Art. 3. Marco estratégico
En vigor desde 29 mar 2018
En su reunión del 28 de abril de 2017, el Gobierno acordó la remisión a la Comisión Europea del Programa de Estabilidad de España 2017-2020 y del Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2017, en cumplimiento de las obligaciones europeas. El objetivo es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto. En ambos documentos, el Gobierno explica la evolución reciente de la economía española, el grado de avance en su agenda de reformas y el cumplimiento de las recomendaciones específicas formuladas por el Consejo Europeo en julio de 2016, además de exponer el escenario macroeconómico y fiscal a medio plazo.
El Programa de Estabilidad prevé un escenario macroeconómico con un crecimiento económico sostenible y equilibrado, basado en unos supuestos realistas y prudentes. La actualización mejora las previsiones de crecimiento del PIB y del empleo respecto de la anterior revisión, que mantiene a España a la cabeza del crecimiento entre los países desarrollados. La nueva proyección estima un crecimiento medio anual en estos cuatro años del 2,5% (desde el 2,7% este año hasta el 2,4% en 2019 y 2020) y una tasa similar para el empleo, lo que permitirá la creación de medio millón de puestos de trabajo anuales. La tasa de paro se reducirá al 11,2% a finales de 2020, el nivel más bajo desde mediados de 2008, es decir, al inicio de la recesión.
El Programa Nacional de Reformas 2017 (PNR 2017) tiene en cuenta las líneas prioritarias definidas por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura (el compromiso con la consolidación fiscal responsable y profundizar en las reformas estructurales necesarias para crecer, crear empleo y avanzar en la mejora de la competitividad de la economía española) y el actual entorno institucional, determinado por la necesidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para poner en marcha las reformas y la implicación de las Comunidades Autónomas tras los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada el 17 de enero de 2017, en especial las referidas a las Políticas de Empleo.
Respecto a las nuevas medidas, el Gobierno mantiene como prioridades el crecimiento y la creación de empleo para consolidar los avances conseguidos. Para ello resulta fundamental mantener la dirección de la política económica de los últimos años, en particular, en lo que se refiere al compromiso con una consolidación fiscal responsable y al mantenimiento de las reformas estructurales, que están dando resultados.
En todo caso, las reformas a futuro que incluye este PNR 2017 coinciden con las prioridades recogidas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017, elaborado por la Comisión Europea, punto de partida para la elaboración de los Programas Nacionales de Reformas: reformas estructurales para modernizar nuestras economías y una política fiscal responsable. Además, se hace referencia a la dimensión europea y a las reformas que España considera prioritarias en ese ámbito.
El PNR 2017 indica que las reformas emprendidas han permitido que la economía española recupere la confianza de los mercados internacionales y gane en eficiencia, flexibilidad y capacidad de competir.
Igualmente, para dar cumplimiento a las Recomendaciones del Consejo, durante 2017 se ha seguido trabajando para mejorar las políticas activas de empleo, especialmente respecto a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como jóvenes y parados de larga duración. En este sentido, para programar, ejecutar, financiar y evaluar las políticas activas de empleo y de intermediación en el conjunto del Estado durante los últimos años resultó clave la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, así como los Planes Anuales de Política de Empleo que permitieron mejorar la integración de los desempleados en el mercado de trabajo y avanzar en la coordinación y homogeneización de los servicios públicos de empleo.
Una vez finalizada la vigencia de la EEAE 2014-2016, con la aprobación de la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020, que persigue dar un paso más allá, poniendo el centro de las actuaciones en desarrollar y poner a disposición de todos los agentes del Sistema Nacional de Empleo nuevas herramientas, infraestructuras o sistemas de información, o en mejorar los ya existentes, de forma que la utilización de medios comunes y el intercambio de experiencias y buenas prácticas constituyan los mejores vectores para la modernización del Sistema. Asimismo, incorpora las recomendaciones que se derivan de la primera evaluación de los factores que inciden en el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo, realizada en 2016 en el marco de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo (Red SPE-UE), y resulta coherente con la Agenda de Cambios que impulsa esta misma Red Europea para el segundo ciclo de evaluación. De esta manera, la nueva Estrategia parte de una planificación operativa y una programación de los proyectos y medidas vertebradores del Sistema de forma que la planificación y evaluación de las políticas activas en base a resultados sea una de sus líneas de actuación prioritarias, como así fue expresamente acordado en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017.
La finalidad última de la Estrategia es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación, de conformidad con los principios recogidos en la misma. Para conseguir esta finalidad, la Estrategia establece tres tipos de objetivos, que se recogen en este Plan 2018: objetivos clave, objetivos estratégicos o prioritarios y objetivos estructurales.
El presente Plan 2018 incluye la relación y descripción conceptual de los indicadores que se utilizarán para medir el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos durante el correspondiente período de tiempo, tal y como se prevé expresamente en la Estrategia 2017-2020.
Por otra parte, el Plan 2018 establece la previsión de los servicios y programas de políticas para la activación de empleo que se proponen llevar a cabo los servicios públicos de empleo. Estos servicios y programas dan cobertura a los Ejes establecidos en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo, y se diseñan y desarrollan por las comunidades autónomas y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus competencias, teniendo en cuenta los contenidos comunes establecidos en la normativa estatal de aplicación.
El Plan 2018 tiene presente, asimismo, que durante el pasado año se pusieron en marcha medidas concretas para dotar de mayor eficacia a las políticas activas de empleo y para mejorar la capacidad de los Servicios Públicos de Empleo. En este sentido, la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 ha supuesto un incremento de recursos financieros para España, que prioritariamente deberán ser utilizados en el ámbito del empleo juvenil. En este contexto, se ha dado un impulso adicional al Sistema Nacional de Garantía Juvenil con medidas que favorecen el acceso y la inscripción de jóvenes al mismo y mejoran su gestión, que pasa al ámbito de los servicios públicos de empleo.
Asimismo, el Plan 2018 tiene en cuenta la aprobación del Programa de Acción Conjunta para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración, que persigue ofrecer una atención y asesoramiento a estos desempleados, mejorando su empleabilidad e integración laboral, y del Programa de Activación para el Empleo. Ambos programas se dirigen a desempleados de larga duración, que reciben una prestación económica condicionada a la participación en políticas activas de empleo. El Plan 2018 establece también objetivos e indicadores referidos al nuevo Sistema de Formación Profesional para el Empleo (Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral), así como en relación con la mejora de la adquisición de vacantes y de la relación con los empleadores, a través del Portal Único de Empleo y de las actuaciones de los servicios públicos de empleo autonómicos. Por otro lado, el Plan 2018 prevé facilitar las relaciones estratégicas de los servicios públicos de empleo en su dimensión territorial, sectorial y de colaboración público-privada.
La introducción de la «tarjeta social»; la nueva Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020, y la mejora del Régimen de Trabajadores Autónomos a partir de la nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo también se han tenido en consideración para la elaboración del Plan 2018. Asimismo, siendo la creación de empleo y la inserción laboral la vía más efectiva para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, se seguirán implementando programas plurianuales específicos de carácter social, como la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Plan de Inclusión Social 2016-2020, el Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar y la elaboración de un mapa de recursos y prestaciones sociales. Por otra parte y dado que la creación de empleo y la inclusión social requieren también una mejora continuada de la educación, se quiere brindar un fuerte impulso político a la reforma educativa alcanzando un Pacto de Estado, Social y Político por la Educación e impulsando, junto con el sistema educativo, la formación profesional dual.
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Proeli/es/res/2018/03/28/(1)#3-marco-estrategico