Art. Quinto
En vigor desde 19 dic 2025
En el proceso de valoración llevado a cabo por el equipo de intervención, por el equipo asistencial o por el equipo de atención integral a los efectos de emisión de la acreditación administrativa o título habilitante se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias, que se recogerán en el correspondiente informe de valoración:
– Si la solicitante ha emprendido acciones judiciales previamente y ha contado con sentencia condenatoria por un delito contra la libertad sexual cuyas penas de alejamiento y prohibición de comunicación, de haber existido, se encuentren extinguidas; o si contó en algún momento con una orden de protección, o resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, pero ya no se encuentra en vigor.
– La duración, la forma y la gravedad de la violencia sufrida.
– Las secuelas psicológicas derivadas de la situación de violencia sexual.
– Las secuelas en la salud sexual y reproductiva.
– El contexto y el daño social, incluida la estigmatización, el rechazo y el aislamiento, la pérdida de apoyo familiar o comunitario, la pérdida de intereses y el deterioro de las relaciones interpersonales, así como las dificultades para mantener su vida laboral, educativa o personal, derivadas de la revictimización y la discriminación.
– Las situaciones especiales de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, problemas de salud mental, el embarazo, la dependencia económica y/o emocional respecto al agresor, la situación económica y laboral, el hecho de tratarse de una mujer migrante, de una posible víctima de violencia de género, de una posible víctima de trata con fines de explotación sexual o de una mujer prostituida, el desconocimiento del idioma o cualquier otra circunstancia personal que incida en la situación de violencia e incremente su vulnerabilidad, y que pueda dificultar el proceso de recuperación.
– Si la solicitante tiene hijos o hijas menores de edad o personas dependientes a su cargo.
– Si la solicitante es o ha sido usuaria de servicios asistenciales se valorará la consecución de objetivos sociales trazados en el plan de intervención y su participación en el mismo.
– La existencia de un informe que refleje indicios de mutilación genital femenina, matrimonio forzado o unión de hecho forzada.
– Si la solicitante sufre algún tipo de adicción.
– La residencia en zonas rurales.
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Proeli/es/res/2025/12/10/(4)#quinto