Art. [preambulo]

En vigor desde 29 nov 2026

I El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 30 de noviembre de 2006, aprobó la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, dictada al amparo del artículo 149.1. 2.ª de la Constitución Española de 1978 que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de emigración. De esta manera, se promulgó la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» del día 15 y entró en vigor al día siguiente. El Estatuto pretende dar respuesta a las reiteradas demandas realizadas desde los distintos sectores de la emigración, del exilio y del retorno y constituye el marco básico para establecer una política integral de emigración y de retorno dirigida a salvaguardar los derechos económicos y sociales de la ciudadanía española residente en el exterior las personas emigrantes, exiliadas y personas descendientes de ambos, y para facilitar la integración social y laboral de los retornados. Además, establece el deber de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como la coordinación de sus actuaciones, en colaboración con la administración local, con los agentes sociales y con las organizaciones y asociaciones de emigrantes, las personas exiliadas y personas residentes en el exterior y retornadas. Con ese objetivo, y en cumplimiento de la voluntad expresada en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, destinada a fortalecer la asistencia y la protección a quienes viven en el extranjero y de proyección de España en el exterior, así como a proteger a las personas que deseen retornar, este reglamento contiene un conjunto de acciones y medidas destinadas a mejorar, por un lado, el bienestar económico y social de la colectividad española residente en el exterior o retornada, dedicando especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad económica o social y a las víctimas españolas de violencia contra las mujeres, y, por otro, la participación ciudadana a través de los órganos creados al efecto, los Consejos de Residentes Españoles y el Consejo General de la Ciudadanía española en el Exterior, y de la red social tejida a lo largo del tiempo por la comunidad emigrada y retornada mediante el decidido apoyo a los centros y asociaciones que canalizan la participación activa e integración de estos colectivos. Esta misma atención se extiende a los miles de personas españolas no nacidas en España que residen por todo el mundo, actoras imprescindibles, como dice el Estatuto, en la construcción del futuro de nuestro país y a los y las familiares de las personas de nacionalidad española retornadas que no tienen nacionalidad española. II La propia Ley 40/2006, de 14 de diciembre prevé el posterior desarrollo reglamentario de su contenido de forma explícita en varios de sus preceptos: el artículo 2 en relación con la extensión de su ámbito de aplicación a las familias de las personas españolas en el exterior y la forma de acreditar la condición de ciudadano español retornado o ciudadana española retornada cónyuge; el artículo 5 en lo relativo a la asistencia jurídica de la población española en el exterior; el artículo 10 sobre la organización y funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior; el artículo 12 en lo relativo a la organización y funcionamiento de los Consejos de Residentes Españoles en el exterior; el artículo 14 en cuanto a la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en los órganos de participación de la emigración; el artículo 15 en cuanto al establecimiento del Censo de Asociaciones y Centros Españoles en el exterior; el artículo 17 acerca del desarrollo del derecho de protección de la salud de las personas de nacionalidad española en el exterior; y, en fin, el artículo 19 en cuanto al desarrollo de la prestación por razón de necesidad. Por otra parte, la disposición final tercera de esa ley autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de competencias del Estado, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para su aplicación y desarrollo. En consecuencia, desde su aprobación hasta el momento actual, el marco jurídico básico establecido por la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, ha encontrado desarrollo en una serie de normas de diverso rango: El Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, regula la prestación por razón de necesidad a favor de las personas de nacionalidad española residentes en el exterior y retornados, con un modelo de protección social que engloba la prestación por ancianidad, la prestación por incapacidad y la asistencia sanitaria. El Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, órgano colegiado de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones en virtud del artículo 5. 3.a) del Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Real Decreto 1493/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados. El Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre, por el que se regulan los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero. La Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y retornados. La Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para 2013 la concesión de subvenciones destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones. Con anterioridad al Estatuto había sido aprobada la Orden TAS/561/2006, de 24 febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas asistenciales correspondientes a los programas de actuación en favor de las personas emigrantes españolas no residentes en España, así como en los de común aplicación a los distintos programas en ella regulados. El artículo 8 de esta orden fue modificado por la disposición final primera de Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados, indicando que «se tomarán en especial consideración a efectos del otorgamiento de la ayuda aquellos casos en las que se presente una situación de dependencia o se acredite ser víctima de violencia de género». Esta Orden TAS/874/2007 modificó, asimismo, la redacción del artículo 16 de aquélla, relativo a los órganos competentes para la instrucción y resolución de los procedimientos. En cuanto a la política de retorno, a la que la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, dedica todo su título II, no ha conocido desarrollo reglamentario alguno, si bien es de resaltar la relevancia del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019 por el que se aprueba el Plan de Retorno a España. Sin embargo, dada la importancia que la ley otorga a esta política, que surge de un mandato del artículo 42 de la Constitución Española, se hace precisa, además, una regulación específica de esta política. Asimismo, debe tomarse en consideración la incidencia normativa derivada de la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, así como de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en la medida en que ambas disposiciones conforman un marco de referencia relevante para la protección y el reconocimiento de derechos de determinados colectivos de ciudadanía española en el exterior. Debe destacarse igualmente la relevancia de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, respecto de la ciudadanía española residente en el exterior, por cuanto incorpora, entre los principios rectores de la acción exterior del Estado, la asistencia y protección de las personas españolas en el extranjero, así como el apoyo a la ciudadanía y a las empresas españolas en el exterior. Asimismo, dicha ley sirve de fundamento normativo a las disposiciones reguladoras de ayudas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Por último, es necesario hacer mención al Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo artículo 7.3 habilita al Gobierno para establecer, en el marco de los sistemas de protección social pública, medidas de protección social en favor de las personas españolas no residentes en España, atendiendo a las características de los países de residencia. Este entramado normativo, de tan dispar antigüedad y contenido, es el que este real decreto se propone, al menos parcialmente, actualizar, modificar o derogar, a fin de dotar a la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, de un desarrollo reglamentario acorde con la realidad social, económica, demográfica, laboral y sanitaria del momento actual y adaptado a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, atendiendo, especialmente, a la adopción de medidas dirigidas a la protección de las mujeres frente a todo tipo de violencia, así como a la protección de las personas que se encuentren en situación de exclusión social. III España ratificó en 2014 el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, reforzándose su posición internacional en la protección de los derechos de las mujeres. Asimismo, se ha avanzado, no solo en la protección de la violencia en el ámbito afectivo, sino también en otras formas de agresión que pueden no implicar relación previa entre la víctima y el agresor. En este sentido se debe prestar una especial atención a las mujeres españolas que residen fuera del país y son víctimas de cualquier tipo de violencia, al igual que sus personas descendientes, por tratarse de un grupo especialmente vulnerable, tanto por su desconocimiento del entorno local como por las posibles barreras idiomáticas y la carencia de una red social o familiar. Estas circunstancias incrementan las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres en el exterior. En atención a esta realidad, el reglamento incorpora diversas medidas orientadas a contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres, entendida, en este reglamento, como todo acto de violencia contemplado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como todo acto de violencia sexual definido en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. IV Además de esta necesidad de actualización normativa, resulta indispensable atender a la realidad de la emigración española más reciente, duplicada cuantitativamente en el plazo de diecisiete años. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2009 existía una población española en el extranjero de 1.471.691 personas (751.205 mujeres y 720.486 hombres). En el año 2026 la población española residente en el extranjero asciende a 3.202.002 personas (1.615.373 mujeres y 1.586.629 hombres). Además de por su importancia cuantitativa, esta población se caracteriza, también, por unos nuevos rasgos que la diferencian en algunos aspectos de la diáspora de épocas anteriores. En el momento actual nos encontramos ante un esquema emigratorio en el que conviven modelos diferentes: la emigración española tradicional a Europa de los años 60 y 70; la de las personas descendientes de la emigración española a Iberoamérica principalmente de la primera mitad del siglo XX y la salida de estudiantes, personas trabajadoras y profesionales provocada por la crisis económica de los años 2008 en adelante. Se trata de supuestos migratorios diferentes que requieren medidas diferentes y, para las cuales, el actual marco normativo requiere adaptación. Por otra parte, las normas de aplicación de esta ley en vigor, especialmente en el ámbito prestacional, no pueden ser ajenas a los importantes cambios administrativos que se han producido en los últimos años, como la transferencia de la gestión de las pensiones no contributivas a las administraciones de las comunidades autónomas o, más recientemente, la aprobación del ingreso mínimo vital. Tampoco la actividad objeto de subvención puede ser ajena a las actuaciones autonómicas de fomento de las actividades de las colectividades de la ciudadanía española en el exterior. Finalmente, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de las normas que regulan las prestaciones hace necesaria la adaptación del lenguaje para palabras que cada vez se utilizan menos, o que incluso han caído en desuso, como el término «ancianidad», debido a una evolución en la percepción social de la vejez, buscando un lenguaje más respetuoso, preciso e inclusivo. Asimismo, hay que tener en cuenta las propias necesidades detectadas por las principales unidades responsables de gestionar los diferentes programas, después de más de una década de experiencia desde la aprobación de las normas de desarrollo citadas anteriormente. Las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han constatado la existencia de diversas situaciones de vulnerabilidad entre el colectivo de personas de nacionalidad española residentes en el exterior y han puesto de manifiesto en sus informes la utilidad de mantener, tanto las prestaciones económicas como el programa de ayudas asistenciales extraordinarias, para erradicar, o al menos paliar, la delicada situación que atraviesan muchas personas de nacionalidad española residentes en el extranjero. La Subdirección General de la Ciudadanía española en el Exterior y Políticas de Retorno también ha actualizado sus procedimientos de gestión en el ámbito de las prestaciones para personas retornadas. En conclusión, se requiere un reglamento de desarrollo, que trate de manera integral la materia, superando la dispersión normativa y, además, adaptado a la realidad actual de la emigración española y a las características actuales del ámbito prestacional de las Administraciones públicas. Los objetivos que persigue este real decreto se pueden concretar de esta forma: En primer lugar, desarrollar reglamentariamente la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, con el fin de concretar y clarificar las disposiciones generales que establece la ley mediante la simplificación de su aplicación práctica. Además, dota de seguridad jurídica a la ciudadanía exterior, ya que reduce la incertidumbre interpretativa y adapta la ley a las necesidades reales de los distintos colectivos afectados, así se garantiza una protección efectiva, se mejora la gestión administrativa y se favorece una respuesta ágil ante las nuevas situaciones que puedan surgir. En segundo lugar, adaptar la normativa existente a los cambios producidos en la emigración española durante las últimas décadas y a las características de los diferentes colectivos de la ciudadanía española residente en el exterior, así como la adaptación a un lenguaje que refleje mejor los valores que inspiran la protección de este colectivo. En este sentido, la actual «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior», pasa a denominarse «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años». Dado que la emigración española ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años, este objetivo busca revisar y modificar la normativa para reflejar la diversidad actual de las personas españolas en el exterior. Esto incluye considerar la situación de jóvenes emigrantes, personas mayores, familias, y otros perfiles, así como atender de manera prioritaria a las personas españolas que han sufrido violencia contra las mujeres. El fin es garantizar una protección efectiva y adaptada a las distintas necesidades de estos colectivos. En tercer lugar, reunir en una sola norma el contenido de la mayor parte de las disposiciones ahora vigentes que afectan a la ciudadanía española en el exterior, con el fin de colmar posibles lagunas normativas. Con ello se pretende simplificar y unificar la legislación dispersa que regula los derechos y servicios dirigidos a las personas españolas residentes fuera de España. Al consolidar todas las disposiciones en un texto único, se evitan contradicciones y vacíos legales, facilitando la consulta y aplicación de la normativa tanto por parte de la ciudadanía como de las Administraciones públicas. Esto contribuye a una mayor coherencia y eficacia en la protección de la ciudadanía española en el exterior. En cuarto lugar, actualizar la normativa reguladora de prestaciones y subvenciones en materia de ciudadanía exterior a los cambios producidos en las Administraciones públicas españolas. Se busca adaptar las ayudas, prestaciones y subvenciones para personas españolas en el exterior a los nuevos modelos de gestión pública y a las lecciones aprendidas a lo largo de varias décadas de gestión. De este modo, se garantiza una respuesta ágil, eficiente y adecuada a las necesidades de las personas beneficiarias, mejorando la cobertura social y la equidad. Por último, se pretende dotar a la política de retorno prevista en el título II de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, de una regulación reglamentaria de la que carece actualmente. Concretamente, se trata de desarrollar una normativa específica que regule el retorno de las personas españolas residentes en el exterior, facilitando su reincorporación a la sociedad española, estableciendo medidas concretas que permitan, a quienes desean regresar, hacerlo en condiciones óptimas, asegurando la integración social, laboral y económica, y dando respuesta a las necesidades detectadas en estos procesos. V En cumplimiento del mandato constitucional reflejado en su artículo 42, que contempla la obligación de establecer una política orientada al retorno de las personas españolas, se impulsa la aprobación de los objetivos y las medidas de la política de retorno, con el objetivo de facilitar el regreso de las personas españolas a su lugar de origen tras un periodo de desplazamiento o migración. Por otro lado, se prevé en la disposición final primera, la creación de una nueva ayuda económica para el retorno de personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica, que protegerá especialmente a las víctimas españolas de violencia contra las mujeres, teniendo por finalidad apoyar el propio hecho del retorno y facilitar la integración social y laboral de estas personas en nuestro país. Estas ayudas tendrán naturaleza de subvención pública y al tener como finalidad remediar la situación de vulnerabilidad económica de las personas de nacionalidad española de origen a su regreso definitivo a España, que deben afrontar gastos urgentes, deberán tener la consideración de subvenciones de concesión directa y ser aprobadas por real decreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Sobre la base de lo anterior, se considera necesario establecer normas especiales para regular el procedimiento de concesión de estas ayudas, que deben ser aprobadas por real decreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por el artículo 67.2 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, se impulsa la aprobación de los objetivos y las medidas de la política de retorno, con el objetivo de facilitar el regreso de las personas españolas a su lugar de origen tras un periodo de desplazamiento o migración. VI Este real decreto se estructura en una parte expositiva, un artículo único por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Por su parte, el reglamento que aprueba este real decreto consta de ciento cinco artículos, estructurados en cinco títulos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. El título preliminar del reglamento desarrolla a su vez el título preliminar de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre. En este título se define el objeto de la norma y el ámbito subjetivo, con una especial mención a la igualdad de género y a la protección a las víctimas españolas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior. Por otra parte, en este título se determinan los conceptos de retorno y de persona española retornada, así como su forma de acreditación, incorporando, como novedad, un nuevo certificado de persona española retornada que permitirá acceder a la ayuda para el retorno de personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica, a que se refiere la disposición final primera, así como al resto de políticas de retorno contempladas en el reglamento. El título I regula los derechos de participación de las personas de nacionalidad española en el exterior y retornadas, desarrollando los artículos 9 a 14 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre. Concretamente, los órganos de participación son el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, regulado por el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero y, por otra parte, los Consejos de Residentes Españoles, cuyo funcionamiento es objeto del Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre. El título II desarrolla el capítulo II de la Ley 40/2006, relativo a derechos sociales y prestaciones. Además, incorpora diversas normas dispersas que regulan diversas prestaciones, en un esfuerzo de sistemática jurídica. Concretamente son las prestaciones por razón de necesidad, realizándose un cambio de denominación en la actual «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior», que pasa a denominarse «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años» y la asistencia sanitaria. Por otra parte, se enumeran las posibles líneas prioritarias de subvenciones para la ciudadanía española residente en el exterior y retornada, las cuales podrán ser objeto de futuras órdenes de bases. Además, se detallan el derecho a la información, los derechos sociales y los derechos relativos a la educación y a la cultura de las personas de nacionalidad española residentes en el exterior. Finalmente, en este título se recogen también los elementos esenciales de las ayudas consulares para personas de nacionalidad española residentes en el exterior o que se encuentren en el extranjero, así como los programas de subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el ámbito de la protección de la ciudadanía española en el exterior. El título III atiende por primera vez la política integral de retorno, prevista en el título II de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, que no ha sido nunca objeto de desarrollo general por un real decreto. Anteriormente sólo se han recogido, de manera específica, el desarrollo de la pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados del artículo 25 del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, y las ayudas reguladas en el Real Decreto 1493/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados. En este sentido, la política de retorno encuentra fundamento expreso en el artículo 42 de la Constitución Española y adquiere una renovada centralidad a la vista de los procesos de salida de personas de nacionalidad española producidos, singularmente, a partir de la crisis económica de 2008. En consecuencia, resulta necesario dotar a esta materia de un tratamiento normativo sistemático e integral mediante una disposición reglamentaria. El título IV se dedica a la coordinación de las Administraciones públicas y al impulso de la administración electrónica. Este título, en lo que se refiere a la coordinación de las Administraciones públicas, viene a desarrollar a su vez el título III de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, dedicado a las relaciones entre Administraciones públicas. Si bien en esa fecha las comunidades autónomas estaban plenamente asentadas, en el momento actual, además, las comunidades autónomas cuentan con sus propias políticas de ciudadanía exterior y retorno. Por tanto, la necesidad de colaboración y coordinación es mayor y afecta ya a muchos de los ámbitos de la gestión cotidiana, especialmente en el ámbito prestacional y de las subvenciones. El artículo 105 acoge la necesidad de que las Administraciones públicas impulsen de forma específica la administración electrónica para los trámites que deban realizar las personas de nacionalidad española residentes en el exterior, al ser los medios electrónicos especialmente importantes para ellas debido a las mayores distancias existentes para poder recibir una atención presencial en las oficinas de las Administraciones públicas en el exterior. VII La norma se adecúa a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En primer lugar, la norma responde al principio de necesidad y eficacia. Ya han transcurrido casi veinte años desde la aprobación de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, sin que haya contado con un reglamento de desarrollo. Tan sólo se han ido aprobando diversas normas de aplicación que cubren aspectos parciales de la ley y de manera bastante fragmentada y de una antigüedad similar a la propia ley. La actual normativa no está adaptada a los profundos cambios producidos en el perfil de la emigración española a causa de la crisis económica de 2008, especialmente la necesidad de desarrollar una política integral de retorno, que contemple de una manera clara la protección de personas en riesgo de exclusión social y de situaciones de violencia contra las mujeres. Finalmente, hay que tener en cuenta la evolución de las políticas asistenciales, con la aprobación, en el ámbito de la Administración General del Estado, de nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital. En segundo lugar, la norma responde al principio de eficiencia. No se establecen requisitos documentales adicionales a los ya previstos en la regulación actual y, además, la mayor parte de estos ya son susceptibles de comprobación de oficio a través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones públicas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En tercer lugar, se cumple con el principio de proporcionalidad, ya que la norma cumple los objetivos descritos sin invadir los derechos y deberes de la ciudadanía. Se limita a desarrollar la ley y a integrar en una sola norma parte de los instrumentos jurídicos existentes hasta este momento. Por otro lado, el rango de real decreto es el adecuado para el desarrollo reglamentario de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre. Asimismo, la iniciativa cumple con el principio de seguridad jurídica por ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea. Esta reforma introduce cambios en el ámbito de la agilización del procedimiento administrativo, en la medida en que se adapta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Por último, en aplicación del principio de transparencia, se definen claramente los objetivos de la iniciativa normativa en su parte expositiva, así como en la memoria de análisis de impacto normativo que la acompaña. Como manifestación de este principio, se han sustanciado los trámites de consulta pública previa y de audiencia y de información pública, previstos, respectivamente, en los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, la norma ha sido informada por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, así como por la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, en el proceso de elaboración de este real decreto se han valorado especialmente las aportaciones y propuestas efectuadas por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y por las personas representantes de las organizaciones y asociaciones de personas emigrantes y exiliadas en el exterior y de retornadas en España. VIII El real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación normativa contenida en disposición final tercera de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de emigración. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de noviembre de 2026, DISPONGO:

Historial de versiones

Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.

Tus anotaciones

Pro

eli/es/rd/2026/11/04/954#preambulo-pr