Título TÍTULO I›Capítulo CAPÍTULO II›Secc. Del régimen de adopción de acuerdos
Art. 20
En vigor desde 7 jun 2001
Las resoluciones del Consejo General en el ejercicio de potestades públicas serán ejecutivas y se aplicarán en sus propios términos desde la fecha en que se dicten, salvo que en las mismas se expresara otra cosa y no se suspenderán sus efectos aunque sean objeto de recurso, salvo que se adoptare acuerdo de suspensión cautelar por el órgano competente, de oficio o a solicitud del interesado.
Las resoluciones de los recursos serán motivadas. Su notificación se cursará dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieren de presentarse y plazo para interponerlos.
Serán nulos de pleno derecho los acuerdos o resoluciones que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional ; los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio ; los que tengan un contenido imposible ; los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta ; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados ; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición ; cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
También serán nulos de pleno derecho los acuerdos o resoluciones que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Serán anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los defectos de forma sólo determinarán la anulabilidad cuando produjeran la imposibilidad de que la resolución o acuerdo alcanzara su fin o dieran lugar a la indefensión del interesado.
Los actos administrativos producidos fuera de plazo sólo incurrirán en causa de anulabilidad cuando así lo impusiera la naturaleza del término o plazo.
El órgano competente para ello podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. Se mantendrán los actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio que diera lugar a su nulidad o anulabilidad.
Todo lo anterior es aplicable a los actos y resoluciones adoptados por los Colegios.
Se modifica por el art. único y anexo.5 del Real Decreto 542/2001, de 18 de mayo. Ref. BOE-A-2001-10670 .
Tus anotaciones
Proeli/es/rd/1977/05/13/1471#art-20