Art. [preambulo]

En vigor desde 20 dic 2026
I Mediante este real decreto se regula el procedimiento de acreditación del Profesorado Permanente Laboral por el Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante, ANECA), que desarrolla lo establecido por el artículo 85 y concordantes de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, garantizando el respeto a las competencias que la propia norma orgánica determina para las Comunidades Autónomas. Asimismo, la regulación se basa en la consideración de la similitud de características entre las figuras del profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios y del Profesorado Permanente Laboral. La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, establece en su artículo 5 que las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, de acreditación institucional, de evaluación de titulaciones universitarias, de seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario, y de cualquier otra que les atribuyan las leyes estatales y autonómicas, corresponden a ANECA y a las agencias de evaluación de las Comunidades Autónomas inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR), en el ámbito de sus respectivas competencias, todo ello sin perjuicio de los acuerdos internacionales de colaboración en el ámbito del aseguramiento de la calidad, así como del papel que agencias de calidad de otros Estados miembros inscritas en EQAR puedan desarrollar en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. El artículo 64 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, dispone que el personal docente e investigador de las universidades públicas estará compuesto por el profesorado de los cuerpos docentes universitarios, como personal funcionario, y por el profesorado laboral. El profesorado universitario funcionario está integrado, a tenor del artículo 68 de dicha ley, por dos cuerpos: Catedráticas y Catedráticos de Universidad y Profesoras y Profesores Titulares de Universidad. Por lo que respecta al profesorado laboral, la contratación por las universidades públicas de Profesorado Permanente Laboral debe ajustarse a las siguientes reglas establecidas en el artículo 82 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo: a) Podrán ser contratadas las personas que ostenten el título de Doctora o Doctor y que cuenten con la acreditación correspondiente, emitida por parte de ANECA, o de las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus competencias; b) La finalidad del contrato será desarrollar tareas docentes, de investigación, de transferencia e intercambio del conocimiento y, en su caso, de desempeño de funciones de gobierno de la universidad; c) El contrato será de carácter fijo e indefinido, con derechos y deberes de carácter académico y categorías comparables a los del personal docente e investigador funcionario. El artículo 85 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, dispone que el acceso del personal docente e investigador laboral a las plazas de Profesora y Profesor Permanente Laboral y, en su caso, la promoción dentro de dicha modalidad contractual exigirá la obtención previa de una acreditación, de acuerdo con la normativa dispuesta por las Comunidades Autónomas, que deberán regular el procedimiento de acreditación; acreditación que se realizará por parte de las agencias de calidad autonómicas o, en su caso, por ANECA con arreglo a los criterios por cada una de ellas aprobados. Tanto del segundo párrafo del artículo 4.1 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como de las disposiciones adicionales primera, segunda, quinta y sexta de la citada ley, se desprende que, en relación con las universidades de especiales características y, en general, aquellas que permanecen en el ámbito de la competencia estatal, las referencias que en dicha ley orgánica se hacen a las Comunidades Autónomas y sus órganos se entenderán efectuadas al Ministerio con competencias en materia de Universidades. Y el artículo 5.1 del Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, aprobado por el Real Decreto 451/2026, de 3 de junio, su norma orgánica, recoge esas funciones de evaluación, acreditación y certificación de los méritos de los aspirantes a los cuerpos docentes y al profesorado contratado de las universidades. Por otra parte, la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, prevé que ANECA y las agencias de calidad autonómicas dispondrán de un período de un año desde su entrada en vigor para adaptar los criterios de la acreditación a Profesor/a Titular de Universidad y a la figura de Profesor o Profesora Permanente Laboral, a la duración de la etapa inicial de la carrera académica que establece la ley. ANECA ya ha adaptado los criterios de acreditación a los cuerpos docentes universitarios mediante la Resolución de la Directora de ANECA de 20 de marzo de 2024, en cumplimiento del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos. Y, por ello, está en condiciones de adoptar, con la cobertura reglamentaria necesaria, los criterios de acreditación a la figura de Profesor o Profesora Permanente Laboral, respetando las exigencias contenidas en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y en este real decreto. Ya que ANECA dispone de la competencia para la evaluación de solicitudes tanto para la acreditación del personal funcionario, según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como del personal laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la misma ley, procede aplicar, para la acreditación del personal laboral, el mismo procedimiento de acreditación que el establecido por el Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos. De este modo se garantiza una aplicación coherente de los criterios de acreditación, que han de ser iguales cuando las categorías funcionarial y laboral son semejantes, con pleno respeto a los principios de seguridad jurídica y eficiencia de las Administraciones Públicas. En consecuencia, con una única solicitud se podrá conseguir la acreditación a Profesorado Titular de Universidad o Catedrática o Catedrático de Universidad y a Profesorado Permanente Laboral de categoría comparable a la del personal docente e investigador funcionario que corresponda. Para la acreditación del Profesorado Permanente Laboral, y tal y como dispone el artículo 85.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, se prevé la aplicación de lo dispuesto por el artículo 69.1 de dicha ley para la acreditación de los cuerpos docentes universitarios y en consecuencia será exigible: – El título de Doctor o Doctora; – La realización de actividades de investigación o docencia en universidades o centros de investigación distintos de aquella institución en la que se presentó la tesis doctoral. Este requisito no tendrá que cumplirse en los casos previstos por la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. Igualmente, el procedimiento de acreditación del Profesorado Permanente Laboral, por efecto de la remisión que realiza el artículo 85 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, se debe ajustar a lo dispuesto en el artículo 69.2, letras a) a e), de la citada ley. En consecuencia, el procedimiento de acreditación que regula este real decreto debe garantizar: los principios establecidos de selección y actuación de los miembros de los órganos de acreditación; la agilidad y la petición de documentación accesible, en modo abierto, abreviada y significativa, utilizando los repositorios institucionales; una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de los méritos docentes y de investigación, y en su caso de transferencia del conocimiento, con una amplia gama de indicadores de relevancia científica e impacto social; una evaluación basada en la especialidad del área o ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la experiencia profesional, la relevancia local, el pluralismo lingüístico y el acceso abierto a datos y publicaciones científicas; así como, por último, la adecuación de los méritos requeridos a la duración de la etapa inicial de la carrera académica que establece la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. Esta última exigencia se prevé igualmente por la disposición transitoria cuarta de la citada ley orgánica, que concede a las agencias de calidad un período de un año, desde la entrada en vigor de la ley, para adaptar los criterios de la acreditación a la figura de Profesor o Profesora Permanente Laboral, a la duración de la etapa inicial de la carrera académica. El artículo 85 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, establece que, en estos procedimientos de acreditación a Profesorado Permanente Laboral, el sentido del silencio administrativo será desestimatorio. Esta regla es idéntica a la contenida en el artículo 69.3 de la citada ley orgánica para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la figura del Profesorado Permanente Laboral sustituye a la del Profesorado Contratado Doctor. La figura del Profesorado Contratado Doctor estaba regulada por la anterior Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 52, que quedó derogada con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. El procedimiento para su acreditación se recoge en el Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su certificación, a los efectos de contratación de personal docente e investigador universitario (con base en el artículo 31 de la ley orgánica derogada), así como en la Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Dirección General de Universidades, por la que se modifican determinados aspectos del procedimiento de presentación de solicitudes de evaluación o informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación para la contratación de personal docente e investigador, así como los criterios de evaluación, establecidos en las Resoluciones de 17 de octubre de 2002 y de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Universidades. Se dispone en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, que la acreditación vigente del Profesorado Contratado Doctor o de la figura equivalente en la normativa autonómica será válida para la figura del Profesorado Permanente Laboral. Y en la disposición transitoria quinta, apartado cuatro, se indica que el profesorado que, a la entrada en vigor de la ley orgánica, disponga de un contrato de Profesorado Contratado Doctor podrá integrarse en la modalidad del Profesorado Permanente Laboral, en las mismas plazas que ocupen, y computándose como fecha de ingreso la que tuvieran en la modalidad de origen. Finalmente, el artículo 99.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, dedicado al régimen específico de las universidades privadas, dispone que al menos el 60 por ciento del total de su profesorado doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva de ANECA o del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine. La Ley Orgánica de Universidades, ya derogada, contenía la misma disposición en su artículo 72.2, y su desarrollo reglamentario se llevó a cabo por el citado Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre (la acreditación a Profesorado de Universidad Privada estaba sometida al mismo procedimiento y criterios que la acreditación a Profesorado Contratado Doctor). Esta evaluación no requiere una acreditación específica a Profesorado de Universidad Privada, sino que puede valer a estos efectos cualquier acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios o a Profesorado Permanente Laboral. II Este real decreto se divide en cinco artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales. Los artículos contienen, respectivamente, el objeto y ámbito de aplicación de la norma, los requisitos para optar a la acreditación regulada, la tramitación del procedimiento, la evaluación y resolución de las solicitudes, incluido el régimen de reclamaciones, y la comunicación al Ministerio competente de los resultados de las evaluaciones realizadas. La disposición adicional primera, relativa al profesorado de las universidades privadas, dispone la extensión de la validez y eficacia de las acreditaciones reguladas en el real decreto a los efectos de que dicho profesorado pueda ser contratado por una universidad privada dentro del porcentaje del 60 por ciento de profesorado doctor previsto en el artículo 99 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. La disposición adicional segunda autoriza a la persona titular de la Dirección del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas resoluciones o instrucciones sean necesarias para la aplicación de esta norma. La disposición transitoria única establece que las solicitudes de evaluación para el acceso a las figuras de profesorado contratado doctor y profesorado de universidad privada presentadas antes de la entrada en vigor de este real decreto que aún se encuentren en trámite continuarán siendo evaluadas conforme al Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre. La disposición derogatoria única deroga el Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en este real decreto. La disposición final primera, por su parte, procede a modificar el Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos, a fin de habilitar el acceso a las comisiones de acreditación a evaluadores funcionarios de carrera tanto de cuerpos docentes como de las escalas de personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado que tengan, al menos, una antigüedad de dos años o más como personal funcionario en el momento de ser seleccionados, así como para prever expresamente el procedimiento de revisión de las resoluciones negativas dictadas por las comisiones de acreditación por incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 del referido Real Decreto 678/2023, de 18 de julio. Las restantes disposiciones finales son las habituales relativas a los títulos competenciales en virtud de los cuales se dicta este real decreto y a su entrada en vigor. III El presente real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En primer lugar, cumple los principios de necesidad y eficacia, pues es del mayor interés público asegurar la calidad docente e investigadora del profesorado universitario, tanto funcionario como laboral y, en desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, regular el procedimiento para la adecuada valoración de los méritos y competencias de las personas que aspiren a conseguir la acreditación a Profesorado Permanente Laboral. También cumple el principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para lograr los objetivos que desean alcanzarse con su aplicación sin introducir medidas restrictivas de derechos ni imponer obligaciones a los ciudadanos en general o empresas. Asimismo, la norma cumple el principio de seguridad jurídica en tanto que viene a adecuar la regulación reglamentaria a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, en beneficio de la seguridad jurídica de quienes aspiren a la acreditación que se regula, siendo necesario proceder a la aprobación de una norma reglamentaria para incorporar las innovaciones normativas contenidas en dicha ley. Por otra parte, se cumple el principio de transparencia en la medida en que la norma identifica claramente su objeto y finalidad tanto en su preámbulo como en la memoria del análisis de impacto normativo que la acompaña y, además, la norma se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y se han realizado todos los trámites de participación pública a los que alude el citado artículo. Finalmente, la norma es adecuada al principio de eficiencia, ya que no impone nuevas cargas administrativas, permite una gestión más eficiente de los recursos públicos y, en definitiva, su fin último es facilitar y agilizar, mediante la homogeneización de los requisitos mínimos comunes, los procedimientos de acreditación del Profesorado Permanente Laboral. En coherencia con este principio, se establece la obligación de relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos en los procedimientos de acreditación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En su procedimiento de elaboración, este real decreto ha sido informado por el Consejo de Universidades y por la Conferencia General de Política Universitaria. Además, en el trámite de audiencia, han sido consultadas asociaciones y organizaciones representativas de la educación universitaria en España, en particular la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS). Este real decreto se dicta de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y en uso de la habilitación de desarrollo reglamentario a favor del Gobierno efectuada por la disposición final octava de dicha ley orgánica, que establece que se habilita al Gobierno a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación, la ejecución y el desarrollo de lo establecido en esta ley orgánica. En cuanto a la distribución constitucional de competencias en la materia, este real decreto se ampara en lo dispuesto en las reglas 1.ª y 30.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que reconocen al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la aprobación de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, respectivamente. Durante la tramitación de este real decreto, se ha informado a la Conferencia General de Política Universitaria y al Consejo de Universidades de conformidad, respectivamente, con los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. Asimismo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha emitido informe sobre su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias, en virtud del artículo 26.5, párrafo sexto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 17 de noviembre de 2026, DISPONGO:
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