Art. Preambulo
En vigor desde 18 nov 2012
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:
PREÁMBULO
En los últimos años han aparecido, junto al matrimonio, otras formas de convivencia more uxorio , cada vez más numerosas y más aceptadas por la sociedad, que demandan una adecuada regulación.
El hecho de que dos personas, con independencia de su sexo, convivan unidas por un vínculo de afectividad análoga a la conyugal, crea un conjunto de relaciones, derechos y deberes personales y patrimoniales, tanto entre sus miembros como con relación a terceras personas, que en la actualidad no pueden ser desconocidos por el derecho positivo y que merecen la protección de los poderes públicos mediante la correspondiente legislación.
A favor de ese reconocimiento y de esa protección se han pronunciado tanto el Consejo de Europa como distintas instituciones de la Unión Europea, mediante las siguientes disposiciones, entre otras: Resolución de 1 de octubre de 1981 de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, resolución del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1984, recomendación del Consejo de Europa de 7 de mayo de 1988 que postula el reconocimiento de la eficacia de los pactos y contratos entre las personas convivientes de hecho; resolución del Parlamento Europeo de 6 de febrero de 1994 y recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 26 de septiembre de 2000, entre otras.
El Consell no ha sido insensible a estas recomendaciones y en todas sus actuaciones normativas ha defendido el principio de igualdad y de no discriminación. Así, mediante el Decreto 250/1994, de 7 de diciembre, creó el Registro de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana, que fue desarrollado mediante Orden de 15 de febrero de 1995, de la Conselleria de Administración Pública.
Especial consideración merece la Ley 1/2001, de 6 de abril, de la Generalitat, por la que se regulan las uniones de hecho. Esta ley supuso un paso firme y decidido del Consell para dar adecuada solución jurídica a una realidad sociológica indiscutible: El incremento de las uniones de hecho. La ley estableció una regulación equilibradora e igualitaria, origen de la normativa actual.
Sin embargo, no puede desconocerse que las sociedades evolucionan de modo muy rápido en esta materia y por ello es obligación de los poderes públicos dictar normas que permitan la resolución de los nuevos problemas que puedan derivarse de esta realidad social. Por otra parte, no es discutible tampoco que las uniones de hecho presentan actualmente un elevado grado de vigencia y aceptación social, por lo que el derecho no sólo debe reconocerlas y evitar situaciones de discriminación, sino que también debe dotarles de un marco jurídico que atienda a los diversos problemas que puedan producirse en su ámbito.
La finalidad de esta ley, por tanto, es establecer un instrumento jurídico adecuado y suficiente que permita a las parejas ordenar su convivencia en el aspecto personal y patrimonial, cuando no hayan contraído matrimonio, de acuerdo con los principios de igualdad y de no discriminación.
Esta norma, que se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 49.1.1.ª y 2.ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana otorga a la Generalitat, parte del máximo respeto a la libertad de las personas para constituir una unión de las reguladas por la misma y para regular sus relaciones personales y patrimoniales, con pleno respeto a su intimidad y sin mayores requisitos que los necesarios para garantizar la seguridad jurídica tanto de quienes conviven como de terceras personas.
Dicho principio inspira todo el articulado de la presente ley, de modo que la configuración del régimen de convivencia será la que sus miembros hayan acordado atribuirse voluntariamente.
La ley regula las uniones de hecho formalizadas, en las cuales quienes conviven manifiestan de forma expresa su voluntad de constituir una unión de hecho, formalizando la misma mediante su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana. Por ello, la ley, siempre en defecto de regulación particular, les reconoce un abanico de derechos y deberes vinculados a dicha convivencia, con inevitables efectos personales y patrimoniales, tanto durante su vigencia como en el momento de su extinción.
En el sentido expuesto, la ley se inicia con un capítulo I que contiene las disposiciones generales. En estas normas se contienen el objeto de la ley, sus principios rectores, fundamentados en evitar las situaciones de discriminación, y el ámbito de aplicación de la norma, que se fundamenta en la vecindad civil valenciana, como se desprende del artículo 3.4 del vigente Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Este capítulo I contiene además tres preceptos dedicados a la acreditación y prueba de las uniones de hecho, a las prohibiciones para su constitución y a los modos de extinción.
En cuanto a las formas de acreditación, se ha optado por un simple régimen de manifestación expresa de la voluntad común, admitiéndose las más simples y menos costosas fórmulas de expresión para facilitarla. La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana se regula como un instrumento de publicidad para dotar de certeza y efectos jurídicos a la unión, preservándose así la necesaria seguridad jurídica.
Las prohibiciones para constituir una unión de hecho están inspiradas en el principio de mínima intervención, impidiendo únicamente la constitución de la unión en situaciones de mantenimiento simultáneo de otros vínculos convivenciales, minoría de edad sin emancipación o parentesco muy cercano.
Finalmente, también queda reflejado el principio de libertad individual, inspirador de la ley, al regular los supuestos de extinción de la unión, sus efectos y su cancelación en el Registro de Uniones de Hecho Formalizadas.
Los capítulos II y III se refieren a la regulación de la convivencia y de los aspectos patrimoniales entre las personas convivientes, fundamentada en el respeto a las decisiones adoptadas por quienes integran la unión. Así, quienes conviven pueden establecer libremente los pactos que rijan las relaciones personales y patrimoniales de su unión, tanto durante la misma, como tras su extinción, sin más límites que la ley, la moral, el orden público y la igualdad de sus propios derechos.
Establece la ley normas relativas al régimen económico que se fundamentan en el principio de independencia patrimonial con la obligación de ambos miembros de la unión de contribuir a la satisfacción de los gastos comunes, determinándose cuáles tienen tal naturaleza y estableciendo requisitos para determinados actos de administración y, en especial, para la disposición de la vivienda habitual de la pareja.
También regula la ley el derecho de alimentos. El derecho a percibir una compensación económica o una pensión periódica en caso de cese de la convivencia podrá reconocerse si expresamente se hubiera pactado.
Tras regular la responsabilidad de quienes integran la uniones formalizadas frente a terceras personas y otorgar a la persona conviviente supérstite un derecho, limitado en el tiempo, de usar la vivienda familiar después de fallecer su pareja, la ley establece, en el capítulo IV, referido a las relaciones personales y familiares, que quienes integren una unión de hecho formalizada se considerarán equiparados a los cónyuges en cuanto al ejercicio de las acciones relacionadas con las declaraciones de incapacidad, prodigalidad, ausencia, fallecimiento y desempeño de las funciones de tutela y curatela, y prevé en el capítulo V, relativo a los derechos sucesorios, el derecho de quien sobrevive a ocupar en la sucesión de su pareja la misma posición que corresponde legalmente al cónyuge supérstite.
El capítulo VI de la ley establece determinados supuestos de equiparación de las uniones de hecho formalizadas a las matrimoniales. Dichos supuestos obedecen a la aplicación de las recomendaciones internacionales anteriormente mencionadas y tienen el propósito de evitar situaciones de discriminación o desigualdad injustificada. Así, en diversas materias competencia de la Generalitat la ley dispone que quienes integran las uniones de hecho formalizadas tendrán la misma consideración que quienes son cónyuges.
Finalmente, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales completan esta regulación.
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Proeli/es-vc/l/2012/10/15/5#preambulo-preambulo