Art. [preambulo]
En vigor desde 29 ene 2023
LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El tiempo libre educativo, entendido como el conjunto de actividades y experiencias que se realizan en el tiempo libre durante la infancia y la juventud con una intencionalidad pedagógica, fuera de los ámbitos escolar y familiar, se ha convertido en una necesidad y en un derecho en nuestra sociedad actual. Mediante las actividades en el tiempo libre o las estancias en instalaciones destinadas al colectivo, niños, niñas y jóvenes disfrutan de un espacio complementario de integración social donde aprenden valores cívicos, se desarrollan personalmente y se forman como ciudadanos y ciudadanas comprometidos.
En las Illes Balears, el tiempo libre educativo tiene una gran tradición, gracias principalmente a la tarea de entidades juveniles basadas en el voluntariado, la participación y la transformación social. Prueba del interés que siempre ha generado el tiempo libre educativo en las Islas es que ya en los primeros años de la autonomía se empezó a reglamentar esta materia y que, en el año 2006, con la primera ley integral de juventud de esta comunidad autónoma, la regulación del tiempo libre educativo logró rango de ley.
En paralelo, el reconocimiento del derecho de niños y jóvenes a un tiempo libre educativo de calidad y en condiciones de seguridad se ha ido reflejando en varias normas y tratados, nacionales e internacionales.
Así, el artículo 31 de la Convención sobre los derechos de la infancia, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, reconoce el derecho de la infancia al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
En términos similares, el artículo 32 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ratificada por España el 6 de noviembre de 2007, recoge que la juventud tiene derecho al ocio y al tiempo libre, a viajar y a conocer otras comunidades en los ámbitos nacional, regional e internacional, como mecanismo para promover el intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico, para lograr el conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad cultural y la solidaridad.
El apartado 3 del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea establece como objetivo de la Unión la protección de los derechos de la infancia. Asimismo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza la protección de los derechos de la infancia por parte de las instituciones y países europeos en la aplicación del Derecho de la Unión.
Más recientemente, la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, ha establecido en el artículo 44 que las personas menores de edad tienen derecho al juego, al deporte y al tiempo libre como elementos esenciales de su desarrollo en condiciones de igualdad.
Esta ley, por lo tanto, tiene el objetivo de garantizar todos estos derechos y establecer los requisitos para garantizar la calidad y la seguridad que ha tener el tiempo libre educativo en la comunidad autónoma para que logre sus finalidades pedagógicas.
II
El artículo 39 de la Constitución Española, en los apartados 1 y 4, establece que los poderes públicos tienen que asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y que la infancia disfrute de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. A su vez, el apartado 3 del artículo 43 dispone que los poderes tienen que facilitar una utilización adecuada del tiempo libre. Finalmente, el artículo 48 dispone que los poderes públicos tienen que promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social y cultural.
En las Illes Balears, el artículo 12, apartado 3, del Estatuto de Autonomía reafirma, en el marco de las competencias de la comunidad autónoma, los derechos fundamentales que emanan de la Constitución, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de los tratados y los acuerdos sobre la materia ratificados por el Estado. Asimismo, el artículo 16, relativo a derechos sociales, recoge en el apartado 3 que la actuación de las administraciones públicas se tiene que centrar primordialmente, entre otros aspectos, en la protección de la persona menor de edad y en la articulación de políticas que garanticen la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Ya en el ámbito competencial, el apartado 1, subapartado 19, del artículo 148 de la Constitución establece que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de promoción del deporte y del uso adecuado del tiempo libre.
El artículo 30 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears otorga a la comunidad autónoma de las Illes Balears la competencia exclusiva en las materias siguientes: deporte y tiempo libre; fomento, planificación y coordinación de las actividades deportivas y de tiempo libre (apartado 12); juventud; diseño y aplicación de políticas, planes y programas destinados a la juventud (apartado 13); acción y bienestar social (apartado 15); y protección de menores (apartado 39). Asimismo, de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto, la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, mientras que normalizar su uso tiene que ser un objetivo de los poderes públicos de la comunidad.
En el marco de las competencias de los apartados 12 y 13 del artículo 30, la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, reguló por primera vez el tiempo libre educativo con una norma con rango legal.
Esta ley recogió décadas de reglamentación previa que empezó con la aprobación del Decreto 16/1984, de 23 de febrero, sobre reconocimiento de escuelas de educadores de tiempo libre, y continuó con la Orden del consejero adjunto a la Presidencia de 2 de agosto de 1988, de desarrollo del Decreto 16/1984, de 23 de febrero; y con la Orden del consejero adjunto a la Presidencia de 14 de marzo de 1990, relativa a cursos de formación de monitores y directores de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
En el ámbito de las actividades de tiempo libre, la primera reglamentación propia fue mediante el Decreto 29/1990, de 5 de abril, de regulación de actividades de tiempo libre infantiles y juveniles; al cual siguieron el Decreto 129/2005, de 16 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de tiempo libre infantiles y juveniles; y el Decreto 18/2011, de 11 de marzo, por el cual se establecen los principios generales que rigen las actividades de tiempo libre infantiles y juveniles que se desarrollen al ámbito territorial de las Illes Balears.
De una manera más tardía, el Decreto 58/2011, de 20 de mayo, por el cual se establecen los principios generales en materia de instalaciones juveniles radicadas en el ámbito territorial de las Illes Balears, estableció por primera vez las bases generales en materia de instalaciones juveniles radicadas en las Illes Balears.
Siete años más tarde de este último decreto, toda la normativa de desarrollo de principios generales en el ámbito del tiempo libre educativo quedó unificada en un único reglamento, el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el cual se desarrollan diversos aspectos de la normativa de juventud y de tiempo libre –modificado por la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, y por el Decreto 28/2021, de 10 de mayo, de modificación del Decreto 23/2018–, que permanecerá vigente en todo lo que no se oponga a lo establecido en esta ley.
A todo este desarrollo normativo hay que añadir el producido por los consejos insulares, a partir de la entrada en vigor de la Ley 21/2006, de 15 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de juventud y tiempo libre, en virtud de las competencias propias que el artículo 70 otorga a los consejos insulares en los apartados 9 y 16. Hay que mencionar en este sentido los reglamentos de regulación de las actividades de tiempo libre infantil y juvenil en los ámbitos de Ibiza (BOIB núm. 40 de 19/03/2011), de Formentera (BOIB núm. 145 de 27/09/2011, con modificación BOIB núm. 146 de 24/10/2013), así como el Reglamento de las instalaciones de los campamentos juveniles de Menorca (BOIB núm. 180 de 23/12/2008).
En el caso de Mallorca, la transferencia llegó por medio del Decreto 26/2018, de 3 de agosto, de traspaso al Consejo Insular de Mallorca de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de esta institución insular que ejerce la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de juventud y tiempo libre, que entró en vigor el 1 de octubre de aquel año.
Además de la normativa en materia de tiempo libre mencionada, en la elaboración de esta ley se han tenido en cuenta especialmente: la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia; la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears; la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Illes Balears; y, por lo que respecta a la promoción de los valores de la igualdad y de respeto a la diversidad, la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia; y la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.
Esta ley reconoce asimismo el régimen jurídico-administrativo especial de Formentera y la insularidad específica de este territorio del archipiélago, caracterizado por una realidad geográfica particular que también incide en las políticas de tiempo libre. Igualmente se reconoce, también en materia de políticas de tiempo libre, que habrá actuaciones o actividades que, debido a la evidencia de la insularidad estructural de Formentera, exigirán la cooperación, por razones obvias, por carencia de infraestructuras, servicios, equipamientos, bienes y recursos en Formentera, del Gobierno de las Illes Balears, y que solo se podrán disfrutar por la juventud de Formentera sólo a partir de las infraestructuras, los servicios, los equipamientos, los bienes y los recursos existentes en la vecina isla de Ibiza, si bien lo ideal es que se puedan disfrutar en Formentera. En consecuencia, la ley es sensible a las diversidades derivadas de la insularidad propia de Formentera, con algunas manifestaciones en materia de tiempo libre educativo, y sobre todo reconoce la dependencia física estructural de Formentera hacia la isla de Ibiza, sin perjuicio de la plena igualdad institucional de los dos consejos insulares existentes en las Pitiusas, y con el resto del archipiélago. A causa de estas razones geográficas se prevé que el Gobierno de la comunidad autónoma pueda acordar con el Consejo lnsular de Ibiza las fórmulas pertinentes para que este coopere con el Consejo lnsular de Formentera en ámbitos determinados relacionados con las políticas de tiempo libre, sin perjuicio de las relaciones bilaterales que se puedan establecer asimismo entre los consejos insulares de Ibiza y de Formentera.
III
Como prácticamente en todas las legislaciones de las comunidades autónomas (a excepción de Cataluña y de Cantabria), la regulación del tiempo libre educativo se ha incorporado históricamente en un apartado específico de la ley de juventud. El motivo es que el tiempo libre ha sido siempre una política propia y una competencia directa de los departamentos de juventud de cada administración.
Sin embargo, la realidad del tiempo libre educativo en las Illes Balears demuestra que abarca mucho más que a la población joven. Solo a modo de ejemplo, la práctica totalidad de las actividades de tiempo libre educativo para niños, niñas y jóvenes declaradas en los departamentos de juventud de los consejos insulares cuentan con participantes de entre 6 y 12 años, mientras que las personas usuarias de las instalaciones hasta ahora llamadas juveniles, a excepción de los albergues, son empleadas principalmente por niños y niñas menores de 14 años.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la infancia y la adolescencia, se entiende por infancia el periodo de vida comprendido entre el nacimiento y los 12 años; y por adolescencia, el que abarca de los 13 años a la mayoría de edad. A su vez, las Naciones Unidas establecen que la juventud es un colectivo amplio y heterogéneo que comprende las personas de entre 15 y 24 años. La Unión Europea amplía esta franja a las personas de entre 15 y 29 años, la misma que se emplea en las estadísticas estatal y de las Illes Balears. Sin duda, este colectivo tiene unas necesidades y demandas muy diferentes a las de la infancia.
Vistos los diferentes colectivos a que van dirigidas, se hace necesario separar la regulación del tiempo libre que se hace con menores de edad de la regulación de las políticas de juventud, que se orientan principalmente a facilitar la emancipación de las personas jóvenes. Con este objetivo, se han tramitado casi simultáneamente ambas normas, para dar respuesta a las necesidades de cada caso.
IV
Diversos son los motivos que impulsan la necesidad de aprobar una ley que regule específicamente el tiempo libre de niños, niñas y jóvenes.
El primero, otorgar al tiempo libre un lugar propio vista la importancia que tiene en el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes y garantizar el derecho al tiempo libre previsto en el artículo 44 de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la infancia y la adolescencia, y asegurar, además, su acceso en condiciones de equidad, con independencia de las circunstancias personales o familiares de las personas participantes, teniendo en cuenta el interés superior de la persona menor de edad.
En materia de equidad, era necesario determinar que el Gobierno de las Illes Balears, los consejos insulares y los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, tienen que establecer programas, ayudas y precios públicos bonificados para facilitar la participación de niños, niñas y jóvenes en las actividades y los servicios del tiempo libre educativo, independientemente de sus circunstancias personales o familiares.
En cuanto a la accesibilidad, era también necesario adaptar la regulación del tiempo libre educativo a las previsiones de la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears. De este modo, se tiene que prever expresamente la obligación de todas las entidades de aplicar el principio de igualdad en las actividades de tiempo libre y permitir su acceso a personas con diversidad funcional y cognitiva, así como un sistema de ayudas para garantizar el cumplimiento.
Las administraciones públicas deben establecer líneas de ayudas destinadas a las entidades sin ánimo de lucro del tiempo libre educativo infantil y juvenil para poder realizar actuaciones de promoción de la accesibilidad, de supresión de barreras existentes y de mejoras de ajustes razonables en materia de accesibilidad universal, para garantizar la accesibilidad a las personas con diversidad funcional y cognitiva.
En segundo término, y tal como se ha explicado en el punto III de esta exposición de motivos, era necesario separar de la ley de juventud la regulación del tiempo libre educativo, que también afecta principalmente a niños y niñas. Sin duda, el tiempo libre educativo forma parte de las políticas de juventud, pero mantener la situación como hasta ahora era incompatible con el hecho de considerar la juventud como una etapa única y llena, con necesidades y demandas diferenciadas.
También era necesario delimitar el ámbito competencial del Gobierno de las Illes Balears y de los consejos insulares, una vez que ya se ha producido la descentralización total de las políticas de tiempo libre a las institucionales insulares, en desarrollo del Estatuto de Autonomía. En este sentido, la ley establece claramente que cada consejo insular será competente para hacer el seguimiento de las actividades, escuelas o instalaciones que se desarrollen o estén en su territorio, incluso cuando se declaren de interés autonómico y esto pueda suponer que la gestión vaya a cargo del Gobierno de las Illes Balears o del Instituto Balear de la Juventud.
Hacía falta también actualizar los elementos que garanticen la seguridad y la calidad de las actividades y la adecuada formación de los responsables en esta materia, teniendo en cuenta a las personas que son destinatarias. En este sentido, se indican los requisitos mínimos que deben tener los servicios, las actividades y los responsables de estos sometidos a esta ley.
Igualmente, y dado que tanto los servicios como las actividades se rigen por el régimen de presentación de declaración responsable para funcionar, había que establecer los efectos anunciados en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, para el caso que se detecten inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial. En este sentido, y visto el mandato de protección superior de la persona menor de edad, se dispone que los consejos insulares podrán, en estas circunstancias, no solo suspender la actividad vigente, sino también determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un máximo de dos años, con efectos en todo el territorio de las Illes Balears.
Finalmente, había que actualizar el régimen sancionador en materia de tiempo libre previsto en la Ley 10/2006, desde varios puntos de vista. Por un lado, para reforzar el papel del personal inspector y atribuirle la facultad de adoptar medidas cautelares en casos de urgencia. Por otro, para hacer una mayor concreción de las diferentes infracciones posibles y adecuarlas a la realidad observada en el ejercicio de la potestad de control. Asimismo, había que establecer el régimen de reducción de sanciones en las circunstancias previstas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Finalmente, se tenían que adaptar los principios y el procedimiento en este sentido a las regulaciones en materia sancionadora previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público.
A la hora de plantear una nueva regulación del tiempo libre educativo, se descartó cualquier norma con un rango inferior a la ley. Era imprescindible que aspectos como el régimen sancionador o el establecimiento de las consecuencias que tienen los incumplimientos más graves en materia de declaración responsable se regularan por una norma con rango legal, y más teniendo en cuenta que el tiempo libre ya está regulado actualmente por una norma de estas características.
V
En cuanto a la estructura, la ley se divide en siete títulos numerados, distribuidos en 82 artículos, nueve disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.
El título I delimita el objeto principal de la norma, que es reconocer y desarrollar el derecho de niños y jóvenes a disfrutar de un tiempo libre de calidad, en condiciones de equidad. Asimismo, define el concepto de tiempo libre infantil y juvenil y reconoce expresamente su carácter educativo y su contribución al desarrollo integral de niños y niñas y jóvenes.
También se especifican los sectores de aplicación de la ley –formación en el tiempo libre educativo y las escuelas que la imparten, actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, profesionales del tiempo libre educativo e instalaciones infantiles y juveniles– y se configuran los principios rectores que tienen que regir las actuaciones en estos ámbitos: la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres y el respecto a la pluralidad por la orientación sexual, la expresión o la identidad de género; la adecuación de las actividades y los servicios a la edad y a las circunstancias de las personas participantes, la calidad, el fomento de los derechos humanos universales, la innovación, la investigación y la acción; la evaluación y la autoevaluación, la colaboración y la coordinación con las instituciones implicadas y el impulso de la lengua catalana como la lengua vehicular de las actividades de tiempo libre educativo.
El título II se divide en dos capítulos. El primero delimita las competencias de las administraciones implicadas, respetando la distribución de competencias que prevé el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, teniendo en cuenta que en materia de juventud y tiempo libre la descentralización es total, al haberse transferido estas funciones a los consejos de Menorca, de Ibiza y de Formentera el 1 de enero de 2007, y al Consejo de Mallorca el 1 de octubre de 2018. Para evitar una duplicidad de órganos, la ley establece que la coordinación entre todas ellas se tiene que hacer mediante los órganos que se puedan crear o que ya existan con este objetivo.
Asimismo, en el capítulo II se configuran el Consejo de Infancia y Familia, el Consejo de la Juventud de las Illes Balears y el Consejo asesor de formación en el tiempo libre educativo como órganos de consulta en materia de tiempo libre infantil y juvenil.
El título III aborda la regulación de la formación en el tiempo libre educativo infantil, que es definida como aquel ámbito de la educación no formal que tiene como finalidad el aprendizaje y la adquisición de competencias y habilidades mediante actividades y técnicas orientadas a la adecuada utilización del tiempo libre infantil y juvenil.
Asimismo, regula los requisitos para funcionar como centro encargado de impartir esta formación, así como la red de escuelas de formación en el tiempo libre educativo infantil y juvenil y el censo que las aglutina, tanto de alcance insular como autonómico. En este sentido, la ley consolida el modelo de coexistencia de los dos tipos de centros que imparten actualmente la formación en el tiempo libre, desde que en el año 2011 se aprobaron sus certificados de profesionalidad: por un lado, las escuelas reguladas por la normativa de juventud, con décadas de tradición pedagógica; y, por otro, los centros acreditados por el Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB) para impartir los certificados mencionados, sin perjuicio de la que se ofrece en el sistema educativo por medio de la Formación Profesional. Cada tipo de centro da respuesta a las necesidades de formación en este ámbito de colectivos diferenciados. Así, el SOIB dirige estos cursos principalmente a personas en paro, mientras que las escuelas reguladas por los departamentos competentes en materia de juventud normalmente son entidades vinculadas al mundo del tiempo libre que suelen tener como destinatarias personas voluntarias o empresas del mismo sector del tiempo libre educativo, que realizan esta formación como complemento de su tarea. Sin embargo, mediante la disposición adicional tercera se abre la puerta al establecimiento de un sistema unificado de reconocimiento de escuelas y de acreditación de centros del SOIB, así como diferentes medidas de apoyo para facilitar la acreditación de las escuelas como centros para impartir certificados de profesionalidad. Finalmente, en este título se establece la necesidad de crear un registro de personas diplomadas como personal monitor o director de tiempo libre educativo.
En el título IV se regulan las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, que son definidas como aquellas acciones realizadas en el tiempo libre dirigidas específicamente a menores de edad, a partir de tres años, que tienen la finalidad de favorecer la participación social, la diversión, la formación, el descanso y las relaciones sociales. Como novedad, se definen las condiciones de accesibilidad que tienen que tener estas actividades, de acuerdo con la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears, y se prevé expresamente que las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil organizadas por cualquier entidad o institución tienen que cumplir el principio de igualdad de oportunidades y garantizar la participación de niños, niñas y jóvenes con un grado de dependencia reconocido y/o diversidad funcional y cognitiva, en los términos que se especifiquen reglamentariamente. También como novedad, se prevé expresamente la prohibición de consumir alcohol, tabaco y otras sustancias, o de realizar comportamientos que impliquen un patrón adictivo, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 4/2005, de 29 de abril, sobre drogodependencias y otras adicciones en las Illes Balears, y lo recogido en el anteproyecto de ley sobre el abordaje integral de las adiciones en las Illes Balears.
Al igual que ocurría con la normativa anterior, se fija que la declaración responsable para el inicio de la actividad se tiene que presentar con una antelación mínima de quince días naturales. El motivo es la necesidad de los departamentos de juventud de los consejos insulares de tener información previa suficiente para poder planificar los controles posteriores, teniendo en cuenta que las actividades que se organizan tienen una duración media de un mes y medio en verano; o de días, en el caso de las programadas para las fiestas de pascua o de navidad. Dado que el colectivo al que van dirigidas es menor de edad, es necesario proteger al máximo sus intereses y garantizar que las posibles deficiencias que presenten se corrijan con la máxima celeridad.
El título V establece los requisitos mínimos que deben tener las instalaciones infantiles y juveniles, definidas como aquellas infraestructuras destinadas a la pernocta o a la realización de actividades de tiempo libre educativo o de tiempo libre de niños, niñas y jóvenes, con el fin de facilitar la convivencia, el alojamiento, la formación o la utilización adecuada del tiempo libre. Se especifica que quedan excluidas de esta definición las que no están dedicadas en exclusiva a la infancia y la juventud, y se indican los requisitos mínimos para la apertura de estas infraestructuras, que se tienen que desarrollar mediante normas reglamentarias. También como novedad, se establecen prohibiciones en materia de consumo de productos del tabaco, bebidas alcohólicas o de realización de conductas con un patrón adictivo, a fin de que estas instalaciones sean libres de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas, vistos sus efectos nocivos sobre niños y jóvenes.
El título VI, destinado a los profesionales, los servicios y los agentes del tiempo libre educativo infantil y juvenil, supone toda una novedad en la regulación del tiempo libre educativo. En el capítulo I se definen como profesionales del tiempo libre educativo infantil y juvenil el colectivo conformado por los monitores y las monitoras y los directores y las directoras que trabajan en las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil que regula esta ley y la normativa de desarrollo. Asimismo, se especifica que el colectivo de profesionales del tiempo libre educativo infantil y juvenil son también profesionales del ámbito de la juventud.
El capítulo II aborda de pleno los servicios de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Se definen como aquellos servicios que prestan de manera regular y continuada las administraciones públicas para cumplir las finalidades establecidas en el artículo 1 de esta ley. Los artículos posteriores regulan las llamadas carteras de servicios del tiempo libre educativo infantil y juvenil, que son los instrumentos que determinan el conjunto de servicios y recursos destinados a niños, niñas y jóvenes que tienen que gestionar las administraciones públicas de las Illes Balears, con el objetivo de prestar una atención territorializada y equilibrada en todas las islas; así como la cartera del Gobierno de las Illes Balears y sus entes dependientes y las otras que se puedan aprobar en el ámbito insular y local.
El capítulo III está dedicado a los agentes de la iniciativa privada que trabajan en el tiempo libre educativo infantil y juvenil.
La sección primera reconoce expresamente la tarea de las entidades sin ánimo de lucro y establece que las administraciones públicas, en el marco de las competencias respectivas, tienen que proteger y fomentar la iniciativa privada sin ánimo de lucro en materia de tiempo libre educativo infantil y juvenil, especialmente la que llevan a cabo los centros de esparcimiento, agrupaciones u otros movimientos juveniles basados en el voluntariado y en la participación. Por su parte, la sección segunda define la iniciativa privada con finalidad lucrativa. Finalmente, la sección tercera regula el régimen de actuación de la iniciativa privada en los servicios de tiempo libre educativo infantil y juvenil de carácter público, mediante las siguientes fórmulas: gestión directa, régimen de concierto previsto en esta ley, gestión indirecta en el marco de la normativa de contratación del sector público y convenios con entidades sin ánimo de lucro.
El título VII, dedicado al régimen sancionador, se divide en cuatro capítulos. En el primero se regula la inspección en materia de tiempo libre y el personal que la lleva a cabo, al cual se dota de la facultad de aprobar medidas cautelares de cierre o de suspensión cuando detecte infracciones manifiestas que pongan en peligro la seguridad de las personas participantes. El capítulo II regula el régimen de infracciones, que queda concretado después de que la práctica sancionadora pusiera de manifiesto que algunas eran demasiado genéricas, lo cual vulneraba la seguridad jurídica. El capítulo III regula las sanciones y, finalmente, el capítulo IV regula el procedimiento de la potestad sancionadora, que queda totalmente adaptado a las previsiones de las nuevas leyes del régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; así como la posibilidad de reducirlas en un 50% si se dan las circunstancias que se prevén.
La ley se completa con diferentes disposiciones.
Las disposiciones adicionales primera y segunda se refieren a la difusión de la ley que tienen que realizar las administraciones públicas y a la adaptación que tiene que hacer la normativa vigente de las nomenclaturas que establece la nueva norma.
La disposición adicional tercera prevé la posibilidad de instaurar un sistema unificado para acreditar las escuelas de formación en el tiempo libre educativo como centros preparados para impartir certificados de profesionalidad a que se ha hecho mención más arriba.
La disposición adicional cuarta prevé que todos los órganos colegiados de las administraciones públicas y de sus entes instrumentales que prevé esta ley y los otros que se puedan crear tienen que respetar el principio de paridad y tienen que buscar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, mientras que la disposición adicional quinta instaura la aplicabilidad en el sector del tiempo libre de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente la violencia.
A su vez, la disposición adicional sexta otorga capacidad de obrar a las entidades sin personalidad que llevan a cabo servicios, actividades u otras actuaciones sujetas a esta ley, a los efectos de lo previsto en el artículo 3, apartado c), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Finalmente se han añadido nuevas disposiciones adicionales referidas a la cesión de espacios a entidades de iniciativa social en el ámbito del tiempo libre educativo infantil y juvenil; al establecimiento de precios públicos por los servicios ofrecidos por el Gobierno o sus entidades instrumentales; y, finalmente, se hace una mención al régimen especial de Formentera.
Mediante las cuatro disposiciones transitorias se regula el régimen transitorio que se tiene que aplicar a los ámbitos que pasan a estar sujetos a esta ley. La primera establece que la ley no es aplicable a las infracciones cometidas antes de su entrada en vigor, salvo que sea más favorable para el infractor o la infractora; ni a los procedimientos iniciados con la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud.
La disposición transitoria segunda determina que el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el cual se desarrollan diversos aspectos de la normativa de juventud y de tiempo libre, será totalmente vigente en todo lo que no contradiga esta ley, hasta que otro decreto de principios generales lo sustituya, si procede; y que, mientras no se haga el desarrollo reglamentario previsto en la disposición final sexta, al conjunto de actividades, servicios, escuelas e instalaciones recogidos en esta ley le serán aplicables los títulos preliminar, primero, segundo, tercero y cuarto del Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el cual se desarrollan diversos aspectos de la normativa de juventud y de tiempo libre, en todo lo que no contradiga lo establecido en esta ley.
Las dos últimas disposiciones transitorias se refieren al plazo para cumplir con la obligación del personal docente de las escuelas de formación en el tiempo libre educativo infantil y juvenil de acreditar los conocimientos de catalán establecidos, y al régimen transitorio aplicable a las instalaciones consideradas albergues juveniles de acuerdo con la normativa anterior.
Por otro lado, la disposición derogatoria única menciona expresamente las normas y los apartados de estas normas que se derogan con la ley; entre ellas, la ley deroga la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud. Asimismo, se derogan varios preceptos de la Ley 21/2006, de 15 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de juventud y tiempo libre, y del Anexo del Decreto 26/2018, de 3 de agosto, de traspaso al Consejo Insular de Mallorca de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de esta institución insular que ejerce la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de juventud y tiempo libre, para evitar las situaciones de duplicidad que ha generado el hecho de que estas normas reservaran determinados servicios al Gobierno en vulneración de lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
Mediante las tres primeras disposiciones finales se modifican varios decretos. La disposición final primera modifica el Decreto 15/2003, de 14 de febrero, por el cual se crea el Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears, y se regula el funcionamiento para introducir en la composición del órgano una vocalía de la Dirección General de Política Lingüística y dos personas representantes de las entidades de tiempo libre integradas en el Consejo de la Juventud de las Illes Balears. Es importante que el sector del tiempo libre juvenil esté representado en este consejo que pretende la defensa de los intereses de niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, por medio de la disposición final segunda se modifica el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se desarrollan diversos aspectos de la normativa de juventud y de tiempo libre, para adaptarlo a los cambios que introduce esta ley. Además, introduce un nuevo artículo 43 bis relativo a obligaciones en materia de accesibilidad, y una nueva disposición adicional décima que establece que los cursos de director/directora y de monitor/monitora tienen que impartir contenido específico relacionado con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia.
A su vez, la disposición final tercera modifica el Decreto 26/2018, de 3 de agosto, de traspaso al Consejo Insular de Mallorca de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de esta institución insular que ejerce la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de juventud y tiempo libre, para determinar que el Gobierno de las Illes Balears solo tendrá potestad de inspección sobre aquellos servicios que sean de carácter suprainsular, dejando en manos de los consejos insulares las referentes a las instalaciones de tiempo libre y juveniles, actividades de tiempo libre educativo, escuelas de formación y cursos de formación en el tiempo libre educativo infantil y juvenil. Finalmente, se incluye en el decreto una nueva disposición adicional undécima para prever formación en lengua catalana para aquel personal de dirección o para los monitores o las monitoras de actividades de tiempo libre educativo que no tengan conocimientos de esta.
La disposición final cuarta modifica el apartado G) en la «Definición de las actividades reguladas en la matriz de ordenación del suelo rústico», contenida en el anexo I de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias.
Por su parte, mediante la disposición final quinta se modifica la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears.
Las disposiciones finales sexta y séptima regulan el desarrollo reglamentario de la ley y la deslegalización de las modificaciones de las disposiciones finales primera, segunda y tercera.
Finalmente, la ley se cierra con la disposición final octava, que dispone que la nueva ley entra en vigor al mes de haberse publicado.
VI
El artículo 49 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, el Gobierno de las Illes Balears tiene que actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y simplificación, establecidos en la normativa estatal básica. La exposición de motivos o el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, tienen que informar sobre la adecuación a estos principios.
La necesidad y la eficacia se han puesto de manifiesto en el apartado IV, donde se han especificado los objetivos de la nueva norma y la manera de darles cumplimiento. En cuanto a la proporcionalidad, se ha explicado que se recurre a una ley para regular varias materias que tienen reserva legal y se ha regulado el mínimo imprescindible para garantizar un tiempo libre de calidad y seguro para los y las participantes. En virtud del principio de seguridad jurídica, la nueva regulación es coherente con los tratados de derechos de niños, niñas y jóvenes y ha tenido en cuenta lo previsto en la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la infancia y la adolescencia; en la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal; e incluso en el anteproyecto de la ley sobre el abordaje integral de las adiciones en las Illes Balears, respetando el sistema competencial establecido en el Estatuto de Autonomía. Todo el procedimiento ha sido público y se ha contado con la participación de los agentes implicados en el sector, de los consejos insulares y otras instituciones, y se ha optado por hacer una redacción entendedora para facilitar su aplicación y comprensión. El principio de eficiencia queda garantizado con la imposición de las mínimas cargas administrativas, consolidando el modelo de presentación de declaración responsable y de control posterior, y se ha estudiado el impacto económico que tendrán las nuevas obligaciones para las entidades afectadas. Finalmente, en cumplimiento de los principios de calidad y simplificación se ha optado por hacer un texto con lenguaje entendedor y se ha unificado en una única ley la regulación legal del tiempo libre educativo para facilitar su consulta y aplicación.
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Proeli/es-ib/l/2022/12/23/10#preambulo-pr