Art. Preambulo

En vigor desde 30 jun 1990

La Constitución encomienda a los poderes públicos, en su artículo 51, fomentar las Organizaciones de Consumidores y Usuarios, así como darles audiencia en las cuestiones que puedan afectarles. Otros artículos de obligada referencia son el 9.º, 2, que ordena a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social; el artículo 22 que reconoce el derecho de asociación y, finalmente, el artículo 105, que establece que la Ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. Con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el citado artículo 51, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 2.º, e), establece, como uno de los derechos básicos de aquellos «La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afecten directamente y la representación de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas». La Ley 26/1984, aunque dedica el capítulo VI a regular el derecho de representación, consulta y participación, también contiene múltiples referencias a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios a lo largo de todo su articulado, reforzando el papel que éstas deben tener en la protección y, especialmente, defensa de los derechos del ciudadano en tanto que consumidor. No obstante, el movimiento asociativo en este campo adolece todavía de importantes carencias –excesiva dispersión y atomización, dificultad de financiación, etc.–, haciéndose necesario, para dar cumplimiento al mandato constitucional, fomentar las organizaciones del consumidores y usuarios fuertes y representativas de los intereses generales de los consumidores, de acuerdo con las facultades de representación y consulta que la Ley 26/1984, y otras que integran nuestro ordenamiento jurídico, otorgan a las Asociaciones de Consumidores, completando con ello el marco jurídico para que este movimiento se asiente en un modelo más racional. Con este fin último, la presente norma regula las condiciones y requisitos que se exigen a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que pretendan disfrutar de los beneficios que la Ley 26/1984, y disposiciones reglamentarias y concordantes otorgan, tal como establece el artículo 20.3 de la citada Ley, y referido a los campos en los que corresponde al Estado esta competencia. Se regula, en consecuencia, el Libro Registro al que hace referencia el artículo 20.3 de la Ley 26/1984, el Consejo de Consumidores y Usuarios, al que se refiere el artículo 22.5 de la citada Ley, así como las condiciones y requisitos para estar representadas en dicho Consejo, atendiendo a los criterios que la propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en su citado artículo 20.3, párrafo segundo: «En la determinación reglamentaria de las condiciones y requisitos se tendrán en cuenta, entre otros, criterios de implantación territorial, número de asociados y programas de actividades a desarrollar». De por otra parte, pero en relación con lo anterior, se toma en consideración la Ley de Bases de Régimen Local, y sus normas de desarrollo, habida cuenta de la importancia que para la política de consumo representa la proximidad al ciudadano de la Administración Local. Para ello, se adopta como uno de los criterios para valorar la implantación territorial y el desarrollo de actividades de representación, defensa y participación de los consumidores y usuarios la presencia de las Asociaciones de Consumidores en los órganos de participación establecidos por las Corporaciones Locales. En su virtud, y en cumplimiento de lo prevenido en la disposición final cuarta de la Ley 26/1984, que establece que el Gobierno aprobará el Reglamento o Reglamentos necesarios para su aplicación o desarrollo, oídas las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 22 de junio de 1990, DISPONGO:

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eli/es/rd/1990/06/22/825#preambulo-pr