Art. [preambulo]

En vigor desde 1 ene 1989

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: PREÁMBULO El contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989 viene determinado por lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Española tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, entre otras, en su Sentencia de 21 de mayo de 1987. La consideración de la Ley de Presupuestos no sólo como una norma que refleja la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal durante el período de un año, sino también como un instrumento de política económica, ha facultado al legislador presupuestario para regular, con vigencia indefinida, todas las cuestiones conexas en que se sustenta el planteamiento económico del Gobierno. Consecuentemente, no se reiteran en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989 las disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988 de vigencia indefinida. Asimismo, se mantienen los criterios sistemáticos ordenadores del contenido de la anterior Ley de Presupuestos con la finalidad de permitir una más fácil utilización de este importante instrumento normativo. Desde la perspectiva del contenido de la Ley debemos destacar los siguientes aspectos: Cabe resaltar la preponderancia que dentro del Presupuesto van adquiriendo los criterios de estructuración funcional y por programas. La aprobación de los créditos está referida en la Ley a la ejecución de programas, configurados como elemento definitorio de los Estados de Gastos, con independencia de la distribución de los créditos entre los distintos Centros Gestores. Al mismo tiempo, la Ley facilita un mayor control del gasto público al plasmar en su articulado la distribución orgánica y funcional de los créditos para transferencias internas entre el Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y los Entes del Sector Público Estatal, cuya normativa confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuesto de Gastos. Ello facilita no sólo un conocimiento particularizado del destino último de los créditos del sector público estatal, sino también el control de su gestión y de su evolución. Se regula la gestión de las relaciones financieras con las Comunidades Europeas en el mismo sentido de anteriores Leyes de Presupuestos y como consecuencia de nuestra integración en aquéllas. Destaca, por su importancia, el nuevo régimen de financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social que se presta a través del Instituto Nacional de la Salud. El Estado asume, en gran medida, la carga financiera del citado Instituto mediante una aportación finalista con destino a dicha asistencia sanitaria. El régimen financiero del Instituto Nacional de la Salud cobra así una cierta autonomía dentro del régimen general de financiación de la Seguridad Social. Ello desembocará en un mejor conocimiento del gasto público y de su último destino, una ampliación de la cobertura sanitaria y una mejora en la gestión y en la calidad de las demás prestaciones propias de la Seguridad Social. La preocupación por la calidad y el ámbito de la asistencia sanitaria se advierte también en otros apartados de la Ley. Así, en el título IV se amplía la cobertura sanitaria a una serie de colectivos hasta ahora desprotegidos y, por otra parte, se utiliza la asistencia sanitaria como un criterio básico para el cálculo de la distribución de la participación de las Diputaciones Provinciales en los ingresos del Estado. En definitiva, se trata de dar un paso más para hacer efectivo el derecho a la salud a que se refiere el artículo 43 de la Constitución. Respecto de los gastos del personal activo se responde a los criterios que en materia retributiva han quedado establecidos en las modernas Leyes de Reforma de la Función Pública. En línea con anteriores Leyes de Presupuestos, los incrementos retributivos previstos superan ligeramente las tasas de inflación contempladas, facilitando el mantenimiento de los niveles adquisitivos de este sector, criterio coadyuvante al incremento de su eficiencia. En materia de pensiones públicas se inicia una aproximación entre el Régimen de Clases Pasivas y los Regímenes de la Seguridad Social. En el ámbito de la Seguridad Social se contempla asimismo un incremento de sus pensiones. Ambas medidas están encaminadas al cumplimiento del principio de garantía y adecuación del sistema de pensiones públicas que consagra el artículo 50 de la Constitución. En materia tributaria se incorporan una serie de medidas normativas que, afectando a diferentes figuras de nuestro sistema tributario, responden a la adecuación del mismo a la evolución de la inflación, al mantenimiento de la presión fiscal individual en un marco de elevación global de los ingresos tributarios, a una utilización selectiva de los estímulos e incentivos fiscales y al avance en el proceso de armonización fiscal exigido por nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, sin que ello suponga, por otra parte, la introducción de modificaciones sustantivas en su regulación. En la financiación de los Entes Territoriales se han introducido importantes novedades en la regulación de los criterios de su participación en los ingresos del Estado. Mención especial merece la regulación de la subvención del Estado al servicio de transporte colectivo urbano prestado por corporaciones locales. Se prosigue el camino de racionalización del sector público iniciado en anteriores Leyes de Presupuestos con medidas tendentes a flexibilizar y optimizar la gestión de determinadas parcelas de la actividad del sector público que permitan incrementar el nivel de dicha gestión. En este sentido podemos mencionar la transformación sufrida por el Instituto Nacional de Industria, que se configura como una Entidad de derecho público.

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eli/es/l/1988/12/28/37#preambulo-pr