Art. [preambulo]

En vigor desde 24 nov 2026

La Constitución Española reconoce, en el artículo 27, la educación como un derecho fundamental y encomienda a los poderes públicos la inspección y homologación del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en su título VII la inspección del sistema educativo dedicando, por un lado, el capítulo I a la Alta Inspección y por otro, el capítulo II de este título a la inspección educativa. Dentro del capítulo II el artículo 154 prevé que las Administraciones educativas regulen la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos ámbitos territoriales. Del mismo modo, el artículo 9 del Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero, por el que se regula la inspección educativa, establece que las administraciones educativas regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos ámbitos territoriales. Y añade que, en todo caso, la estructura que se establezca deberá garantizar el cumplimiento de los principios de actuación y de las funciones y atribuciones de la inspección educativa. La organización y funcionamiento de la inspección educativa en el ámbito de gestión del Ministerio fue regulada por la Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección de Educación, dictada en desarrollo del Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los actuales Inspectores. Esta disposición establece, entre otras cuestiones, las funciones, atribuciones, estructura territorial y régimen de actuación de la inspección educativa. Durante los años transcurridos desde la aprobación de la Orden de 29 de febrero de 1996 se ha culminado el proceso de transferencia de competencias en educación no universitaria a las comunidades autónomas. Además, la reciente aprobación del Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero, recomienda actualizar la regulación de las cuestiones que completan su disposición final segunda en lo que a la estructura y el funcionamiento de los órganos a los que se encomienda el desempeño de la inspección educativa en el territorio de gestión del Ministerio se refiere. El Real Decreto 274/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, atribuye a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa el ejercicio de la función inspectora en su ámbito competencia y la coordinación de los servicios de inspección de las direcciones provinciales de las ciudades de Ceuta y Melilla, estableciendo que dichas funciones las ejercerá a través de la Subdirección General de la Inspección de Educación. Se hace preciso dictar las normas que resulten necesarias para regular el ejercicio de las tareas que debe desempeñar la inspección educativa en el ámbito ministerial, determinar la estructura en que debe configurarse dentro del Departamento y establecer las normas para su organización y funcionamiento, garantizando la seguridad jurídica de los miembros de la Inspección Central y de los Servicios de Inspección Educativa de las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla, todo ello de conformidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, y con los principios aplicables al acceso al empleo público recogidos en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. La orden se estructura en seis capítulos y consta de 25 artículos. El capítulo I contiene las disposiciones generales; el capítulo II regula la organización y el funcionamiento de la inspección educativa y se divide en tres secciones, dedicadas, respectivamente, a sus principios de organización y funcionamiento, a los Servicios de Inspección Educativa de Ceuta y Melilla y a la Inspección Central; el capítulo III regula la actuación de la inspección educativa; el capítulo IV, la provisión de puestos; el capítulo V, la formación y cualificación profesional de la inspección educativa; y el capítulo VI, su evaluación. La parte final comprende dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. La orden se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Se adecua a los principios de necesidad y de eficacia en tanto que persigue el interés general de mejorar y actualizar la regulación de las estructuras mediante las que el Ministerio ejerce la inspección educativa en su ámbito de gestión. Cumple con el principio de eficiencia, ya que no impone nuevas cargas administrativas a la ciudadanía. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene el desarrollo normativo imprescindible, no existiendo ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. Conforme al principio de seguridad jurídica, resulta coherente con el ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable y congruente, al adaptar la regulación reglamentaria de la materia a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y al Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero. Cumple también con el principio de transparencia, puesto que durante el procedimiento de elaboración de la norma han podido participar con sus observaciones las potenciales personas destinatarias a través de los trámites de consulta pública y de audiencia e información pública, y el proyecto y su memoria son accesibles a toda la ciudadanía. En la tramitación de la orden se ha consultado al Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla de la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado. En su virtud, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, dispongo:

Historial de versiones

Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.

Tus anotaciones

Pro

eli/es/o/2026/10/28/efd1158#preambulo-pr