Art. Preambulo

En vigor desde 11 ene 1990

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente LEY 13/1989, DE 14 DE DICIEMBRE, DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA La presente Ley, reguladora de la organización, el procedimiento y el régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña tiene como objetivo mejorar al máximo la prestación de los servicios al ciudadano mediante una Administración ágil y eficaz, cuya gestión sea un reflejo de los principios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación que deberá inspiran y presidir la actuación de sus órganos y agentes. Las normas generales sobre el procedimiento administrativo abarcan la especial organización de la Administración catalana y la regulación de su régimen jurídico y sistema de responsabilidad. Los redactores estatutarios fueron conscientes de la necesidad de dichas adaptaciones y las incluyeron ya sea entre las materias con competencia exclusiva (procedimiento administrativo, artículo 9.3), ya sea entre las materias sobre las que se puede proceder al desarrollo legislativo y a la ejecución en el marco de la legislación básica estatal (régimen jurídico y sistema de responsabilidad, artículo 10.1.1). La Ley tiene, considerada en sí misma, un carácter innovador, tanto por la inexistencia en Cataluña de ningún precedente legislativo que regule el mismo objeto material como por el conjunto de normas técnicas administrativas que en ella se recogen, extraídas en algunos casos del derecho comparado y adaptadas a nuestro entorno administrativo. Es preciso destacar aquí, por su novedad, la posibilidad de verificar la eficacia de las normas que regula el artículo 67, así como el tratamiento del silencio administrativo positivo que hacen los artículos 81 y siguientes. Dichas innovaciones no significan una ruptura, ya que recogen lo mejor de las normas administrativas actuales, e incorporan, en este sentido, a los institutos jurídicos que han demostrado validez suficiente durante su ya larga aplicación. La Ley tiene, también, una tendencia unificadora porque incopora disposiciones que existían dispersas en varias normas de la Generalidad; con ello facilita la labor de los operadores jurídicos y garantiza a los administrados el principio de seguridad jurídica, mediante su positivización concreta y unificada. Asimismo, la Ley no cae en la casuística de querer regularlo todo desde el inicio hasta el fin, y si la importancia de un órgano determinado lo exige, como en el caso de la Comisión Jurídica Asesora, la Ley remite a la normativa específica de dicho órgano. Una vez aprobada, la presente Ley será una pieza clave en la estructuración de la Administración de la Generalidad, fundamentada en la competencia exclusiva de autoorganización reconocida en nuestro Estatuto, manifestación indispensable de una auténtica autonomía política.

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eli/es-ct/l/1989/12/14/13#preambulo-preambulo