Art. [preambulo]
En vigor desde 21 nov 2026
I
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, constituye el marco normativo fundamental para la acción coordinada en materia de salud pública en todo el territorio nacional. En esta ley se había previsto la creación de un Centro Estatal de Salud Pública con funciones de asesoramiento técnico. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 (2020–2023) reveló nuevas necesidades, que llevaron a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados (2020) a recomendar la creación de un organismo público con preferencia de agencia estatal, con capacidad de respuesta reforzada en salud pública.
Asimismo, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, y la Comisión Europea han instado a los Estados a fortalecer sus capacidades en salud pública. En esta línea se ha dirigido el Componente 18 «Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado en 2021. Este plan establece entre sus hitos, la constitución y puesta en funcionamiento de la Agencia Estatal de Salud Pública como instrumento clave para consolidar capacidades operativas, técnicas, formativas y de respuesta rápida en situaciones de crisis, así como para avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de información en salud y la mejora del análisis de datos aplicados a la toma de decisiones.
Con objeto de afrontar estas necesidades, se ha promulgado la Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Esta norma introduce reformas sustanciales en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y además sustituye la previsión de creación de un Centro Estatal de Salud Pública con funciones de asesoramiento técnico, por una Agencia Estatal de Salud Pública con competencias en vigilancia, evaluación del riesgo y de preparación y respuesta ante crisis sanitarias. De esta manera, la ley crea la Agencia Estatal de Salud Pública (en adelante, AESAP), con naturaleza jurídica de agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad, estableciendo en su disposición final quinta la necesidad de aprobación de su Estatuto en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley.
Con la aprobación de este Estatuto se hace efectivo dicho mandato legal, configurando la AESAP como un organismo de carácter técnico-científico, especializado y con proyección estatal e internacional, que actuará como motor de excelencia en salud pública y como instrumento clave de apoyo a las políticas públicas.
El diseño organizativo y funcional de la AESAP se ha guiado por los principios rectores que se exponen a continuación y que responden a los retos actuales y futuros de la salud pública.
La separación entre evaluación y gestión del riesgo. En consonancia con las recomendaciones internacionales se reconoce la conveniencia de separar las funciones de evaluación técnico-científica del riesgo y su comunicación a la sociedad, responsabilidad que debe corresponder a las instituciones técnico-científicas como la AESAP, de las funciones de gestión del riesgo, que competen a las autoridades sanitarias, en particular, en la Administración General del Estado, al Ministerio de Sanidad. Esta separación funcional refuerza la transparencia, la independencia y la confianza pública en la toma de decisiones sanitarias.
La incorporación del enfoque de «Una sola salud». Este modelo promueve el diálogo entre disciplinas biomédicas, veterinarias, ambientales y sociales, y fomenta una cultura institucional sensible a la complejidad de los problemas de salud, para hacer frente a la creciente interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental. La AESAP incorpora este enfoque mediante estructuras organizativas transversales, metodologías interdisciplinares y una estrategia de capacitación del personal orientada a la inclusión holística y transdisciplinar de los determinantes de la salud.
Trabajo en red con el conjunto del sistema institucional. La AESAP no sustituye a las instituciones de salud pública existentes, sino que actúa como nodo técnico de referencia que articula y potencia un ecosistema cooperativo con todas las administraciones públicas, universidades, centros de investigación, sociedades científicas, organizaciones sociales y actores privados, con el objeto de fortalecer la salud pública.
El liderazgo transformador ante los nuevos desafíos de la salud pública. Los retos contemporáneos en materia de salud pública exigen una respuesta institucional robusta, coherente y basada en evidencias, con un enfoque salutogénico que potencie las capacidades y el empoderamiento de las personas y las comunidades. La AESAP asume este papel estratégico y de liderazgo técnico para impulsar la modernización del sistema de salud pública, la adaptación institucional y el fortalecimiento de capacidades.
La incorporación de la investigación y la innovación como funciones nucleares. La generación de evidencia científica como base para la toma de decisiones, la evaluación y validación de intervenciones, y de políticas públicas son elementos esenciales de una salud pública moderna. La AESAP no se limita a la ejecución de funciones técnicas, sino que incorpora la I+D+i como componente transversal de todas sus actuaciones, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, O.A., el sistema científico, las universidades y las redes internacionales.
La centralidad de la equidad y los determinantes sociales de la salud. La salud pública no puede entenderse sin un enfoque de derechos humanos, justicia social y reducción de desigualdades sociales, económicas, territoriales y de género. Para ello, la AESAP se dota de capacidades de análisis cualitativo y cuantitativo, producción de indicadores sociales y metodologías participativas. Asimismo, promueve la incorporación del enfoque de «Salud en todas las Políticas», proporcionando evidencia útil para orientar las políticas públicas de otros sectores hacia objetivos de mejora de la salud y el bienestar de la población.
La necesidad de reforzar la legitimidad social y la participación pública. En línea con los principios de transparencia y gobierno abierto, la AESAP establece mecanismos permanentes de diálogo con la sociedad. Por ello incorpora un órgano consultivo y de participación representativa que facilita el diálogo con los actores sociales, los pacientes, las organizaciones de consumidores, la ciudadanía organizada y las comunidades científicas, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad en las actuaciones de salud pública.
II
El presente real decreto consta de un artículo único mediante el que se aprueba el Estatuto y una parte final compuesta por seis disposiciones adicionales que regulan la constitución efectiva de la AESAP, el inventario, la supresión de órganos, la incorporación de personal, los servicios y tecnologías digitales y la creación de la comisión de coordinación para la transición de las funciones de vigilancia en salud pública; seis disposiciones transitorias que regulan el régimen transitorio y cuatro disposiciones finales.
En este Estatuto se recogen las reglas fundamentales relativas a la organización y régimen de funcionamiento de la AESAP, en tanto que organismo público encargado de reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias.
En el capítulo I del Estatuto se recogen las disposiciones generales. La naturaleza jurídica de agencia estatal proporciona mayor autonomía funcional, responsabilidad por la gestión, control de resultados y flexibilidad operativa, fomentando con ello la innovación, eficiencia y atracción de talento especializado. La elección de la naturaleza jurídica de agencia estatal responde a la necesidad de dotar a la salud pública de una entidad con máxima independencia técnica, alta cualificación técnica, capacidad de actuación rápida y especializada, especialmente en contextos de alerta y emergencia sanitaria. El modelo permite conciliar autonomía técnica con rendición de cuentas, garantizando equilibrio entre integridad institucional, eficiencia en la gestión y capacidad de respuesta ante riesgos y amenazas emergentes.
Entre los fines generales destacan la vigilancia en salud pública, la evaluación y comunicación de los riesgos para la salud y las actividades de planificación de la preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias, que constituyen los tres fines nucleares de la agencia. Asimismo, se incluye la finalidad de dar soporte a las administraciones públicas para el ejercicio de sus competencias de salud pública, mediante el refuerzo de la coordinación; el asesoramiento técnico-científico; la evaluación y seguimiento del resultado en salud de las políticas sanitarias; la participación en la elaboración de intervenciones en materia de salud pública; el impulso de la capacitación, investigación e innovación en salud pública en coordinación con el Instituto de Salud Carlos III, O.A.; así como el refuerzo de la cooperación entre todos los actores que desarrollen funciones en materia de salud pública.
Para el cumplimiento de estos fines, en el capítulo II se indican las competencias que son asignadas a la AESAP. La creación de la agencia supone un desdoblamiento funcional de las competencias en materia de salud pública del Ministerio de Sanidad, de modo que aquellas de carácter técnico-científico, como la vigilancia, la evaluación y comunicación del riesgo, la coordinación y gestión del sistema de alerta precoz y respuesta rápida, el asesoramiento especializado y el apoyo analítico a la toma de decisiones, se atribuyen a la AESAP, mientras que las de naturaleza gestora, administrativa, normativa o de autoridad sanitaria, vinculadas a la planificación, la elaboración de estrategias y programas, la gestión del riesgo, la coordinación interterritorial y el ejercicio de la potestad reglamentaria, permanecen en el Ministerio de Sanidad, consolidando con ello la separación entre evaluación y gestión del riesgo.
Esta nueva distribución competencial permite una delimitación más clara y eficiente de responsabilidades, configurando, por un lado, una agencia científico-técnica responsable de vigilar, evaluar y asesorar con base en la ciencia, y por otro, el Ministerio de Sanidad encargado de la toma de decisiones y de la gestión de la salud pública en coordinación con las comunidades autónomas, fundamentando sus actuaciones en las recomendaciones emitidas por la AESAP.
Por otra parte, los instrumentos de coordinación y cooperación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el ejercicio de las competencias compartidas en materia de salud pública siguen siendo la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a los que prestará asistencia técnica y asesoramiento científico la AESAP.
Con ello se refuerzan la coherencia institucional, la eficacia operativa y la capacidad del Estado para actuar de forma coordinada, asegurando que las decisiones en materia de salud pública se apoyen en la mejor evidencia científica disponible y, al mismo tiempo, se fortalezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones sanitarias y en la solidez técnica de sus decisiones.
La estructura organizativa recogida en el capítulo III se articula en dos grandes bloques funcionales: (i) departamentos operativos, responsables de la ejecución directa de las funciones esenciales y (ii) departamentos de soporte que facilitan el funcionamiento institucional.
Los departamentos operativos son dos y agrupan las funciones sustantivas de salud pública y su organización responde a la necesidad de disponer de unidades especializadas científico-técnicas con alta cualificación: Departamento de Vigilancia, Preparación y Respuesta y Departamento de Seguridad Química y Riesgos Ambientales.
Frente a estas funciones operativas, los tres departamentos de soporte proporcionan las capacidades transversales necesarias para que las actuaciones operativas sean eficaces, coherentes, basadas en evidencia y sostenibles: el Departamento de Estrategia, Cooperación y Comunicación; el Departamento de Ciencia, Innovación y Calidad; y la Secretaría General.
Asimismo, el Estatuto prevé la creación de dos órganos de carácter colegiado. Por un lado, la Comisión Intersectorial, que se configura como el principal órgano de coordinación entre la AESAP y los diferentes departamentos ministeriales con competencias que inciden en la salud. Su necesidad responde al reconocimiento de que la salud de la población está determinada por múltiples factores sociales, económicos y ambientales, que trascienden el ámbito estrictamente sanitario. Esta Comisión facilitará la incorporación sistemática del enfoque de «Salud en todas las políticas» y garantizará la coherencia entre estrategias sectoriales.
Por otro lado, el Consejo de Participación Social con funciones de órgano consultivo de la AESAP, destinado a canalizar la voz de la ciudadanía y de los profesionales. Con ello se da cumplimiento al derecho de participación recogido en el artículo 5 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, garantizando que las actuaciones en salud pública se diseñen y evalúen teniendo en cuenta la experiencia y perspectiva de los distintos sectores de la sociedad. Este Consejo constituye, además, un instrumento de legitimación democrática y de transparencia, orientado a reforzar la confianza social en las instituciones de salud pública.
Por otra parte, la estructura de la AESAP se adecua a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el régimen jurídico de las agencias estatales. En este marco, se distinguen claramente los órganos de gobierno y el órgano ejecutivo de la Agencia, de acuerdo con el modelo organizativo establecido en dicha ley.
En el capítulo IV se establecen las bases del funcionamiento de la AESAP. En coherencia con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la AESAP dispondrá de un contrato plurianual de gestión que fija los objetivos estratégicos de la AESAP, los recursos asignados y los indicadores de evaluación que permiten medir el grado de cumplimiento y orientar la mejora continua. Asimismo, se regulan los planes anuales de actuación, que concretan las prioridades, objetivos y actuaciones de cada ejercicio en coherencia con el contrato plurianual de gestión.
Asimismo, la disposición final primera modifica el Real Decreto 718/2024, de 23 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, con el fin de adaptar la organización y las funciones del Departamento a la puesta en funcionamiento de la AESAP y al nuevo reparto funcional de competencias, distinguiendo las funciones de carácter técnico-científico atribuidas a la Agencia de las funciones de planificación, gestión del riesgo y ejercicio de autoridad sanitaria que corresponden al Ministerio de Sanidad. Asimismo, se designa a las autoridades competentes en materia de sustancias de origen humano.
III
Este real decreto cumple con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: el principio de necesidad y eficacia, habida cuenta de que es de interés general derivado de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, de crear una Agencia Estatal de Salud Pública y por tanto de aprobar el Estatuto, para su constitución y puesta en funcionamiento; proporcionalidad, toda vez que la presente norma no afecta a los derechos y deberes de los ciudadanos y de las empresas y contiene la regulación imprescindible para la organización y funcionamiento de la Agencia y el cumplimiento de sus fines; seguridad jurídica, pues la iniciativa se imbrica dentro del ordenamiento jurídico administrativo, tanto nacional como del ámbito de la Unión Europea e Internacional, es coherente con el mismo y se dicta para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley 33/2011, de 4 de octubre y a la Ley 7/2025, de 28 de julio; transparencia, pues la necesidad de la propuesta y sus objetivos constan de manera clara y explícita en la memoria de análisis de impacto normativo, que es accesible a la ciudadanía a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Así mismo se adecua al principio de eficiencia, pues la AESAP realizará la necesaria coordinación para maximizar el rendimiento de los recursos públicos del Estado para la vigilancia en salud pública, la evaluación del riesgo para la salud y la preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias y no prevé cargas administrativas.
El presente real decreto se dicta en ejercicio de la potestad de autoorganización de la Administración General del Estado y al amparo de los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1.15.ª y 16.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y en materia de bases y coordinación general de la sanidad, respectivamente, en los que se ampara asimismo la Ley 7/2025, de 28 de julio, de la que este real decreto trae causa directa conforme a su disposición final quinta.
En la elaboración de este real decreto se ha seguido el procedimiento legalmente establecido. Al tratarse de un proyecto de regulación administrativa, que aprueba el estatuto de un organismo público sin afectar a derechos e intereses legítimos de las personas ni establecer obligaciones para la ciudadanía, se ha prescindido del trámite de audiencia e información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. No obstante, en cumplimiento del principio de transparencia, se ha publicado el texto y la memoria de análisis de impacto normativo en el portal de internet de participación pública del Ministerio de Sanidad.
Asimismo, se han recabado los informes preceptivos de las Secretarías Generales Técnicas de los ministerios coproponentes y de los restantes departamentos ministeriales, de conformidad con el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se ha solicitado informe al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en materia de distribución de competencias, a la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Sanidad, a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa y al Consejo de Estado, cuyo dictamen ha sido emitido de conformidad con el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
Este real decreto establece las medidas imprescindibles para cumplir su objetivo, no genera nuevas cargas administrativas y quedan justificados suficientemente los objetivos que persigue.
El real decreto se aprueba en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 93.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el que se establece que los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del ministerio de adscripción y de los ministerios competentes en materia de hacienda y de función pública.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, del Ministro de Hacienda y del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
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Tus anotaciones
Proeli/es/rd/2026/11/18/1003#preambulo-pr