Art. Preambulo
En vigor desde 5 mar 2013
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral sobre utilización de residuos alimenticios.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según un estudio publicado por la Comisión Europea, la producción de residuos alimentarios en los 27 estados miembros de la Unión Europea asciende anualmente a casi 89 millones de toneladas, lo que significa 179 kilos por cada ciudadano, y ello sin contar los residuos de alimentos de origen agrícola generados en el proceso de producción ni los descartes de pescado arrojados al mar. Si no se toman medidas, la cifra podría alcanzar los 126 millones de toneladas en 2020. Buena parte del desperdicio se debe a una mala gestión sobre las fechas de caducidad o consumo preferente de los alimentos; se estima que un 20 por ciento de los alimentos que se tiran se hace por las dudas en relación con la fecha de caducidad. Según un informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la gran mayoría de las cadenas de distribución de alimentos (un 78 por ciento) desechan la comida que está a punto de caducar y tan solo el 20 por ciento se la entregan a un Banco de Alimentos o a una ONG para su aprovechamiento.
La Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2012, sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE, entre otras medidas, ha propuesto que 2014 sea designado como Año Europeo contra el desperdicio de alimentos.
Esa realidad contrasta dramáticamente con el hecho de que en la Unión Europea viven 79 millones de personas por debajo del umbral de pobreza, es decir, más del 15 por ciento de los ciudadanos perciben una renta inferior al 60 por ciento de la renta media de su país de residencia; de ellos, 16 millones reciben ayuda alimentaria de organismos de beneficencia. También en Navarra miles de personas sufren pobreza y exclusión social, agravadas por la actual crisis social y económica. El empobrecimiento ya no afecta solamente a los sectores que tradicionalmente alimentaban esta estadística, ya que cada día se nutre vorazmente de miles de personas a las que la crisis y la falta de políticas públicas adecuadas han abocado a la exclusión social sin que los poderes públicos les garanticen un nivel mínimo de subsistencia. Por parte de Cáritas se ha advertido recientemente que 120.000 personas, el 18 por ciento de la población navarra, se encuentran en riesgo de pobreza.
Los Bancos de Alimentos y otras iniciativas sociales hacen una labor fundamental pero no llegan a abarcar todo el problema. Es necesario que desde los poderes públicos se adopten medidas dirigidas a promover no solo hábitos de consumo razonable en los ciudadanos, sino también buenas prácticas en las cadenas de distribución de alimentos que eviten que acaben en la basura convertidos en desperdicios. En tal sentido, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en su artículo 15 establece que las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, deben aprobar antes del 12 de diciembre de 2013 programas de prevención de residuos, encaminados a lograr la reducción del peso de los residuos producidos en 2020 en un 10 por ciento respecto a los generados en 2010, y en los cuales, entre otras medidas, se prevé específicamente que se aborde la generación de residuos de alimentos con medidas encaminadas a evitar el desperdicio de alimentos y fomentar el consumo responsable, tales como acuerdos con los comercios para minimizar los alimentos caducados, establecer pautas para consumidores, restauración y actividades con comedor para aprovechar los alimentos sobrantes, crear vías de aprovechamiento de excedentes en buen estado a través de iniciativas sociales, comedores populares, Bancos de Alimentos, etc. Procede introducir también en el ordenamiento jurídico de Navarra disposiciones dirigidas a promover esos mismos objetivos.
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Proeli/es-nc/lf/2013/02/25/7#preambulo-preambulo