Art. [preambulo]
En vigor desde 23 dic 2026
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias.
PREÁMBULO
I
1. La presente ley busca garantizar y consolidar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, LGTBI), al objeto de erradicar las situaciones de discriminación que les afectan, para asegurar que en el Principado de Asturias se puedan vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad, sin que ninguna de estas opciones vitales suponga renunciar al igual disfrute del resto de derechos.
2. Esta ley autonómica viene a incorporarse al conjunto de leyes, normas, acciones y políticas que se han venido impulsando a nivel estatal y autonómico durante las últimas décadas, con la finalidad de garantizar a todas las personas el derecho a la igualdad de trato y el derecho a ser protegidas contra toda forma de discriminación por razón de la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género o las características sexuales.
3. Esta ley define una serie de políticas públicas que buscan remover los obstáculos que impiden a las personas LGTBI ejercer plenamente sus derechos como ciudadanas debido a su situación de vulnerabilidad jurídica, política y social provocada por las condiciones históricas y estructurales de discriminación y desigualdad que las han afectado, así como las constricciones y restricciones a las que las ha sometido el orden jurídico.
II
4. En España, la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, modificada en 1954 por la dictadura franquista para perseguir a las personas homosexuales (en la que se incluía materialmente a las personas gais y transexuales), prescribía el aislamiento en campos de trabajo forzado separados del resto de personas internas (rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a quienes vivían de la mendicidad ajena). Además, se les prohibía retornar a sus municipios y eran sometidas a la vigilancia permanente de los agentes del Gobierno.
5. En el año 1970, la Ley de Peligrosidad Social modificó el castigo por el denominado «tratamiento», que podía incluir lobotomía y descargas eléctricas. Esta última ley no eliminó la mención a «los actos de homosexualidad» hasta diciembre del año 1978 y no fue derogada completamente hasta el 23 de noviembre de 1995. No obstante, se siguió persiguiendo a las personas LGTBI con base en la figura de la ley de escándalo público, que no se modificó hasta el año 1983 y no se derogó hasta 1989.
6. En este contexto legal, las mujeres lesbianas y bisexuales eran sistemáticamente invisibilizadas. A diferencia de la homosexualidad masculina, las lesbianas fueron abordadas con menos claridad por estas leyes y fueron procesadas con mucha menos frecuencia por el delito de homosexualidad. En su caso, los mecanismos de represión se efectuaban a través del control social, religioso y médico, catalogándolas como mujeres de dudosa reputación o enfermas, por lo que debían ser objeto de reeducación.
7. En el Principado de Asturias, la Ley de Vagos y Maleantes fue aplicada por las audiencias territoriales desde 1933 y, a partir de 1958, por los tribunales especiales de vagos y maleantes situados en Madrid y Barcelona. En 1966, se creó el Tribunal Especial de Vagos y Maleantes de León, con competencia, entre otras, en la provincia de Asturias. La Ley de Peligrosidad se promulgó en 1970, aunque no comenzó a aplicarse en Asturias hasta mediados de 1971.
8. La legislación represiva se sumaba al control comunitario –a veces incluso por parte de las propias familias–, lo que propiciaba que muchas de las personas LGTBI asturianas emprendieran proyectos de migración sexual hacia las grandes capitales, como Barcelona, Madrid o Bilbao, o a localidades costeras receptoras de turismo internacional, como Valencia o Málaga. Por otro lado, en Asturias, las redes de sociabilidad –las «segundas familias»– eran escasas, lo que contribuía a una tremenda (auto)censura de estas realidades no normativas en el espacio público. El clima represivo trascendía así la mera legislación, lo que sin duda contribuía a la escasísima visibilidad de las personas LGTBI asturianas, mucho menor que la que podemos rastrear en otros territorios.
9. Ante esta situación de sistemática vulneración jurídica, en el año 1970 se creó en España la primera asociación en defensa de los derechos de las personas LGTBI, llamada el Movimiento Español de Liberación Homosexual. El 26 de junio de 1977 se llevó a cabo en Barcelona la primera manifestación LGTBI pidiendo la derogación de la Ley de Peligrosidad Social. Esta reivindicación fue marcada por la represión policial y censurada por algunos medios de comunicación. El colectivo LGTBI volvió a salir a la calle. Sevilla, Madrid y Bilbao se unieron a la causa. El 26 de diciembre de 1978 ganaron la batalla y consiguieron la suspensión de los artículos de esa ley que perseguían a las personas LGTBI.
10. En el marco de la transición democrática, el movimiento alcanzó un alto grado de visibilización mediática y de aceptación social, obteniendo un importante apoyo por parte de organismos sindicales y partidos políticos. En 1980 el Front d’Alliberament Gai de Catalunya se convierte en la primera asociación LGTBI en alcanzar su estatuto legal. Durante esa década se legalizaron numerosas asociaciones a lo largo y ancho de toda España hasta la fundación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), creada en el año 1992.
11. Ese mismo año el Principado de Asturias se incorpora al activismo LGTBI español con la aparición del Colectivo de Feministes Llesbianes y de XEGA (Xente Gai Astur), fundados en el año 1992. El 28 de junio de 1993 ambas agrupaciones LGTBI asturianas se manifestaron por las calles ovetenses en una primera convocatoria del Orgullo bajo la consigna «¡Ama como quieras!». Desde entonces y hasta la actualidad, han surgido más de una decena de asociaciones que no han abandonado la lucha por la visibilidad de las realidades de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y otras identidades como vía para la normalización social.
12. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el activismo asturiano realizó una labor de intervención socioeducativa destacada a nivel nacional, a través de actividades pioneras que abrieron espacios para la diversidad entre la población adolescente, juvenil y mayor en los ámbitos escolar, deportivos y de salud, entre otros. Asimismo, en los últimos años se ha conseguido reconocimiento institucional, y en el seno de las instituciones del Gobierno autonómico se han establecido órganos con competencias en materia de derechos de las personas LGTBI.
13. Fue así como, mediante el Decreto 6/2020, de 23 de junio, de segunda modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, se otorgó a la Consejería de Presidencia las competencias relativas a diversidad sexual y derechos LGTBI. A su vez, el Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Presidencia, modificado por el Decreto 35/2020, de 2 de julio, dispuso que a la Dirección General de Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI le corresponden las funciones relativas a la consecución del principio de igualdad y de eliminación de cualquier tipo de discriminación del colectivo LGTBI.
14. En este marco se creó el Observatorio Asturiano contra la LGTBI-fobia, que esta ley sustituye por el Conseyu de Participación LGTBI, como órgano de consulta y participación, con el objetivo de prestar asesoramiento y colaboración institucional a la Administración del Principado de Asturias en materia de discriminación sobre personas LGTBI.
15. En la actualidad, de acuerdo con el Decreto 75/2023, de 18 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, corresponden a la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI las funciones relativas a la ejecución de medidas para eliminar toda discriminación por motivo de orientación sexual o identidad sexual que impida la igualdad de derechos de los homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales en la sociedad asturiana, fomentando el respeto a la diversidad afectivo-sexual para crear una sociedad libre de todo prejuicio y estereotipo, erradicando la intolerancia.
16. A pesar de todas estas acciones, la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia siguen estando presentes en nuestros días, tal y como constatan informes y estudios realizados a niveles autonómico, estatal y europeo. Los datos sobre la situación de la diversidad sexual en los entornos educativo y laboral, por ejemplo, nos devuelven una realidad preocupante en torno al acoso escolar y laboral y al riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGTBI.
17. Las discriminaciones que sufren las personas LGTBI siguen siendo notables. Según el estudio sobre decisiones judiciales del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) «Análisis de casos y sentencias en materia de racismo, xenofobia, LGTBIfobia y otras formas de intolerancia», uno de cada cinco delitos de odio cometidos en España entre 2002 y 2021 tuvo como objetivo la orientación y la identidad sexual de las víctimas, lo que sitúa estos factores como la primera motivación discriminatoria en tales delitos, por delante, incluso, del origen racial o étnico.
18. En el caso de las personas trans, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea señaló en su informe de 2024 sobre igualdad LGTBI que las personas intersexuales, trans, no binarias y con diversidad de género sufren más discriminación, acoso y violencia. Es más probable que sufran problemas de salud mental y tengan pensamientos suicidas. También tienen más probabilidades de quedarse sin hogar y de tener dificultades para acceder a la atención médica. Lo mismo ocurre con las personas LGBTI con discapacidad, con dificultades económicas o miembros de grupos étnicos u otros grupos considerados minoritarios.
19. A pesar de que comienzan a aparecer estos primeros indicadores oficiales sobre la discriminación hacia las personas LGTBI, las estadísticas con las que se cuenta son todavía escasas, sobre todo en el Principado de Asturias. Por ello, uno de los objetivos de esta ley es promover estudios que aporten datos sobre la realidad de las personas LGTBI que sirvan de fundamento y orientación para el desarrollo de políticas públicas efectivas.
20. En definitiva, esta ley recoge la reivindicación histórica de los colectivos LGTBI asturianos, que en los últimos años han alcanzado el reconocimiento social y político que se les ha negado históricamente y cuyo derecho a la igualdad y no discriminación aún está lejos de estar plenamente garantizado.
21. Desde una perspectiva histórica, esta ley supone un importante avance en el camino recorrido hacia la igualdad y la justicia social que permite consolidar el cambio de concepción social sobre las personas LGTBI en el Principado de Asturias. Ello pasa por crear referentes positivos, por entender la diversidad como un valor, por asegurar la cohesión social promoviendo los valores de igualdad y respeto y por extender la cultura de la no discriminación frente a la del odio y el prejuicio.
III
22. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación constituyen principios jurídicos universales proclamados en diferentes textos internacionales sobre derechos humanos, y reconocidos como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
23. En el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, se han adoptado diferentes documentos y recomendaciones que han contribuido a elevar los estándares internacionales de respeto y protección del derecho a la integridad y a la no discriminación de las personas LGTBI. A este respecto, pueden mencionarse varias resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, como la resolución adoptada el 17 de junio de 2011 (A/HRC/RES/17/19), «Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género»; la resolución adoptada el 26 de septiembre de 2014 (A/HRC/RES/27/32), «Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género»; o la resolución adoptada el 30 de junio de 2016 (A/HRC/RES/32/2), «Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género». También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la cuestión de la discriminación y la violencia que sufre este colectivo, como en su informe A/HRC/29/23, de 4 de mayo de 2015, y ha establecido una serie de recomendaciones para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI que han inspirado a muchos Estados en sus respectivas políticas y legislaciones.
24. En lo relativo a las personas trans, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en su undécima revisión (CIE 11), de 2018, eliminó la transexualidad del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento, trasladándola al de «condiciones relativas a la salud sexual», lo que supone el aval a la despatologización de las personas trans.
25. En el ámbito del Consejo de Europa, se han aprobado diferentes resoluciones relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, destacando la «Recomendación CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género», de 31 de marzo de 2010, y la Resolución 2048 (2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 22 de abril de 2015, sobre Discriminación Contra las Personas Transgénero en Europa. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir del Caso Goodwin vs. Reino Unido, ha acogido el derecho al cambio de sexo registral, en el marco del derecho a la privacidad, protegida por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y su jurisprudencia evoluciona hacia el reconocimiento de la autodeterminación de género de acuerdo con el principio de autonomía personal.
26. En el ámbito de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 2 el principio de no discriminación como uno de los principales valores de la Unión. Asimismo, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habilita al Consejo a adoptar acciones adecuadas para luchar, entre otros motivos, contra la discriminación por razón de orientación sexual. Por último, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual.
27. En 2015, la Comisión Europea presentó una lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTIQ. En 2020, la Comisión Europea aprobó la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025, que recuerda que la discriminación contra las personas LGBTIQ persiste en diversas partes de la UE. Es por ello por lo que el primero de sus pilares es la lucha contra la discriminación hacia las personas LGBTIQ.
28. Dicha estrategia señala de manera expresa que «acabar con la desigualdad en la UE es una responsabilidad compartida que requiere esfuerzos conjuntos y la actuación en todos los niveles. Las instituciones y agencias de la UE, los Estados miembros –incluidas las autoridades regionales y locales–, los organismos para la igualdad, la sociedad civil y las empresas deben reforzar su compromiso para alcanzar los objetivos de la estrategia».
29. En el ámbito nacional, el artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Gracias a la cláusula de apertura de este artículo, las leyes se han ido adaptando para expulsar de sus normas previsiones que, poco a poco, la sensibilidad de la sociedad ha pasado a considerar diferencias de trato inadmisibles y, en consecuencia, discriminatorias.
30. Dentro de este recorrido legal, con la aprobación del Código Penal por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se incluyó por primera vez como circunstancia agravante la discriminación por la orientación sexual de la víctima. Posteriormente, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al transponer la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al Establecimiento de un Marco General para la Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación, hizo igualmente mención expresa a la discriminación realizada por razón de orientación sexual.
31. Hito fundamental de este camino fue la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de Derecho a Contraer Matrimonio, que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, equiparándolo al matrimonio entre personas de diferente sexo.
32. Posteriormente, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, reconoció a las personas trans mayores de edad y de nacionalidad española la posibilidad de modificar la asignación registral de su sexo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial previo, aunque manteniendo la necesidad de disponer de un diagnóstico de disforia de género. A través de esta misma ley, se modificó la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, reconociendo por vez primera la doble maternidad en el seno de matrimonios de mujeres.
33. Del mismo modo, en los ámbitos de las fuerzas armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las instituciones penitenciarias se han producido avances normativos encaminados a actuar con pleno respeto y no discriminación al colectivo LGTBI, especialmente en el caso de las personas trans en situación de privación de libertad, en virtud de la Instrucción 7/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sobre Integración Penitenciaria de Personas Transexuales.
34. El reconocimiento del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación son expresión de los principios de dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad, que, conforme al artículo 10 de la Constitución, son fundamentos del orden político y de la paz social. Sobre la base de tales principios, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, ha reconocido que el derecho al cambio registral de la mención al sexo da efectividad al principio de libre desarrollo de la personalidad y constituye igualmente una proyección del derecho fundamental a la intimidad personal, consagrado en artículo 18.1 de la Constitución. En tal sentido, la referida Ley 4/2023, de 28 de febrero, deroga la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, estableciendo un nuevo régimen para la rectificación registral de la mención relativa al sexo, en línea con la doctrina constitucional.
35. A este respecto, el Tribunal Constitucional, en su STC 99/2019, de 18 de julio, estableció que con la habilitación a la persona mayor transexual a rectificar la mención registral de su sexo, y correlativamente a cambiar la constancia registral de su nombre, se «está permitiendo a la persona adoptar decisiones con eficacia jurídica sobre su identidad. La propia identidad, dentro de la cual se inscriben aspectos como el nombre y el sexo, es una cualidad principal de la persona humana. Establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad». De ahí que el fallo de dicha sentencia declarase inconstitucional el artículo 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, en la medida en que no incluía entre los legitimados a las personas menores de edad con «suficiente madurez» y que se encontrasen en una «situación estable de transexualidad». Por su parte, también en nuestro país, el Tribunal Supremo, en su Sentencia número 685/2019, de 17 de diciembre de 2019, se ha pronunciado en el mismo sentido.
36. El marco normativo estatal sobre protección jurídica de las personas LGTBI fue perfeccionado recientemente por la sanción de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (ley antidiscriminatoria) y de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI (ley trans y LGTBI).
37. Por su parte, 15 de las 17 comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos competenciales, han aprobado leyes para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. Se trata de la Comunidad Foral de Navarra (2009-2017), País Vasco (2012), Andalucía (2014), Galicia (2014), Catalunya (2014), Canarias (2014–2021), Extremadura (2015), Madrid (2016), Murcia (2016), Illes Balears (2016), València (2017), Aragón (2018), Cantabria (2020), La Rioja (2022) y Castilla-La Mancha (2022).
38. En lo que concierne al Principado de Asturias, el Estatuto de Autonomía (en adelante, EA) señala en su artículo 9 que los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía de Asturias son los establecidos en la Constitución española y que las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del marco de sus competencias, velarán especialmente por garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de cuantos residen en el territorio del Principado; procurarán la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales; y facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de Asturias.
IV
39. La presente ley se estructura en cuatro títulos, a los que antecede un título preliminar, que establece el objeto, el ámbito subjetivo de aplicación y varias definiciones relacionadas con las políticas públicas establecidas en el título II. El título I recoge los principios generales de actuación de la Administración autonómica y las Administraciones locales.
40. El título II es el más amplio y en él se recogen las distintas políticas públicas impulsadas para erradicar la discriminación y para la garantía de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Se estructura internamente en diez capítulos: el primero contiene disposiciones generales, en tanto que los nueve restantes se dedican a diversos ámbitos materiales sobre los que el Principado de Asturias dispone de competencias, ya sean exclusivas, de desarrollo legislativo o de ejecución.
41. Así, se impulsan medidas en el ámbito educativo (artículo 18.1 del EA); de la sanidad (artículos 11.2 y 12.13 del EA); del empleo (artículo 12.10 del EA); de la cultura (artículos 10.1.17, 10.1.18 y 10.1.20 del EA), el turismo (artículo 10.1.22 del EA), el ocio y el deporte (artículo 10.1.23 del EA); de los medios de comunicación social e internet (artículo 17 del EA); de los servicios y bienestar social (artículo 10.1.24 del EA); del régimen local (artículo 11.10 del EA), con especial atención a las zonas rurales; y en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo.
42. El título III desarrolla medidas en el ámbito policial y judicial de protección frente a la discriminación por razones LGTBI-fóbicas. Por último, el título IV recoge el catálogo de infracciones y sanciones, que complementa el marco estatal regulado por las Leyes 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.
V
43. Esta ley se ajusta a los principios de actuación previstos en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, siendo particularmente exigente con la necesidad de colaboración mutua y lealtad entre Administraciones para lograr una eficaz aplicación de sus disposiciones y la participación de los distintos colectivos y la sociedad en general durante las fases previas y posteriores a la elaboración del texto.
44. En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la ley se justifica en la necesidad de establecer las políticas públicas necesarias para erradicar las conductas discriminatorias y garantizar el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, dando cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de no discriminación y, más en particular, a las obligaciones derivadas de la normativa antidiscriminatoria general española, por un lado, y, por otro, a la legislación para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
45. Respecto al principio de proporcionalidad, la ley contiene la regulación indispensable para atender las necesidades descritas. Para cumplir con el principio de eficiencia, se ha evitado que la ley introduzca nuevas cargas administrativas y se ha velado en todo momento por la racionalización en la gestión de los recursos públicos. En aplicación del principio de transparencia, se ha posibilitado que las personas destinatarias tengan una participación activa en la elaboración de la ley mediante la conformación del grupo de trabajo para la elaboración de la ley LGTBI de Asturias.
46. Por último, la iniciativa normativa se ha ejercido de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional, autonómico, de la Unión Europea e internacional, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones por parte de las personas físicas y jurídicas destinatarias. Se garantiza de este modo el principio de seguridad jurídica.
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