Art. [preambulo]

En vigor desde 14 nov 2026
La atención integral a las víctimas de accidentes de transporte colectivo y a sus familiares requiere una respuesta coordinada que facilite la información, el asesoramiento y la asistencia psicológica, social y jurídica continuada. Con ocasión de los accidentes ferroviarios recientes, la respuesta se ha dado a través de la creación de Oficinas de Atención Integral, con personal especializado, en el seno de las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de aquellas comunidades autónomas en las que residan personas afectadas, como por ejemplo, las creadas tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en virtud del Real Decreto-ley 32/2026 de 3 de noviembre, con el objeto de facilitar a las personas afectadas la presentación de solicitudes y la tramitación de las ayudas y prestaciones. Con esta finalidad de atención integral, este real decreto crea el Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, bajo la dependencia directa de la persona titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta figura, que se configura como un elemento dinamizador y coordinador de los recursos de atención integral, nace para dar efectividad al derecho a un acompañamiento personalizado. Se trata de un órgano que nace para garantizar la asistencia psicológica, social y jurídica continuada a las víctimas de accidentes en transporte colectivo, que pueda activar mecanismos de cooperación, requerir información, exigir respuestas y supervisar el cumplimiento de los compromisos de cada organismo. Su actuación se desarrollará sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales y de las restantes Administraciones públicas, de la independencia de los órganos encargados de la investigación técnica de accidentes y de las funciones de los órganos judiciales. La integración de este órgano en el Ministerio exige adaptar el Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Este real decreto se suma al marco vigente de asistencia a las víctimas, integrado, entre otras normas, por el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares; el Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares y por el que se modifica el Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil, dictado en aplicación del artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 996/2010; y la Ley 2/2024, de 1 de agosto, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil y el Real Decreto 141/2026, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que regulan la atención a las víctimas en el marco de la investigación técnica de accidentes. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual los órganos directivos de los departamentos ministeriales se crean, modifican y suprimen por real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro competente en materia de organización administrativa. Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Responde a los principios de necesidad y eficacia, al ser el instrumento adecuado para crear un órgano que asegure una atención coordinada y continuada a las víctimas de accidentes de transporte colectivo y a sus familiares. Es conforme con el principio de proporcionalidad, porque contiene la regulación imprescindible para crear el órgano y definir sus funciones, sin imponer obligaciones a la ciudadanía. Se ajusta al principio de seguridad jurídica, pues es coherente con el ordenamiento jurídico y respeta las competencias de las demás Administraciones públicas y de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Cumple el principio de transparencia, al definir con claridad su objeto y finalidad; al tratarse de una norma organizativa, no se ha sometido a los trámites de consulta pública ni de audiencia e información pública, conforme a los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, responde al principio de eficiencia, ya que no introduce cargas administrativas y concentra en un único órgano la coordinación de los recursos de atención a las víctimas. En su tramitación se han recabado los informes de las secretarías generales técnicas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como los del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Asimismo, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado el análisis previsto en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por suplencia, el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, en virtud del Real Decreto 975/2026, de 4 de noviembre, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026, DISPONGO:
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