Art. [preambulo]
En vigor desde 1 ene 2027
El servicio universal de telecomunicaciones es el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
El servicio universal de telecomunicaciones se configuró y se prestó desde el mismo origen de la liberalización de las telecomunicaciones en Europa y en España.
Este concepto, al igual que el régimen jurídico y la situación competitiva y de mercado del sector de las telecomunicaciones, caracterizado por la incesante innovación tecnológica y la permanente transformación y adecuación a las cambiantes circunstancias y necesidades de la sociedad y la economía, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en lo relativo a su exigencia y prestación.
Actualmente, el concepto, servicios y características definitorias del servicio universal de telecomunicaciones vienen establecidas en la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (en adelante, Ley 11/2022, de 28 de junio). Esta ley, en transposición de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas introdujo significativas novedades en el régimen jurídico y en el concepto del servicio universal de telecomunicaciones.
En concreto, el capítulo I del título III de Ley 11/2022, de 28 de junio, regula las obligaciones de servicio público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, entre las que se engloba el servicio universal de telecomunicaciones.
Conforme al artículo 37.1 de dicha Ley 11/2022, de 28 de junio, los servicios incluidos en el servicio universal son, por un lado, los servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija y, de otro, el servicio de acceso adecuado y disponible a internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, cuya velocidad mínima de acceso está actualmente fijada en 10 megabits por segundo (Mbps) en sentido descendente.
Asimismo, en materia de asequibilidad de los precios de los servicios incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones se exige que los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del servicio universal han de ser asequibles y no deben impedir a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios.
En concreto, el artículo 38.3 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, establece que todos los operadores que presten servicios de acceso a internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija deben ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial en condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias.
Por su parte, el artículo 40.1 de la citada ley establece que cuando la prestación de cualquiera de los servicios integrantes del servicio universal en una ubicación fija no quede garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (actualmente, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) designará uno o más operadores para que satisfagan todas las solicitudes razonables de acceso a los servicios integrantes del servicio universal y garanticen su prestación eficiente en las partes afectadas del territorio nacional a efectos de asegurar su disponibilidad en todo el territorio nacional. A estos efectos podrán designarse operadores diferentes para la prestación de los distintos servicios del servicio universal y abarcar distintas zonas o partes del territorio nacional.
En los últimos años, en nuestro país se ha alcanzado un excelente nivel de cobertura de redes de fibra óptica y de redes móviles de tecnología 5G y se ha producido una importante evolución de las prestaciones tecnológicas mediante redes satelitales que ofrecen cobertura en todo el territorio.
Puede, por tanto, concluirse que, desde el punto de vista de la oferta del mercado, los distintos agentes, con las importantes ayudas ofrecidas por la Administración pública, ofrecen un abanico muy grande de posibilidades tecnológicas de comunicaciones electrónicas (fibra, cable coaxial, híbrido fibra-cable coaxial –HFC–, tecnología inalámbrica de acceso fijo radio –AFR–, satélite) que permiten afirmar la universalización de las redes de muy alta capacidad para todo el territorio nacional.
Con ello se dio cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 11/2022, de 28 de junio, en cuya virtud desde el año 2023 se consiguió el objetivo de lograr la universalización del acceso a internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbps en sentido descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produjera a unos precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, en aras de impulsar la cohesión social y territorial mediante el despliegue de las más modernas redes de telecomunicaciones que ha posibilitado el acceso de los ciudadanos a los más diversos y necesarios servicios, cada vez más básicos y esenciales, que se prestan a través de estas redes, como el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, y con ello fortalecer la vertebración social y territorial, coadyuvando al objetivo de afrontar el reto demográfico y de ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural.
Todo ello aconseja aprobar un nuevo reglamento que, en sustitución de lo establecido en relación con el servicio universal y otras obligaciones de servicio público en el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, desarrolle de manera individualizada el capítulo I del título III de la Ley 11/2022, de 28 de junio, en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones y otras obligaciones de servicio público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
Conforme a la habilitación contenida en el artículo 37.1.a) de la Ley General de Telecomunicaciones, se incrementa la velocidad mínima de acceso a internet desde una ubicación fija en sentido descendente como parte integrante del servicio universal desde los 10 Mbps actuales hasta un mínimo de 100 Mbps, con lo que España se convertirá en el primer país de Europa y de los primeros del mundo junto con Corea del Sur en ofrecer esta velocidad dentro del servicio universal.
También se prevé, de forma expresa, la posibilidad, recogida en el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, de acordar la no designación de operadores para la prestación de los distintos elementos del servicio universal, cuando se considere que dicha prestación queda garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial.
En este supuesto, ya no habría un único operador u operadores designados para la prestación de los servicios integrantes del servicio universal de telecomunicaciones, sino que los operadores tendrían la responsabilidad de ofrecerlos en aquellas unidades inmobiliarias en las que según su oferta comercial vengan prestando el servicio. Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios.
La norma obliga, asimismo, a que los servicios incluidos en el servicio universal se ofrezcan con una calidad determinada, a unos precios asequibles y con tarifas y condiciones especiales para determinados colectivos.
En este sentido, conforme a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, se establecen medidas relativas a la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones que también serán de aplicación a todos los operadores, como la necesidad de que se proporcione una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad o la obligación de que se proporcione la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT), una función que facilita una comunicación fluida para personas con discapacidad auditiva.
En cuanto a las tarifas de los servicios incluidos en el servicio universal, se consagra que todos los operadores deberán garantizar unas tarifas asequibles por la prestación de sus servicios incluidos dentro del servicio universal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, A.A.I., debe garantizar la asequibilidad de estas tarifas, imponiendo, en su caso, al operador cuyas tarifas no sean consideradas asequibles, la obligación de ofrecer a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital donde presten estos servicios abonos sociales a un precio que implique una rebaja del 25 por ciento respecto del precio medio de mercado de cada uno de los servicios que integran el servicio universal. El precio medio de mercado tanto en la cuota de alta o instalación como en la cuota de abono mensual es determinado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia con carácter anual.
Esta medida, unida a la previsión contenida en la disposición transitoria segunda del reglamento, que garantiza la continuidad de los descuentos ofrecidos a los actuales perceptores del abono social, permite que un número mucho mayor de personas puedan beneficiarse de estas tarifas rebajadas.
Adicionalmente, también se amplía el ámbito subjetivo de usuarios finales cubiertos por el servicio universal, de manera que los derechos que implica el servicio universal ya no serán sólo de aplicación a los consumidores sino también los usuarios finales que sean microempresas y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
En la elaboración de esta norma se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, la norma se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, al estar justificada por razones de interés general y constituir el instrumento adecuado para desarrollar lo previsto en el capítulo I del título III de la Ley 11/2022, de 28 de junio, recogiendo las modificaciones que en materia de servicio universal supuso la aprobación del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
Asimismo, la norma se adecua al principio de proporcionalidad, en tanto que contiene la regulación imprescindible para desarrollar lo dispuesto en el citado capítulo I del título III, evitando al tiempo mantener obligaciones innecesarias a un operador designado en el caso de que se constate que los servicios integrantes del servicio universal se prestan en condiciones normales de explotación comercial.
Del mismo modo, la norma garantiza el principio de seguridad jurídica, al ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como de la Unión Europea, particularmente con la Ley General que desarrolla y con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y al establecer las previsiones necesarias para garantizar una transición ordenada que garantice en todo momento la correcta prestación de los servicios.
Respecto al principio de transparencia, se han explicitado los motivos que justifican la presente modificación normativa, habiéndose efectuado la consulta pública y el trámite de audiencia e información pública previstas en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente, la norma se adecua al principio de eficiencia al evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos mediante mecanismos como la designación directa cuando ningún operador se haya manifestado interesado en acudir a la correspondiente licitación.
Este real decreto y el reglamento que aprueba se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones, reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución y conforme a la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la disposición final quinta de la Ley General de Telecomunicaciones.
Durante su tramitación el real decreto ha sido objeto de informe por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el Consejo de Consumidores y Usuarios y por el Consejo Nacional de la Discapacidad.
En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
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Proeli/es/rd/2026/11/18/1026#preambulo-pr