Art. [preambulo]

En vigor desde 13 abr 2023

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, establece en su disposición final quinta que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor el calendario de implantación de esta ley. Según la disposición citada, dicho calendario tendrá un ámbito temporal de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la ley orgánica, y en él se establecerá la implantación de las ofertas formativas, el sistema de orientación profesional, así como el procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas por otras vías del Sistema de Formación Profesional. El calendario incluye, asimismo, la extinción gradual de los planes de estudios existentes y la equivalencia de titulaciones, certificados y acreditaciones. Este mismo calendario recoge las modificaciones que deberán incorporar los currículos de ciertas ofertas de formación profesional, en particular los ciclos formativos y los, hasta ahora, certificados de profesionalidad. Asimismo, el calendario facilitará la seguridad jurídica tanto a los centros de formación y a las empresas u organismos equiparados del Sistema de Formación Profesional, como a las personas en formación, estudiantes y trabajadores que ya hayan comenzado su itinerario formativo, garantizando la continuidad de los itinerarios de formación profesional ya iniciados. La necesaria prudencia en el establecimiento de plazos para la generalización del nuevo Sistema de Formación Profesional no impide, sin embargo, un razonable margen de flexibilidad para permitir que las administraciones anticipen la implantación gradual de las nuevas ofertas formativas, cuando se den los supuestos que posibiliten dicha implantación. Este proceso de transformación progresiva deberá contribuir a estimular el necesario clima de renovación y adecuación a las expectativas respecto al nuevo Sistema de Formación Profesional destinado a jóvenes y personas trabajadoras. El calendario tiene por objeto, en fin, proporcionar a los diferentes sectores implicados en la formación, la cualificación y recualificación profesional con interés legítimo en el ámbito de la formación profesional y a las administraciones competentes una referencia clara sobre la que orientar sus expectativas y planificar su gestión en el horizonte temporal de cuatro años en el que se plantea el calendario. En cuanto a su carácter de norma básica, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha cuestionado el establecimiento de normas básicas mediante normas reglamentarias persiguiendo la finalidad de excluir la incertidumbre jurídica que supondría que el Estado pueda oponer como norma básica a las comunidades autónomas «cualquier clase de precepto, legal o reglamentario, al margen de cuál sea su rango y estructura» (SSTC 80/1988 y 227/1988), considerando que «dado el carácter fundamental y general de las normas básicas, el instrumento para establecerlas con posterioridad a la Constitución es la ley» (STC1/1982, F.1), procede indicar que el propio Tribunal Constitucional admite que «excepcionalmente» las bases puedan establecerse mediante normas reglamentarias en una serie de supuestos, entre los que se encuentra el siguiente, que resultaría de aplicación al presente real decreto: «Cuando la ley formal no es el instrumento idóneo para regular exhaustivamente todos los aspectos básicos de la materia debido al «carácter marcadamente técnico o a la naturaleza coyuntural y cambiante» de los mismos (STC 131/1996)». La norma se estructura en ocho capítulos, cinco disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. El capítulo I se dedica a establecer el objeto y ámbito de aplicación de la norma. El capítulo II corresponde a los elementos integrantes del Sistema de Formación Profesional, entre ellos, el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, el Catálogo Modular de Formación Profesional y el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional. El capítulo III está dedicado a los instrumentos de gestión del Sistema de Formación Profesional, refiriéndose al Registro Estatal de Formación Profesional, al Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral o Vías No Formales e Informales y al Registro General de Centros de Formación Profesional. En el capítulo IV se ordena el proceso de generalización de las ofertas formativas del Sistema de Formación Profesional y de extinción de las anteriores, dando paso a los nuevos grados A, B, C, D y E. El capítulo V establece el régimen y modalidades de la oferta, concretamente en lo concerniente al régimen general, al régimen intensivo y a las modalidades de oferta de formación profesional. El capítulo VI establece el calendario de las condiciones de impartición de las ofertas en centros, empresas y organismos equiparados. El capítulo VII establece la fecha en que se hará pública la Estrategia General de Formación Profesional. Por último, el capítulo VIII se dedica a la evaluación y calidad del sistema, estableciendo la fecha de publicación del primer Informe sobre el Estado del Sistema de Formación Profesional. Por su parte, las disposiciones transitorias establecen los mecanismos de seguridad jurídica para asegurar el tránsito del sistema anterior al actual, y las disposiciones finales son las relativas al título competencial, a la habilitación para el desarrollo normativo, y a la entrada en vigor. Esta norma responde a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que exigen que estas actúen de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los principios de necesidad y eficacia quedan garantizados, en tanto que este real decreto persigue el interés general, al proporcionar a los diferentes sectores con interés legítimo en el ámbito de la formación profesional una referencia clara sobre la que orientar sus expectativas y planificar su gestión en el horizonte temporal de cuatro años en el que se plantea el calendario que contiene dicha norma. A su vez, permite el desarrollo de las acciones encomendadas al Ministerio de Educación y Formación Profesional en materia de formación profesional, siendo este real decreto el instrumento más adecuado para ello. El principio de proporcionalidad se cumple al haber sido consultado tanto el contenido como las fechas que propone el calendario a los actores con legítimo interés y que se puedan ver afectados por el proceso de transición que en esta norma se establece. La regulación establecida, en cuanto a contenido y fechas, resulta proporcional a las necesidades previstas de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, y a la capacidad de absorción por parte de las distintas administraciones, centros educativos, empresas, organismos equiparados, y otros elementos interesados, de las obligaciones que la norma impone. Este real decreto cumple con el principio de seguridad jurídica, en tanto que el calendario objeto del mismo concede prioridad a la implantación de los grados y modalidades que, por formar parte del sistema educativo, requieren el establecimiento de una seguridad jurídica, tanto para los centros educativos, como para el alumnado, respecto de la continuidad de los itinerarios educativos ya iniciados. Por tanto, da cumplimiento estricto a dicho principio. La norma no supone la pérdida de derechos de ningún ciudadano que haya iniciado un proceso formativo en el ámbito de la formación profesional. Asimismo, no impone plazos imposibles a las administraciones en el proceso de adaptación al nuevo modelo establecido. Del contenido de la misma, y de las obligaciones que establece, no pueden derivarse daños a terceros en términos de pérdida de derechos u oportunidades de formación. El real decreto cumple asimismo con el principio de transparencia, en tanto que, con carácter previo a la elaboración del proyecto y conforme a lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha sustanciado el trámite de consulta pública, a fin de recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la norma, a los que se les ha facilitado información al respecto a través del portal web del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En las consultas realizadas han participado las comunidades autónomas a través de la Comisión de Formación Profesional y de la Comisión General de Educación de la Conferencia Sectorial de Educación y de la Comisión Sectorial de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, así como las Comisiones Permanentes del Consejo Escolar del Estado y del Consejo General de la Formación Profesional. Asimismo, el texto ha sido publicado en el Portal del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales pudieran ser realizadas. Por último, el real decreto cumple con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas a la ciudadanía. En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas, ha sido informado el Consejo General de la Formación Profesional y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª, en relación con la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia de la Constitución Española. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de abril de 2023, DISPONGO:

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