Art. [preambulo]
En vigor desde 4 sept 2025
España se ha enfrentado a importantes desafíos económicos y sociales durante los últimos años en medio de un contexto internacional especialmente complejo y cambiante. Por ello, las políticas económicas y presupuestarias puestas en marcha por el Gobierno en este tiempo se han orientado de forma prioritaria a proteger a la sociedad española ante situaciones particularmente adversas, como la irrupción de la pandemia, la posterior crisis energética y de precios relacionada con la guerra en Ucrania y las incertidumbres en el comercio internacional.
A pesar de este escenario global tan complejo, las políticas del Gobierno están impulsando una profunda transformación estructural del modelo productivo de nuestro país, basado en la innovación, en la cualificación del capital humano y en la apuesta intensiva por la digitalización y la transición ecológica, en consonancia con las recomendaciones de la Unión Europea. Todo ello está permitiendo un crecimiento económico más equilibrado, robusto y sostenible, haciendo compatibles la modernización, la competitividad y la resiliencia de nuestra economía, el sólido desempeño del mercado laboral, con tasas de empleo récord, el refuerzo y blindaje del Estado del Bienestar, el aumento de la justicia social y el compromiso con la estabilidad presupuestaria.
España fue la principal economía desarrollada del mundo con mayor crecimiento en 2024, contribuyendo aproximadamente a la mitad del crecimiento general de la eurozona. El PIB español cerró el año 2024 con un crecimiento anual del 3,2 por ciento, superando las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, apoyado por la creación de empleo en un contexto de fuerte incremento de la población extranjera y un importante avance de la productividad. Todo ello en el marco de una elevada capacidad de financiación con el exterior y elevadas tasas de ahorro del sector privado, en especial de los hogares.
A pesar de la incertidumbre internacional, el elevado dinamismo del PIB español continuará en 2025, con un crecimiento estimado del 2,6 por ciento. La creación de empleo seguirá impulsando el PIB durante los próximos años, debido al mantenimiento de elevados flujos migratorios y la sostenida reducción de la tasa de desempleo. Así, el impulso de la población, la tasa de actividad y la productividad generan un patrón de crecimiento elevado, permitiendo una aportación menor de fenómenos cíclicos coyunturales.
La imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos, así como las medidas de respuesta aplicadas por otros países, pueden debilitar los flujos de comercio internacional, minorando el dinamismo actual de la demanda externa de bienes de España. No obstante, debido a la reducida exposición de las exportaciones españolas, el impacto de esta nueva política arancelaria debería ser moderado para la actividad económica nacional, siendo inferior en comparación con otras economías europeas.
En cualquier caso, para mitigar los impactos negativos del nuevo contexto arancelario mundial, el Gobierno ha diseñado el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial que tiene como objetivo proteger a los trabajadores y a las empresas afectadas por la subida de aranceles, reorientando su capacidad productiva e impulsando la presencia de España en nuevos mercados. Así, el Plan despliega los instrumentos financieros y comerciales a disposición del Estado para favorecer la inversión productiva y facilitar liquidez y la actividad exportadora de las empresas afectadas. Dicho Plan movilizará un total de 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 millones son nuevos recursos financieros y otros 6.700 millones provienen de instrumentos ya existentes.
El contexto internacional actual está marcado, igualmente, por la continuidad de la invasión rusa en Ucrania y las operaciones militares de Israel en Gaza, conjuntamente con la aparición de nuevas amenazas híbridas, especialmente en el campo de la ciberseguridad, y el replanteamiento del orden multilateral vigente, lo que ha llevado tanto a la Unión Europea como al Gobierno de España a proponer medidas para incrementar la autonomía estratégica, modernizar las capacidades de seguridad y combatir mejor las posibles amenazas. Así, el Gobierno ha respondido con firmeza ante este reto mediante la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, reflejando el compromiso con la seguridad ciudadana, el progreso tecnológico del país y el avance del proyecto europeo. Dicho Plan constará de una inversión de 10.471 millones de euros para 2025, aumentando el gasto total en defensa hasta alcanzar el 2 por ciento del PIB como compromiso adquirido ante la Unión Europea y la OTAN, frente al 0,9 por ciento que se registraba en 2018. Este Plan impulsará una nueva fase de desarrollo industrial y tecnológico en el tejido productivo, creando cadena de valor y empleo en todos los territorios, a partir de tecnologías de doble uso, que puedan servir tanto para un propósito militar como civil, manteniendo al mismo tiempo intactos los compromisos con el Estado de Bienestar, la transición ecológica, la sostenibilidad de las cuentas públicas y la apuesta por la paz y el desarrollo en el mundo.
Por otro lado, España cumplió, por quinto año consecutivo, con su objetivo de déficit para 2024 cerrando el año con un 2,8 por ciento, sin contar con las medidas para paliar los efectos de la catástrofe de la DANA. Supone una reducción del déficit de 0,7 puntos con respecto a 2023, permitiendo continuar por debajo del objetivo del 3 por ciento, umbral de déficit del brazo correctivo de la normativa comunitaria, lo que pone de manifiesto el fuerte compromiso del país con la estabilidad presupuestaria, incluso en un contexto de suspensión de reglas fiscales como el que se ha vivido recientemente. Así, tras la pandemia, el déficit público de España ha retrocedido desde el 9,9 por ciento en 2020 hasta el 2,8 por ciento en 2024, cayendo la deuda pública aproximadamente un 20 por ciento de PIB hasta alcanzar el 101,8 por ciento a cierre de 2024. Para 2025, el déficit previsto será del 2,5 por ciento del PIB, excluyendo las medidas de la DANA, que finalizarán este año.
Hay que recordar que las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar las consecuencias de la DANA tuvieron un impacto en el déficit público de 2024 de hasta 5.590 millones (0,35 por ciento del PIB), consiguiendo atajar una situación de emergencia exógena con una respuesta fiscal inmediata, extraordinaria y necesaria para limitar los daños, garantizando una recuperación y reconstrucción rápidas, sin un efecto perturbador para la economía española, siendo el grueso las ayudas para los hogares, seguido de las empresas y la movilización de efectivos públicos en la zona.
Durante todo este periodo, y pese a las dificultades, España ha mantenido una gestión fiscal prudente, eficaz y sólida, incluso en un contexto de cláusula de salvaguarda activa. Así, la estrategia fiscal llevada a cabo en España ha permitido la compatibilidad de una senda de reducción del déficit y de la deuda pública con el crecimiento de la actividad económica y el empleo, el blindaje de los servicios públicos fundamentales y del Estado del Bienestar y la protección de las rentas de clases medias y de los sectores más desfavorecidos.
El crecimiento económico sostenible e inclusivo del país ha sido posible también gracias al conjunto de inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que están permitiendo la modernización y descarbonización de nuestro tejido productivo, convirtiéndose esto último en una importante ventaja competitiva. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como fecha de cierre agosto de 2026, ha permitido que España haya acelerado las transiciones verde y digital, implementado igualmente reformas estructurales de gran calado, como la reforma laboral, las medidas para mejorar el entorno empresarial, para favorecer la innovación o para garantizar la protección social.
En este contexto, los Presupuestos Generales del Estado para 2026 seguirán impulsando un crecimiento sostenible, justo e inclusivo promoviendo la modernización y la competitividad de nuestra economía. Se continuará con la labor realizada para favorecer la creación de empleo en sectores de alto valor añadido, de calidad y con derechos, reforzando y ampliando el Estado de Bienestar mediante el blindaje de los servicios públicos esenciales, independientemente de la administración que tenga la competencia de gestión. Unos servicios públicos cada vez más personalizados, eficaces y adaptados a las necesidades de una ciudadanía que los legitima con su uso, que son la red de protección de las familias y los colectivos más vulnerables, motores de innovación y empleo, así como garantes de la igualdad de oportunidades y de la cohesión territorial. Asimismo, se continuará apostando por políticas que impulsen viviendas asequibles para dar respuesta a uno de los principales retos que tiene la sociedad española en este momento, especialmente entre la juventud. Y se aumentará la apuesta por la sostenibilidad medioambiental como factor de competitividad y de garantía de futuro a través de las reformas ya iniciadas en el ámbito de la lucha contra la emergencia climática, en materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, de la movilidad sostenible, de la descarbonización, de las energías renovables y de la digitalización, manteniendo los compromisos adquiridos con nuestros socios estratégicos en materia de defensa e innovación.
Es decir, los Presupuestos Generales del Estado para 2026 van a continuar la hoja de ruta del Gobierno para afrontar los retos actuales y futuros de las sociedades avanzadas, en un periodo marcado por la elevada incertidumbre internacional, permitiendo el impulso de la prosperidad y la competitividad económica, reforzando el Estado del Bienestar y manteniendo los compromisos adquiridos y el rigor en materia de estabilidad presupuestaria.
Durante el año 2026 continuará vigente la aplicación del nuevo marco de gobernanza económica europeo, articulado a través del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, que se ha convertido en el principal documento de planificación fiscal de medio plazo. Dicho Plan fue remitido por España en octubre de 2024 y fue avalado por el Consejo ECOFIN.
Además, con la entrada en vigor del nuevo marco de gobernanza, se establece la remisión por parte de los Estados Miembros del Informe de Progreso Anual, que detalla el grado de avance en la senda de gasto neto establecida por el Consejo en su recomendación, así como el cumplimiento de las reformas e inversiones que justifican la ampliación del periodo de ajuste de 4 a 7 años, incorporando compromisos en materia de política económica, con especial incidencia en inmigración, vivienda y clima de negocios. En su análisis del citado informe, la Comisión y el Consejo constatan que el gasto primario neto financiado a nivel nacional creció en España un 3,5 por ciento en 2024, por debajo del 5,3 por ciento recogido en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo y en la Recomendación del Consejo. Las instituciones comunitarias esperan que el gasto primario neto crezca en el acumulado 2024-2025 un 7,9 por ciento, por debajo, igualmente, del 9,2 por ciento establecido en la Recomendación del Consejo.
Dentro del esfuerzo realizado por el Gobierno para el fortalecimiento de las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda publicó el cuarto informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas en los procesos de revisión y evaluación del gasto público o Spending Reviews elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Las conclusiones y recomendaciones resultantes de los citados Spending Reviews, así como las contestaciones dadas por los centros gestores del gasto respecto a las mismas, se incluirán, como cada año, en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 a través de la presente Orden, cumpliendo con el principio de «cumplir o explicar» que marca el citado informe de seguimiento.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2026 incluirán, además, la denominada «dimensión marrón» en el Informe de alineamiento con la transición ecológica, reforzando el análisis presupuestario transversal bajo diferentes perspectivas. Este enfoque se incorpora a los análisis transversales existentes hasta la fecha como el informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia.
El marco normativo de referencia en materia presupuestaria para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado lo configuran esencialmente la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la normativa europea en materia presupuestaria que resulte de aplicación.
De conformidad con el artículo 36.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el procedimiento por el que se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por orden de la persona titular de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y del Ministerio de Hacienda.
La presente Orden ministerial dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. En la misma se regulan los criterios generales de presupuestación, el ámbito institucional de los presupuestos, el proceso de elaboración y tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo la composición de los órganos participantes en su proceso de elaboración, los plazos y documentación para la elaboración, y se detalla el contenido de las estructuras presupuestarias.
En virtud de lo expuesto, dispongo:
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
Tus anotaciones
Proeli/es/o/2025/09/01/hac974#preambulo-pr