Art. [preambulo]
En vigor desde 30 mar 2020
I
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus COVID-19 como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), ya que su propagación internacional supone un riesgo para la salud pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada. En su declaración, el Comité de Emergencias instó a los países a estar preparados para contener la enfermedad pues todavía es posible interrumpir la propagación del virus, siempre que se adopten medidas firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento social acordes con el riesgo.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, con fecha de 13 de marzo, tras reunión del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales de Andalucía, se aprueban mediante Orden de la Consejería de Salud y Familias una serie de medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
Con posterioridad se aprueba por el Gobierno de la Nación el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Asimismo, ratifica en virtud de su disposición final primera todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con ese Real Decreto.
Teniendo en cuenta el impacto que esta situación de emergencia produce en la economía, unido al alcance de las medidas decretadas a nivel nacional, ha resultado necesario adoptar con carácter urgente otras medidas que permitieran paliar dicho impacto, aprobándose por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
Posteriormente, el Gobierno de la Nación ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, modificando en su disposición final sexta el artículo 16 sobre contratación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, clarificando el régimen de prestación de garantías en caso de requerirse abonos a cuenta en la contratación de emergencia, por lo que se ha hecho preciso modificar la regulación establecida en dicha materia por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, mediante Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo.
De otra parte, se ha prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, que determina que el mismo se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
Así mismo, mediante Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
Es por ello que, en consonancia con lo anterior y dada la evolución de la situación de emergencia sanitaria, se exige la adopción de nuevas medidas concretas dirigidas a paliar su impacto en la ciudadanía. En este sentido, se establecen medidas dirigidas a atender situaciones de extrema vulnerabilidad social, entre las que se incluyen las relativas a las subvenciones a los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos con planes de compensación educativa para la prestación del servicio de comedor escolar, a la Renta Mínima de Inserción Social, así como otras por las que se agilizan la tramitación de las ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por otra parte, se establecen actuaciones concretas para incentivar la investigación científica sobre el virus SARS-COV-2 y COVID-19, y se flexibilizan de manera temporal determinados aspectos de los cursos de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, al haberse constatado que existen Entidades Locales que no pueden disponer de las personas aspirantes a los Cuerpos de la Policía Local por no haber comenzado el curso de ingreso, en unos casos, o no haber finalizado el mismo, en otros.
Así mismo, la puesta en práctica de las medidas adoptadas en el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, unidas a la evolución de la emergencia sanitaria y del estado de alarma decretado, determinan la necesidad de efectuar modificaciones y precisiones normativas en el citado Decreto-ley tal y como se expone en los apartados siguientes.
De conformidad con lo expuesto, las medidas y modificaciones adoptadas en el presente Decreto-ley se articulan en dos Capítulos, 8 artículos, una disposición derogatoria, dos disposiciones adicionales y seis disposiciones finales.
II
La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, recoge un conjunto de actuaciones que permite que el sistema educativo contribuya a compensar desigualdades y facilite el acceso al mismo al conjunto de la sociedad andaluza en condiciones de igualdad.
Esta Ley es desarrollada por el Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas y en él se prevé, entre las actuaciones para contrarrestar los riesgos de exclusión social y cultural y alcanzar el objetivo de compensación de las necesidades educativas que por desigualdades de partida presenta el alumnado, la implantación de comedores escolares de centros o de zona.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se publica la Orden de 23 de julio de 2018, que aprueba, entre otras, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía sostenidos con fondos públicos con planes de compensación educativa autorizados por la Consejería competente en materia de educación, para facilitar la permanencia en el sistema educativo, mediante la prestación del servicio de comedor escolar para alumnas y alumnos escolarizados en estos centros.
En la situación actual, la suspensión decretada de la actividad educativa presencial en todos los centros docentes, en cualquiera de las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas por otros centros públicos o privados, durante el estado de alarma y consecuentemente del cierre de éstos, y con el objetivo de establecer los instrumentos que aseguren la compensación de las desigualdades en la educación, de forma que se dé cumplimiento efectivo del derecho a la educación consagrado en el artículo 27 de la Constitución Española se hace necesaria la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía de forma inmediata.
A tales efectos, se adoptan en el Capítulo I, en su Sección 1.ª aquellas medidas que permitan adaptar determinadas actuaciones en materia de subvenciones para adecuarlas a la situación excepcional creada por el brote del coronavirus COVID-19.
En este contexto se estima oportuno, con objeto de garantizar el sostenimiento de los comedores de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos con planes de compensación educativa beneficiarios de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, reguladas por la Orden de 23 de julio de 2018, para garantizar la atención al alumnado que se escolariza en estos centros y establecer los instrumentos que aseguren la compensación de las desigualdades en la educación durante el periodo del estado de alarma, flexibilizando las obligaciones y condiciones específicas que se exigen a estos centros en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los mismos, con objeto de asegurar que éstos puedan seguir percibiendo las ayudas aprobadas por la Consejería de Educación y Deporte para el curso 2019/20, sin que la suspensión de la actividad que se ha decretado, ni el hecho de que el servicio de comedor escolar no se preste en el propio centro docente, pueda ser considerada como causa legal de incumplimiento del concepto subvencionable ni de las obligaciones o condiciones específicas de dichas subvenciones.
Las situaciones de vulnerabilidad en la población andaluza se han visto agravadas de inmediato tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La pérdida de puestos de empleo pone en peligro la subsistencia de muchas familias, cuando muchas de ellas aún no habían superado las consecuencias sociales de la anterior crisis, como lo pone de manifiesto la Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, que recoge altas tasas de pobreza y de situaciones de riesgo de exclusión social en Andalucía, sobre todo de pobreza infantil. Personas que demandan la cobertura de necesidades básicas, tanto de alimentación como de otro tipo, concentrándose esta problemática en determinados territorios, en zonas desfavorecidas, caracterizadas por residir en las mismas un importante número de población en situación de pobreza y de riesgo de exclusión social.
III
La actual situación de estado de alarma, declarada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no va a hacer sino, por un lado, agravar la situación de aquellas personas que ya se encontraban en una situación desfavorecida, y por otro acentúa enormemente las dificultades de tramitación de los expedientes de Renta Mínima de Inserción Social.
Nos encontramos ante una situación de crisis sanitaria que desemboca en una de emergencia social, con miles de familias sin recursos regulares que se ven en situación de aislamiento y sin posibilidad alguna de hacer frente a sus necesidades y que, de no tomarse medidas de forma inmediata, puede suponer una mayor quiebra de la cohesión social.
La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (en adelante, RMISA) es una medida de lucha contra la pobreza, en general, y en concreto, contra la pobreza infantil, que ya de por sí presenta hasta la fecha importantes dificultades en su tramitación, lo que ha traído como consecuencia la acumulación de importantes retrasos en la gestión de la prestación, en todas las provincias de Andalucía y, por tanto, una insuficiente cobertura de las situaciones para las que fue concebida.
En la actual situación, esta prestación es uno de los pilares en los que se basan las medidas de atención a las situaciones de necesidad que se van a generar con esta crisis.
Nos encontramos, sin embargo, con un escenario en el que, debido a las limitaciones impuestas por el estado de alarma, la tramitación por vía ordinaria de los expedientes de RMISA, en un volumen acorde a las necesidades de la ciudadanía, es del todo inviable, por lo que resulta imprescindible la adopción de medidas extraordinarias.
El artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía confiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia exclusiva en materia de servicios sociales.
Como consecuencia de todo ello, mediante las medidas previstas en la Sección 2.ª, del Capítulo I del presente Decreto-ley, se aprueban una serie de medidas excepcionales de primera necesidad, tales como la concesión de la RMISA a todas la solicitudes que se encuentren en las situaciones establecidas como urgencia o emergencia social previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en trámite de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley o que se presenten durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como durante las prórrogas del mismo, cumpliendo determinados requisitos; la aprobación de todas las solicitudes de ampliación referidas al mismo periodo en los términos establecidos en el presente Decreto-ley; así como la prórroga automática de aquellas prestaciones cuyo vencimiento se produzca durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma.
Asimismo, dadas las circunstancias excepcionales de funcionamiento de los servicios públicos y en aras de una optimización de los recursos, la notificación de las resoluciones se realizará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Se mantiene, en todo caso, tal como establece el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, la comunicación de las mismas, mediante los medios habituales u otros excepcionales en caso de ser necesario, a los servicios sociales comunitarios y de empleo. Todo ello de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite la publicación de los actos administrativos cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente, como son las que concurren en estos momentos de crisis sanitaria.
IV
De los datos disponibles respecto al patrón de propagación de la infección, el perfil de las poblaciones de riesgo, los factores de susceptibilidad y la mortalidad, entre otros parámetros, surgen numerosas cuestiones y retos que deben ser afrontados en aras de conseguir un diagnóstico más temprano y unos tratamientos más eficaces. Igualmente relevante es el análisis de la respuesta de salud pública, fruto del cual se podrían implementar medidas de mejora de forma urgente.
Por todo ello y dada la situación provocada por el coronavirus COVID-19, resulta necesaria la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía de una forma inmediata, para incentivar la investigación científica sobre el virus SARS-COV-2 y el COVID-19.
En este sentido, las líneas prioritarias de investigación que resulta de mayor urgencia fomentar en la actual situación, deben versar sobre aspectos como: nuevos materiales y sistemas de detección precoz en la población asintomática; estudios genómicos/epidemiológicos de la infección y de los mecanismos de transmisión; caracterización celular y molecular del virus SARS-COV-2 y de su ciclo vital; nuevas terapias de rápida implantación; respuesta inmune, patología y severidad de la infección; inmunoterapia; técnicas de inteligencia artificial aplicadas al análisis y control del virus COVID-19; actuaciones, protocolos y sistemas de organización en gestión logística de emergencias; o Impacto socio-económico del coronavirus.
Según el artículo 54 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de investigación científica y técnica, la competencia exclusiva con relación a los centros y estructuras de investigación de la Junta de Andalucía y a los proyectos financiados por ésta, que incluye el establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento, control y evaluación de los proyectos y la regulación y gestión de las ayudas convocadas y financiadas por la Junta de Andalucía.
Por su parte, el Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, atribuye a esta Consejería la competencia sobre el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica y la transferencia del conocimiento y la tecnología en el Sistema Andaluz del Conocimiento, estableciendo el régimen de incentivos de I+D+i para los agentes de este Sistema, su seguimiento y evaluación, con especial atención a la formación de las personas dedicadas a la investigación, los proyectos de investigación y aplicación del conocimiento, la difusión de la ciencia a la sociedad y de sus resultados al tejido productivo.
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 104/2019, de 12 de febrero, a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, con nivel orgánico de Viceconsejería, le corresponden todas las funciones relacionadas con las políticas en materia de I+D+i.
El presente Decreto-ley, habilita a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, para la concesión de subvenciones para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y del COVID-19, a los Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento.
De manera general, los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, son los principales actores de la investigación en Andalucía, contando con estructuras de investigación y desarrollo consolidadas, así como con las bases y procedimientos básicos para la creación y gestión del nuevo conocimiento. En los Agentes se integran tanto el conjunto de recursos humanos basados en el conocimiento, que ponen en valor el sistema, como los centros e instituciones en los que interactúan. Se trata de que los frutos de su actividad investigadora se traduzcan en un beneficio para el entorno social y económico, en el contexto de emergencia en el que se encuentra la sociedad.
Dado el ámbito específico de actuación que demanda la situación de emergencia actual, son los Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento los que tienen la dimensión conceptual adecuada en el ámbito sanitario para la respuesta que se busca.
V
En otro orden de medidas, al haberse constatado que existen Entidades Locales que no pueden disponer de las personas aspirantes a los Cuerpos de la Policía Local por no haber comenzado el curso de ingreso, en unos casos, o no haber finalizado el mismo, mediante la disposición adicional primera del presente Decreto-ley se adoptan medidas excepcionales en relación con la formación y actividades del alumnado de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 65, reconoce la competencia para el establecimiento de políticas de seguridad públicas de Andalucía en los términos previstos en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, así como la ordenación general y la coordinación supramunicipal de las policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cumplimiento de este mandato constitucional, dispone en su artículo 39 que corresponde a las Comunidades Autónomas el ejercicio de funciones de coordinación de las policías locales en su respectivo ámbito territorial, funciones que comprenden, entre otros extremos, la fijación de criterios de selección, formación, promoción y movilidad, y la creación de escuelas de formación de mandos y de formación básica.
En linea con lo anterior, la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, atribuye a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, entre otras competencias, la formación y perfeccionamiento de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía.
El Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, en su artículo 10, se ocupa de la figura de los funcionarios en prácticas y concreta la referencia genérica que la Ley hace a los cursos que éstos deben superar para ingresar en los Cuerpos de la Policía Local; así, entre otros, serán funcionarios en prácticas los aspirantes a la categoría de policía, mientras realizan el curso de ingreso.
Por tanto y con arreglo a lo expuesto, con la medida prevista en la disposición adicional primera, se flexibilizan de forma temporal determinados aspectos de los cursos de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, para que, entre otras cuestiones, las citadas personas aspirantes se puedan incorporar a sus Ayuntamientos, como personal funcionario en prácticas, de la manera más inmediata posible.
VI
En el sentido que se exponía en los apartados precedentes, el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, supone, entre otras cuestiones, una apuesta decidida por solucionar los problemas de acceso a la liquidez que puedan tener las PYMEs y autónomos como consecuencia de esta crisis sanitaria. Y de entre el amplio conjunto de las medidas adoptadas por la Administración de la Junta de Andalucía, se articula una línea de garantías de créditos concedidos por entidades financieras para circulante en favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos y autónomas andaluces, destinando veinte millones de euros (20.000.000 euros) para dotar un instrumento financiero de garantía con cargo a la línea Andalucía, financiación empresarial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, y sin que la financiación concedida a las empresas destinatarias tenga el carácter de reembolsable, excepto de las cantidades recuperadas.
En la puesta en práctica de la citada medida, se advierte la necesidad de precisar normativamente que en la realización por parte del órgano de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de las funciones que se le atribuyen en el marco del artículo 2 del citado Decreto-ley, ésta actúa como intermediario financiero sometido al Derecho Privado en la aprobación de la inclusión de la transacción subyacente dentro de la cartera de préstamos o créditos avalados y que, en estos casos, lo hace en base a las competencias que se le atribuyen en el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, sin que sea de aplicación lo dispuesto en otras normas legales sobre la atribución de las competencias en función del importe del riesgo que se autoriza o en razón al importe de los pagos que, en su caso, deben realizarse por la ejecución de las garantías; todo ello justifica la procedencia de la modificación que en el presente Decreto-ley se acomete mediante su disposición final primera.
De otra parte no puede olvidarse que las circunstancias extraordinarias que concurren como consecuencia del COVID-19 constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy elevado número de personas afectadas, como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Siendo una obligación primordial de la Administración de la Junta de Andalucía garantizar la prestación de los servicios públicos, en especial los de carácter esencial para la comunidad, y dar una respuesta inmediata en aquellos eventuales casos que puedan producirse en su ámbito y en el de las entidades instrumentales de su sector público, deben adoptarse medidas excepcionales que aseguren dicha prestación.
El artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, especifica que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en sus artículos 4 y 5.
En relación con lo anterior y entre otras medidas, el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, prevé en su Capítulo IV un conjunto de medidas de carácter temporal y urgente dirigidas a asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales mediante el mantenimiento del número adecuado de personas empleadas, o incluso su refuerzo si fuera necesario, para dar respuesta a las necesidades que requieran de una atención continuada.
La evolución de la emergencia sanitaria ha colocado en situación crítica determinados servicios públicos esenciales, que precisan de una atención ineludible e inaplazable, siendo necesario reforzar las medidas que hagan frente a esta situación y aseguren la necesaria presencia de personal en los centros que los prestan.
Ello hace necesario llevar a cabo una serie de actuaciones que no pueden demorarse, a fin de garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos en sectores esenciales que pudieran verse afectados por los efectos de la pandemia, siendo para ello preciso modificar el artículo 13 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, tanto para contemplar fórmulas adicionales de selección de personal funcionario interino y laboral temporal, así como en la agilización del procedimiento de nombramiento o contratación, posponiendo determinados trámites que en esta situación extraordinaria y excepcional pueden llegar a ocasionar retraso en la cobertura inmediata de los puestos de trabajo.
El objeto de dicha modificación es el de la profundización en la determinación de medidas especiales en materia de recursos humanos para la garantía del correcto funcionamiento y continuidad de los servicios esenciales que presta la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, en el contexto de la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Dicha modificación se efectúa al amparo de lo previsto en los artículos 47.2.1.ª y 76 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que atribuye competencias compartidas a la Comunidad Autónoma sobre el régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral, y, respetando el principio de autonomía local, la competencia exclusiva sobre la planificación, organización general, la formación y la acción social de su función pública en todos los sectores materiales de prestación de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma, así como la competencia exclusiva, en materia de personal laboral, sobre la adaptación a las necesidades derivadas de la organización administrativa, todo ello dentro del marco establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.
En otro orden de medidas, se modifican las previstas en el Capítulo V del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo. En dicho Capítulo se establece un procedimiento que permite dar una rápida respuesta a las demandas sociales que la suspensión de la actividad de los centros ha generado y que no pueden ser resueltas a través de los recursos habituales. Para ello se crean una Comisión de Emergencia Social de ámbito provincial que tendrá su sede en las Delegaciones Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social, a nivel autonómico, con sede en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Las Comisiones de Emergencia Social de ámbito provincial recogerán aquellas demandas de la ciudadanía a través de la actual red de servicios sociales, Servicios Sociales Comunitarios y personal de trabajo social de los Centros Hospitalarios.
Las demandas de las personas usuarias serán resueltas con los recursos disponibles en su ámbito de actuación, tanto comunitario como especializado. Para las situaciones de falta de recurso serán derivadas a la Comisión de Emergencia Social de ámbito provincial o a la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social, según corresponda.
La evolución de la pandemia y de la situación de emergencia social que ha provocado, así como la diferente casuística que se está generando por el proceso patológico de infección por el Coronavirus (COVID-19) exige modificar alguna de dichas medidas para ampliar las situaciones de emergencia social, dando cobertura a las necesidades de personas que de otro modo, quedarían desprotegidas.
Entre estas personas también pudieran encontrarse menores cuyos progenitores, tutores o guardadores estén afectados por el COVID-19 y por su estado de salud y hasta su recuperación, no puedan atender a los menores a su cargo, siempre y cuando carezcan de apoyo familiar y social que los pueda atender.
Por último, mediante la citada disposición final primera se incluye también una disposición adicional quinta en el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, por la que se amplían plazos de justificación de las subvenciones concedidas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital de las empresas y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020; así como de las subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. En la actualidad, si bien es cierto que la creación de empleo estable y de calidad sigue siendo el principal reto de la sociedad andaluza, no cabe duda que la crisis ocasionada por el COVID-19 y las consecuentes medidas del estado de alarma van incidir de forma negativa en el empleo, tanto en su mantenimiento como en la creación, lo cual llegará a provocar que las actuaciones susceptibles de ser subvencionadas por la Orden de 5 de junio de 2017, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020, de conformidad con los requisitos de creación y/o mantenimiento de empleo en ella contemplados no puedan ser acometidas, así como que las empresas ahora beneficiarias estén abocadas a la pérdida de las ayudas ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de creación o mantenimiento de empleo.
De igual forma, el fomento de la innovación es una palanca para el desarrollo económico de Andalucía y debe seguir siéndolo en momentos de dificultad económica. La crisis ocasionada por el COVID-19 y las consecuentes medidas del estado de alarma van a incidir de forma negativa en la actividad económica, suponiendo un freno a la actividad empresarial y obligando a las empresas a reasignar, al menos temporalmente, los recursos que asignan a su actividad diaria, destinándolos a resolver problemas derivados de esta emergencia nacional.
Esta situación puede provocar, igualmente, que las actuaciones susceptibles de ser subvencionadas por la citada Orden de 5 de junio de 2017, que contempla una serie de medidas de apoyo financiero para el fomento de la I+D+i en nuestra Comunidad Autónoma, no puedan ser acometidas en los plazos y ritmos inicialmente previstos, provocando que las empresas beneficiarias pudieran perder las ayudas inicialmente concedidas ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones relacionadas con los plazos de ejecución establecidos.
Sin embargo, es necesario evitar que aquellas empresas más comprometidas con la innovación y el desarrollo tecnológico de la región y que dedican recursos para introducir mejoras en los procesos productivos y de servicios para aumentar su competitividad, con el evidente efecto beneficioso que esto tiene para toda la economía andaluza, puedan verse afectadas por estas circunstancias sobrevenidas, corriendo el riesgo de perder la ayuda.
Siendo además conscientes de que, en la actualidad, las ayudas a la empresas afectadas por estas circunstancias les son más necesarias que nunca, que la actividad productiva debe mantenerse, que la creación de empresas, que la realización de las inversiones empresariales y de las actuaciones de I+D+i deben continuar produciéndose a pesar del clima de inestabilidad económica, así como que hay que procurar que los proyectos empresariales acometidos en base a dichas ayudas no se vean abocados al fracaso por razón de la imposibilidad de cumplir los requisitos establecidos respecto a la creación y/o al mantenimiento del empleo, o de los plazos de ejecución respecto de los proyectos empresariales de I+D+i o por la inviabilidad de justificar en la forma debida las actuaciones desarrolladas con las ayudas concedidas, se hace necesario adoptar medidas excepcionales orientadas a la viabilidad económica de las empresas y al aseguramiento del cumplimiento de sus proyectos.
VII
El artículo 47 de la Constitución Española establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y ordena a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. El Estatuto de Autonomía para Andalucía también consagra el derecho a la vivienda como base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios, concretando el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para la efectividad del derecho a la vivienda. En ejecución del mandato estatutario, la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, contiene el conjunto de facultades y deberes que integran este derecho, así como las actuaciones que para hacerlo efectivo corresponden a las Administraciones públicas andaluzas mediante el ejercicio de sus competencias.
El Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, incluye en su artículo 42 el programa de ayudas a personas inquilinas con ingresos no superiores a 2,5 veces el IPREM. Por su parte, el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, define en su Capítulo III el programa de ayuda al alquiler de vivienda, y en su Capítulo IX el programa de ayudas a los jóvenes, incluyendo ayudas específicas para el alquiler. El citado Plan establece en su artículo 5 que corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas del Plan, así como la gestión del abono de las subvenciones.
Mediante la Orden de 17 de octubre de 2018 se aprobaron las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ayudas que fueron convocadas mediante la Orden de 30 de octubre de 2018.
De la mencionada convocatoria de estas ayudas actualmente en tramitación están pendientes de resolver un abundante número de solicitudes. Uno de los escollos que encuentran los tramitadores es el alto porcentaje de las solicitudes que necesitan ser subsanadas, por no haber aportado la documentación necesaria. Por otra parte, al tratarse de un procedimiento en concurrencia no competitiva, es necesario que los requerimientos y notificaciones se efectúen individualmente, circunstancias que provocan un significativo retraso en la tramitación de las ayudas.
En la situación en que nos encontramos, generada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, existen circunstancias que suponen una dificultad añadida a la ya de por sí compleja tramitación del referido programa. Medidas como la recomendación de priorizar el trabajo no presencial, efectuada en la Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, inciden en la forma ordinaria en que se organiza el trabajo en las distintas unidades gestoras, por lo que se exige la adopción de medidas que contrarresten tales mayores dificultades en la gestión para evitar una mayor dilación de los plazos de los procedimientos de concesión de las ayudas, cuando precisamente en estos momentos de crisis son aún más necesarias, teniendo en cuenta las personas de especial vulnerabilidad a las que se dirigen.
Por ello, para agilizar los procedimientos de concesión derivados de dicha convocatoria y favorecer su pronto pago se ha estimado necesario sustituir la notificación individual de los actos administrativos que recaigan en el procedimiento por su publicación, mediante la modificación de las bases reguladoras que se contiene en la disposición final tercera de este decreto-ley.
En virtud de lo argumentado, se estima necesario para agilizar los procedimientos que la notificación de los actos administrativos que recaigan en los mismos se notifique conjuntamente, mediante su publicación en el BOJA y en página Web, dando aviso de esta publicación a las personas interesadas mediante los teléfonos y correos electrónicos expresados en las solicitudes. Todo ello de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite la publicación de los actos administrativos cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente, como son las que concurren en estos momentos de crisis sanitaria.
VIII
La regulación del decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se contempla en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía que establece que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía».
La situación provocada por la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional genera la concurrencia de motivos de salud pública que determinan la necesidad de adoptar las medidas precisas para prevenir y paliar el impacto de la situación generada por la epidemia del COVID-19 en los diversos ámbitos en los que se plantean.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente Decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).
Por todo ello, se considera que concurren los presupuestos necesarios de extraordinaria y urgente necesidad requeridos en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que habilitan para la adopción de estas medidas mediante decreto-ley.
Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen a que el presente instrumento normativo se erija en el instrumento de que dispone este gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situación que requiere de una actuación inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia en el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el decreto-ley no sólo el instrumento más adecuado sino el único que puede garantizar su consecución.
De otra parte, la norma es acorde con el principio de proporcionalidad dado que contiene estrictamente la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, y se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como comunitario.
En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación de decretos-leyes, sin perjuicio de la debida publicidad que se dará al mismo no sólo a través de los boletines oficiales sino también mediante su publicación en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, dando así con ello cumplimiento a la obligación dispuesta en el artículo 13.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, y teniendo en cuenta la propia naturaleza de las medidas adoptadas este decreto-ley no impone carga administrativa alguna adicional, flexibilizando algunas de las ya existentes en orden a la satisfacción del interés público que con ello se pretende.
Debe señalarse también que este decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía.
Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, del Consejero de Educación y Deporte, del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y de la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2020,
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