Art. [preambulo]

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En vigor desde 23 nov 2026
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias de Infancia y Adolescencia. PREÁMBULO 1. La Constitución Española, en su artículo 39, dispone que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, resaltando en su apartado 4 que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 2. En este sentido, son de destacar en el ámbito internacional la Declaración de Derechos del Niño de 1959 y, muy especialmente, la Convención Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. Igualmente, debe hacerse referencia a la Observación General número 5 del Comité de Derechos del Niño, que recomienda revisar de forma continua la legislación interna para garantizar el pleno cumplimiento de la Convención. Las actuaciones deben tener en cuenta los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos. 3. Desde 1981 hasta hoy, el Estado español ha promulgado numerosas leyes que introdujeron cambios sustanciales en la protección de niñas, niños y adolescentes. 4. En España, el hito normativo fundamental para desarrollar el contenido de la Convención fue la adopción en el año 1996 de la «Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil», cuya intención fue reflejar en un texto normativo único los derechos de niñas, niños y adolescentes. La reforma de esta norma operada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, exige que las comunidades autónomas actualicen igualmente su legislación. 5. Asimismo, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, desarrolla actuaciones de sensibilización, detección precoz, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de violencia e incorpora importantes modificaciones en el ordenamiento jurídico que también exigen un desarrollo en la legislación autonómica. 6. Por otra parte, la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 148.1.20 de la Constitución Española, establece en su artículo 10.1.24 y 10.1.25 la competencia exclusiva de la comunidad autónoma «en materia de asistencia y bienestar social» y «protección y tutela de menores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución», entre la que se encuentra ineludiblemente la protección de los niños, niñas y adolescentes. 7. Y el artículo 9, apartado dos, establece que las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del marco de sus competencias, velarán especialmente por garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de cuantos residen en el territorio del Principado de Asturias, impulsar una política tendente a la mejora de las condiciones de vida, adoptar aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social de Asturias, entre otras. 8. El Principado de Asturias, en ese proceso de reconocimiento progresivo de derechos y al amparo de las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía, aprobó la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor, que fue una ley avanzada, puesto que optó por una regulación más integral de promoción y desarrollo de los derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr su protección. No obstante, en los treinta años transcurridos desde su aprobación, se han dado importantes cambios sociales y modificaciones en la legislación estatal que requieren una mejora de los instrumentos de protección jurídica. De ahí la necesidad de adaptar la normativa vigente, ordenando medidas que den solución a las nuevas necesidades de niñas, niños y adolescentes, regulando el ejercicio y la promoción de los derechos que los protegen, reorganizando el sistema de protección con especial atención a la prevención de situaciones de desprotección, precisando el ámbito competencial de la Administración del Principado de Asturias y de las Administraciones de las entidades locales (en adelante, Administraciones públicas asturianas) en esta materia. 9. La elaboración de esta ley se inició con una consulta a niñas, niños y adolescentes del Principado de Asturias en los foros de participación municipales, en centros de protección, en centros escolares y asociaciones juveniles. Una ley para niñas, niños y adolescentes, pero contando con su voz, en una escucha activa para tener en cuenta sus opiniones. Así, el título de la ley es suyo, y también su petición de dar formación sobre los derechos de la infancia en el ámbito educativo, sanitario o del deporte ha sido atendida. En un grupo de participación llegaron a la siguiente conclusión: «Si los derechos no fueran importantes, no se llamarían derechos , se llamaría cosas , objetivos o algo así. Si son derechos, tenemos que tenerlos, no alcanzarlos». Por eso con esta ley se garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes, esos derechos que ellas y ellos ya conocen. 10. El interés del Principado de Asturias por diseñar políticas sociales tendentes a incrementar el bienestar de niñas, niños y adolescentes y de involucrar a los poderes públicos y a la ciudadanía en este objetivo se materializa en los distintos planes de infancia aprobados, donde se establecen las medidas y objetivos en línea con las tendencias actuales de atención y protección a la infancia. 11. La presente ley se sitúa en el marco de la legislación civil del Estado y de los convenios, tratados y pactos internacionales que vinculan directamente a nuestro país, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, y parte de la consideración de niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales, fuera del ámbito exclusivamente familiar, y a la vez como titulares de verdaderos derechos subjetivos. La gran aportación de la Convención de los Derechos del Niño fue reflejar el cambio de paradigma respecto a la persona menor de edad para dejar de ser considerada un objeto de protección, pasando a tener la consideración de sujetos de derecho, ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos y obligaciones. 12. Teniendo en cuenta que garantizar esos derechos es una tarea común en la que deberán colaborar padres y madres, como titulares de la patria potestad, tutores o tutoras, la comunidad social, en general, y los poderes públicos, coordinándose las diferentes estructuras existentes, ya sean sanitarias, educativas, judiciales o sociales, si bien estas últimas, en la materia específica de protección, deberán limitar su intervención a una actuación subsidiaria, que se implementará en cuantas situaciones de desprotección se detecten. 13. Asimismo, esta norma proclama que toda intervención de las Administraciones públicas asturianas deberá regirse por el principio rector del interés superior de niñas, niños y adolescentes, en su triple dimensión, asegurando un entorno familiar basado en la práctica de la parentalidad positiva bien en su familia de origen o en otro núcleo familiar que reúna las condiciones de idoneidad, teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias de niñas, niños y adolescentes y siendo un instrumento de integración social. 14. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, mantiene dos bloques perfectamente diferenciados: por un lado, los derechos del niño, la niña y adolescente, junto con una serie de medidas encaminadas a su efectividad, y la ordenación de las actuaciones a desarrollar por los poderes públicos para garantizar esos derechos; y, por otro, la propia reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de protección de las personas menores de edad y el proceso de adopción. Siguiendo ese esquema, la presente ley articula a lo largo de ocho títulos el marco legal para niñas, niños y adolescentes en el Principado de Asturias. 15. Esta ley parte de los principios básicos de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor, pero se plantea como objetivo incorporar la experiencia adquirida a lo largo de los años, así como avanzar en el reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes acorde con una sociedad más integradora y participativa, atendiendo al mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución Española, según el cual corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. 16. En este sentido, esta norma tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones y orientar el itinerario a las familias, a las personas responsables de la atención y bienestar de niñas, niños y adolescentes, a la sociedad en general y a los poderes públicos, para que consideren a la infancia y la adolescencia parte activa de la ciudadanía. Por este motivo, el contenido de la ley afecta a múltiples ámbitos en que niñas, niños y adolescentes se desenvuelven, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, el medio ambiente, los entornos digitales, el deporte o el ocio, precisando como principio la colaboración y coordinación de sus responsables para conseguir el bienestar de niñas, niños y adolescentes en el Principado de Asturias. 17. En esta línea, la ley se propone facilitar un nuevo marco a las situaciones de desprotección infantil, más acorde con las causas que las motivan y las consecuencias que se derivan de las mismas, que permite procedimentar las medidas a aplicar y las soluciones, y establecer la coordinación de las funciones que asumen las personas profesionales de las distintas Administraciones en materia de protección de niñas, niños y adolescentes en el Principado de Asturias. II 18. Con respecto a la estructura y el contenido, la ley consta de 134 artículos distribuidos en ocho títulos, ocho disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. 19. En el título I se definen el objeto, ámbito de aplicación y los principios rectores de la Administración del Principado de Asturias. 20. Destaca el principio que considera a niñas, niños y adolescentes como ciudadanos, ciudadanas y sujetos activos de derecho, favoreciendo el ejercicio autónomo de los derechos de los que son titulares, en función de su edad y madurez. 21. En el capítulo II, se incluyen la planificación de las actuaciones con la infancia y su evaluación, como una herramienta que proporciona valor a la organización. En todo caso, se trata de que los poderes públicos en el Principado de Asturias, como responsables autonómicos en protección de la infancia, puedan evaluar la efectividad y el impacto de las políticas que se implementan. 22. Cada seis años, la consejería con competencias en la materia elaborará un plan estratégico de atención a la infancia y la adolescencia que definirá las políticas públicas para hacer efectivos los derechos de las personas menores de edad y para mejorar la calidad de vida de las mismas. 23. Se regula el Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias como órgano de coordinación y asesoramiento. III 24. El título II, «De la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Principado de Asturias», es el corazón de la ley y está compuesto por dos capítulos. En el capítulo I se recoge el reconocimiento y límite de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la forma de hacerlos efectivos. El ejercicio de los derechos fundamentales y convencionales de aquellos estará diseñado de conformidad con lo previsto en la Constitución Española, los tratados internacionales que los reconocen y la legislación que los desarrolle o regule su ejercicio. 25. Se desarrolla el derecho a la participación ciudadana, las personas con dieciséis años cumplidos podrán participar en la vida política del Principado de Asturias mediante la suscripción de iniciativas legislativas populares modificando la Ley del Principado de Asturias 4/1984, de 5 de junio, reguladora de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos y de la iniciativa popular. Se regula así el ejercicio procesal de este derecho mediante una acción positiva para facilitar a la juventud la participación en los asuntos públicos mediante la propuesta y firma de iniciativas legislativas populares. 26. La ley desarrolla el derecho fundamental de la persona menor de edad a ser oída y escuchada tal y como contempla la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio. Las personas menores de edad tienen derecho a ser oídas y escuchadas sin ninguna discriminación y se tienen que tener en cuenta debidamente sus opiniones, según su edad y madurez, sin perjuicio de aquellos supuestos en que deban prestar su consentimiento cuando legalmente proceda. IV 27. El título III, bajo la denominación «De la distribución de competencias, colaboración y coordinación entre Administraciones», contiene tres capítulos. En el capítulo I, «De la distribución de competencias en el Principado de Asturias», aborda el reparto y la asunción de las competencias en el ejercicio de las actuaciones de promoción, prevención y de protección de niñas, niños y adolescentes entre las dos Administraciones públicas con competencias en esta materia. Por un lado, la Administración del Principado de Asturias, en atención a las peculiaridades de su condición de comunidad autónoma uniprovincial, a través de la consejería competente, y, por otro, la administración de los concejos. Asimismo, se contempla la posibilidad de que las Administraciones públicas competentes en materia de protección de la infancia y la adolescencia establezcan convenios de colaboración para la prestación de sus servicios. 28. La principal novedad con respecto a la regulación anterior es, sin duda, la atribución a los concejos de la competencia para llevar a cabo, en el ámbito territorial correspondiente, todas las actuaciones materiales, técnicas y jurídicas en situaciones de riesgo, si bien la declaración formal de riesgo sigue atribuida a la Administración autonómica. 29. En el capítulo II, «Órganos consultivos y de participación», siguiendo la amplia experiencia en participación infantil que tiene el Principado de Asturias, se crea el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia, como un órgano de participación ciudadana, integrado por niñas, niños y adolescentes y adscrito a la consejería competente en materia de infancia y adolescencia, la cual habilitará recursos para que estos puedan expresar sus sugerencias y formular sus propuestas. 30. En el capítulo III, «De la colaboración y coordinación», se tratan estas cuestiones en relación con todos los agentes que trabajan en el ámbito de la infancia y de la necesaria colaboración entre diferentes organizaciones y entidades. 31. La protección de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de toda la sociedad y obligación constitucional de los poderes públicos. Ese es uno de los propósitos de esta nueva norma, implicar a la sociedad dentro del marco de la infancia para que ocupe un lugar activo en el desarrollo y bienestar de las personas menores de edad. V 32. El título IV está dedicado a la prevención, pilar fundamental en esta ley. Se regulan las actuaciones de prevención y la sensibilización sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encomienden a las Administraciones públicas asturianas, en colaboración con las entidades de iniciativa social. 33. El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, sus familias y su entorno social, para evitar la aparición de situaciones de desprotección infantil, con especial atención a las situaciones de violencia. 34. La familia es el principal contexto de desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas, niños y adolescentes, así como el óptimo entorno para un desarrollo sano, positivo y equilibrado de estas personas. 35. Completando esta visión, se ha integrado el enfoque de la parentalidad positiva en la atención a los niños y las niñas para que padres y madres adquieran las habilidades y las capacidades adecuadas para la educación de sus hijos e hijas. Se incluye también la mediación familiar como método de resolución de conflictos basado en el diálogo. 36. La prevención se extiende a todos los ámbitos donde hay personas menores de edad: educativo, sanitario, entorno digital, justicia, ocio y deporte. VI 37. El título V, «Del sistema de protección de la infancia y la adolescencia», está estructurado en nueve capítulos y se desarrolla en torno a acciones de protección: la detección, prevención e intervención en situaciones de riesgo, el ejercicio de la guarda y la declaración de la situación de desamparo con la asunción de la tutela, el acogimiento familiar y el residencial, la delegación de guarda con fines de adopción y la adopción. 38. En el capítulo I, «Disposiciones generales», se establecen las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes en el Principado de Asturias y la intervención en situaciones de riesgo o de desamparo, en las que puedan verse involucradas e involucrados, tendentes a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida familiar normalizada, primando, en todo caso, el interés superior de la persona menor de edad. 39. Se refuerza el ejercicio de las funciones de protección por parte del personal funcionario que desarrolla su actividad profesional en los servicios sociales, atribuyéndoles la condición de agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes, para poder desarrollar adecuadamente sus funciones en situaciones de alta conflictividad. 40. En el capítulo III se aborda una de las principales novedades que recoge este texto, en cuanto a la declaración de riesgo, cuyo marco legal es la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. En las situaciones en las que el bienestar de niñas, niños y adolescentes se encuentra expuesto por circunstancias familiares y, a fin de preservar su superior interés, para evitar que la situación se agrave o derive en la separación del niño de su familia y de su entorno, se establece que la valoración e intervención de esta situación de riesgo corresponde a la Administración pública competente, competencia que esta ley atribuye a la Administración local. 41. Con esta nueva regulación se prevé, además de consensuar el proyecto de intervención familiar con progenitores, progenitoras, tutores o tutoras legales, que la omisión de la colaboración pueda derivar en la declaración de la situación de riesgo. Esta declaración ha de ser motivada y formalizarse mediante resolución administrativa de la entidad pública, que irá acompañada de un plan de intervención temporalizado. Si este plan de intervención fracasara, la norma prevé que la entidad pública valore el inicio de un procedimiento de desamparo. 42. En el capítulo IV, «De la guarda y el desamparo», la declaración de desamparo y la asunción de tutela tiene como base la instrucción de un procedimiento administrativo reglado, estableciendo plazos concretos como garantía de la ciudadanía y de la seguridad jurídica. 43. Se regula la guarda provisional con plazos concretos y muy cortos para acordarla y mantenerla vigente, como corresponde a una medida cautelar que se tiene que resolver en el plazo más breve posible. 44. En el capítulo V se regula el acogimiento familiar y residencial. Hay que tener en cuenta que el artículo 172 ter del Código Civil establece que la guarda se ejercerá mediante el acogimiento familiar y, no siendo este posible o conveniente para el interés de la persona menor de edad, mediante el acogimiento residencial. 45. En consonancia con dicho planteamiento, la sección 1.ª de este capítulo regula el acogimiento familiar, que se considera la mejor opción para lograr que un niño, una niña o adolescente se integre y participe en una familia. En esta ley se establece cómo hay que valorar la adecuación de una familia, se regulan los criterios de selección y valoración de las familias y se resalta la importancia de la formación y de la información sobre esta medida de protección, para dar mayor garantía a la declaración de adecuación para el acogimiento. Se priorizará que el niño, la niña o adolescente permanezca en su familia y su entorno y, si esto no fuera posible, la medida que lo proteja será familiar frente a residencial y estable frente a la temporal. 46. Destaca en este capítulo la regulación de las compensaciones económicas destinadas a favorecer y apoyar el acogimiento familiar de niñas, niños y adolescentes, para atender las necesidades básicas de las personas tuteladas por el Principado de Asturias con una medida de acogimiento familiar. 47. La sección 2.ª de este capítulo regula el acogimiento residencial, que se configura como subsidiario respecto de cualquier otra medida de protección. Se define un modelo de atención residencial donde se priorizan la calidad de las actuaciones, el seguimiento de modelos de excelencia en la gestión de los centros de acogimiento residencial y la importancia de la colaboración social para ofrecer a niñas, niños y adolescentes en acogimiento experiencias positivas de convivencia familiar y disfrute del ocio y tiempo libre. 48. Más aún, no se acordará acogimiento residencial respecto de niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, particularmente si presentan discapacidad intelectual, ni de los menores de diez años, salvo cuando realmente no sea posible una alternativa familiar. Por otra parte, se limita la edad mínima para el ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, estableciendo que en ningún caso se podrá ingresar en estos centros con una edad inferior a los trece años. 49. Se regulan los programas de preparación para la vida independiente, para personas menores de edad en acogimiento familiar o residencial. En el Principado de Asturias ya se vienen implementando desde el año 2010, para jóvenes que se encuentren con una medida de acogimiento residencial. Se inician dos años antes de la fecha en la que se alcanza la mayoría de edad para seguir, una vez la cumpla, en el programa de transición a la vida adulta. Serán actuaciones destinadas a potenciar su formación y habilidades para la incorporación sociolaboral. 50. El capítulo VI regula la situación de niñas, niños y adolescentes extranjeros y extranjeras no acompañados. La intervención con estas personas menores de edad perseguirá siempre de forma preferente, una vez evaluado su interés superior, su retorno a la familia de origen. Cuando ello no sea posible o conveniente, se optará por acordar una medida de protección y ejercerla en acogimiento familiar o residencial, según proceda, sin perjuicio de que la posibilidad de retorno a la familia de origen en un momento posterior se pueda materializar. 51. En el capítulo VII se recogen las pautas para la dotación de recursos y coordinación administrativa para el cumplimiento de las medidas de responsabilidad penal de los menores, de manera que se establece que desde el sistema de justicia juvenil se derivarán a los servicios sociales correspondientes aquellas posibles situaciones de riesgo o desprotección de que tengan conocimiento en virtud de su intervención, para su valoración y, en su caso, adopción de las medidas de protección oportunas. 52. En el capítulo IX, dentro de los órganos para la protección de la infancia y la adolescencia se crea la Comisión de Protección de la Infancia y Adolescencia como órgano colegiado de consulta en la adopción de medidas de protección; su composición y régimen de funcionamiento se establecerán mediante decreto. Igualmente, se regula la figura de los letrados o letradas de la Infancia y la Adolescencia, competentes para llevar a cabo en nombre de la entidad pública cuantas actuaciones resulten necesarias para la defensa ante los órganos jurisdiccionales de las medidas de protección acordadas para salvaguardar el interés superior de las personas menores de edad incluidas en el sistema de protección. 53. En el título VI se regulan las entidades colaboradoras en protección de menores y en el título VII se crean, por una parte, el Registro de Entidades Colaboradoras en Protección de Menores, de carácter público, y los Registros de Protección de Menores y de Adoptantes, ambos de carácter reservado. En coherencia con la eliminación de cargas administrativas y la simplificación administrativa, las inscripciones en estos registros se realizarán de oficio, una vez se haya dictado la oportuna resolución administrativa, y su estructura y régimen de funcionamiento se establecerán por resolución de la consejería con competencias en materia de infancia y familias. VII 54. La ley contiene ocho disposiciones adicionales, en las que se acuerda un día de celebración anual de los derechos de la infancia y la adolescencia, se garantiza la cobertura de los puestos de trabajo de atención directa a la infancia, se introduce la perspectiva de género en la planificación, desarrollo y evaluación de las medidas que se adopten en relación con la infancia, la obligación de un programa formativo especializado en infancia y adolescencia, y la adaptación de los contenidos de la ley a la lectura fácil, entre otras cuestiones. 55. Se incluyen una disposición transitoria, relativa a la tramitación de los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, y cuatro disposiciones finales. La primera modifica la Ley del Principado de Asturias 4/1984, de 5 de junio, reguladora de la iniciativa legislativa, para ampliar a los 16 años de edad la iniciativa popular ejercida mediante la presentación de proposiciones de ley; la segunda faculta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para dictar las normas de desarrollo necesarias para la aplicación de la ley, la tercera establece que las medidas incluidas en esta norma se implementarán conforme a las disponibilidades presupuestarias y contarán con la financiación suficiente para el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la presente ley y la cuarta regula la entrada en vigor de la misma. 56. En definitiva, se trata de una norma que, poniendo especial atención en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y en el reconocimiento de sus derechos, pretende regular con carácter general la atención integral que se debe prestar en los ámbitos de la prevención, la protección y la ejecución de las medidas de protección. Esta ley será un instrumento útil para la mejora de las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes que se hallen en el Principado de Asturias, con independencia de cuál sea su situación administrativa, y, especialmente, de aquellas personas menores de edad más necesitadas de protección social y jurídica. 57. Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de los recursos públicos.
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eli/es-as/l/2026/10/15/8#preambulo-pr