictos tanto en Ucrania como en Oriente Próximo pueden suponer perturbaciones en los mercados internacionales, algunos particularmente sensibles como son los energéticos. Un segundo factor a tener en cuenta es la reactivación de las reglas fiscales, tras el fin de la vigencia de la cláusula de salvaguarda, y el establecimiento del nuevo marco regulatorio en la Unión Europea que permitirá reforzar el compromiso de este Gobierno con la estabilidad presupuestaria.
De hecho, pese a la activación de la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento entre los años 2020 y 2023, el Gobierno continuó reforzando su responsabilidad con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Así, el elemento clave de la estrategia fiscal llevada a cabo en España durante estos años ha sido la compatibilización de una senda creíble de reducción del déficit y la deuda pública con el crecimiento tanto de la actividad económica como del empleo, gracias, entre otros, al impulso procedente de las inversiones y reformas del PRTR, que ha permitido acelerar el proceso de transición ecológica y digital de nuestro proceso productivo.
Esta determinación con la estabilidad presupuestaria se plasma en las estimaciones de déficit recogidas en la «Actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales para los años 2024 y 2025» remitido a la Comisión Europea el pasado mes de abril. Estas estimaciones recogen una disminución del déficit público que se debe, principalmente, al incremento de los ingresos como consecuencia de la mejora de la actividad económica y el empleo, alcanzando en 2025 un superávit fiscal primario, que contribuirá a la reducción de la ratio deuda pública-PIB. Así, en el ámbito de la deuda pública, el impulso económico, la decidida creación de empleo y el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal permitirá continuar con la reducción de esta ratio.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2025 serán los primeros tras la entrada en vigor del nuevo marco europeo de reglas fiscales, en el que el cumplimiento de la senda de gasto neto aparece como la regla fiscal principal, recogida en el nuevo Plan Fiscal Estructural Nacional a Medio Plazo que los Estados Miembros deberán presentar al Consejo y a la Comisión en otoño de 2024.
Este nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, articulado en la Directiva (UE) 2024/1265 del Consejo de 29 de abril de 2024 por la que se modifica la Directiva 2011/85/UE sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los estados miembros, el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo y el Reglamento (UE) 2024/1264 del Consejo, de 29 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, va a permitir una mayor adaptación a la heterogeneidad de las diferentes situaciones fiscales, de deuda pública y desafíos económicos de los diferentes Estados miembros, reduciendo a niveles prudentes y de manera gradual, realista y sostenida los ratios de deuda pública favoreciendo, igualmente, el crecimiento económico y garantizando una transición verde y digital justa, a través de un conjunto de reformas e inversiones sostenidas en los próximos años.
Por otro lado, en octubre de 2023 tanto la Comisión Europea como el ECOFIN aprobaron la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de movilizar la totalidad de los recursos asignados a España de los fondos Next Generation antes de 2026 actualizando el calendario de desembolsos, añadiendo dos adicionales, uno en 2025 y otro en 2026. Así, la Adenda movilizará 93.502 millones adicionales a los 69.513 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia inicial, incorporando 10.342 millones de euros adicionales en transferencias, situando la previsión total de ingresos en 79.854 millones de euros en transferencias y 83.160 millones de euros en préstamos.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2025 darán continuidad a la política económica responsable y coherente que ha desarrollado el Gobierno en estos años, impulsando la prosperidad y la competitividad económica, con una reindustrialización del país estratégica e inteligente que genere empleos de calidad, así como el blindaje y refuerzo del Estado del Bienestar y la defensa de la justicia social, de la cohesión territorial, de la igualdad de género y de la sostenibilidad medioambiental.
En el marco del conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la calidad de las finanzas públicas, el pasado mes de marzo, el Ministerio de Hacienda publicó el tercer informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas en los procesos de revisión y evaluación del gasto público o Spending Reviews llevados a cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En este contexto, la presente Orden prevé incorporar en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 las conclusiones y recomendaciones resultantes de los Spending Reviews ya completados, así como las respuestas de los centros gestores del gasto en relación con las mismas, de acuerdo con el principio de «cumplir o explicar» que rige el citado informe de seguimiento.
A su vez, el análisis presupuestario transversal bajo diversas perspectivas se verá reforzado dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 al incluir, por primera vez, un nuevo enfoque, la «dimensión marrón», en el Informe de alineamiento con la transición ecológica. Esta dimensión se incorpora a otros análisis transversales ya existentes como el informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia, así como a la información presupuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones referentes al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación.
El marco normativo de referencia en materia presupuestaria para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado lo configuran esencialmente la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la normativa europea en materia presupuestaria que resulte de aplicación.
De conformidad con el artículo 36.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el procedimiento por el que se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por orden de la persona titular de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y del Ministerio de Hacienda.
La presente Orden ministerial dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. En la misma se regulan los criterios generales de presupuestación, el ámbito institucional de los presupuestos, el proceso de elaboración y tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo la composición de los órganos participantes en su proceso de elaboración, los plazos y documentación para la elaboración, y se detalla el contenido de las estructuras presupuestarias.
En virtud de lo expuesto, dispongo:
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
Tus anotaciones
Proeli/es/o/2024/06/25/hac641#preambulo-pr